Los abogados de los militares señalaron que las pruebas presentadas por la fiscalía carecen de legitimidad
Alejandro Arturo Villa | OEM-Informex
Los ocho militares reaprehendidos el jueves pasado por la Fiscalía General de la República(FGR) recibieron auto de formal prisión por parte de la Juez de Control del Segundo Distrito de procesos penales en Toluca, Estado de México, este miércoles por el delito de delincuencia organizada relacionada al caso Ayotzinapa.
Los abogados de los elementos castrenses señalaron que las pruebas presentadas por la fiscalía carecen de legitimidad, dos de ellas consisten en declaraciones de testigos protegidos, que son integrantes del grupo criminal Los Rojos. Aseguraron que a uno de los testigos no lo encuentran y el otro se reportó enfermo para rendir declaración ante la juez.
El jueves pasado, luego de haber obtenido su libertad condicional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuatro de ellos fueron detenidos en las instalaciones del juzgado al acudir a cumplir con sus medidas cautelares, y el resto se entregó más tarde, al enterarse, ese día, que había órdenes de aprehensión en su contra.
Al día siguiente, el juez de control del Juzgado Segundo de Distrito de procesos penales en Toluca, Estado de México, otorgó una prórroga constitucional para los imputados y así su defensa pueda aportar las pruebas necesarias para evitar la vinculación a proceso de los elementos castrenses, informó al El Sol de México Alejandro Robledo.
El defensor señaló entonces que no le habían informado los detalles de la investigación, ya que los agarró por sorpresa al estar en el Ministerio Público firmando las medidas cautelares, los hayan detenido y notificado de las órdenes de aprehensión contra sus defendidos.
El 24 de enero el juez del Segundo de Distrito de Procesos en el Edomex dictó que los militares detenidos en el Campo Militar 1-A, podrían llevar su proceso en libertad a partir del 24 de enero, proceso iniciado por el delito desaparición forzada contra los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Entre las medidas cautelares emitidas por la juez se estipulaba que tendrían que ir a firmar ante ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes; también tenían prohibido acercarse al estado de Guerrero, así cómo alguna de las víctimas o testigos protegidos.
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