“La gobernadora no quería otro Teuchitlán en Baja California”, afirmó la periodista.
Isaac Rosales | Astillero Informa
La determinación de las autoridades de Estados Unidos de retirar la visa a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, estuvo influenciada por la orden que esta giró para detener la excavación de una fosa clandestina en las faldas del cerro Cañón de las Carretas, afirmó Adela Navarro, directora general del semanario ZETA.
Si bien la decisión obedeció en un primer momento a la intención de inhabilitar al círculo cercano de su esposo, Carlos Torres, quien presuntamente está siendo investigado en Estados Unidos por lavado de dinero, “el mismo Departamento de Estado nos comentó que contribuyó a la revocación de la visa de la mandataria el hecho de que, en una reunión de la mesa de seguridad, ella haya frenado la excavación de una fosa clandestina utilizada por algún cártel para desaparecer o enterrar a personas”, dijo en una entrevista para Astillero Informa.
Precisamente, las investigaciones del semanario ZETA sobre esta fosa clandestina coincidieron con el inicio de llamadas intimidatorias en contra de su directora general.
“Lo único que decían era: ‘Dile a Adela Navarro que se cuide’ y colgaban”, manifestó. “El tema en común, tanto el 25 de abril como el 26 de mayo [fechas en que Navarro recibió las amenazas], es lo de las fosas clandestinas”.
El viernes 25 de abril, publicamos un reportaje sobre cómo unos narcomenudistas habían delatado esta zona [el cerro] como un lugar de fosas clandestinas de un cártel. De hecho, dijeron el número de personas que estaban ahí enterradas –cerca de 20–, de quiénes se trataba y por qué las habían enterrado”.
“En ZETA nos pusimos a investigar el tema y nos dimos cuenta de que la fiscalía detuvo la exploración. Al final, encontraron seis cuerpos, pero ya no siguieron explorando más sitios” hasta el pasado 21 de mayo. Ese día, “La portada fue ‘Fiscalía General del Estado oculta información sobre narcofosa’ e inician estas llamadas amenazantes”, detalló.
Por estos acontecimientos, dieron parte al secretario de Seguridad de Baja California, el general Laureano Carrillo. Sin embargo, tras no recibir algún avance de las averiguaciones por parte de la dependencia, avisaron a Artículo 19, una entidad internacional que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información.
“Ellos [Artículo 19] lanzaron una alerta que hizo que el general nos llamara de nueva cuenta y nos dijera que, efectivamente, no había habido avances en la investigación, pero que tenía el propósito de coordinarse con la Fiscalía General del Estado para determinar de qué número y de dónde procedieron estas llamadas”, contó.
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