En enero de este año, la Comisión Anticorrupción del Congreso acordó iniciar juicio político contra el gobernador
David Casas | OEM-Informex
Por “indudable improcedencia”, la controversia constitucional que interpuso el gobernador Samuel García contra un juicio político de la Comisión Anticorrupción del Congreso local fue desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En enero de este año, la Comisión Anticorrupción del Congreso acordó iniciar juicio político contra el gobernador, pero éste promovió un juicio contencioso administrativo, y la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa le concedió la suspensión para efecto de que los legisladores se abstuvieran de dictar una sanción en su contra.
La Comisión Anticorrupción había iniciado el procedimiento debido a que el Ejecutivo no publicó al menos 52 decretos, además de que el gobierno no entregó a tiempo el presupuesto para 2023 y que tenía como plazo el 20 de diciembre de 2022.
Luego, en febrero, el Congreso interpuso una controversia de inconstitucionalidad contra el Tribunal de Justicia Administrativa, la cual fue declarada procedente y fundada, y el Tribunal Superior de Justicia del estado invalidó la suspensión contra la Comisión Anticorrupción.
El ministro Javier Laynez Potisek determinó que la demanda del gobernador de Nuevo León es improcedente, porque las controversias constitucionales dirimen conflictos competenciales entre órganos, poderes o entes, lo que ya es un criterio reiterado del máximo tribunal del país.
Por lo tanto, “no puede plantearse en ella la invalidez de una resolución, pues ello la convertiría en un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, improcedencia que sea extensiva a los actos de ejecución de las sentencias, en tanto su realización encuentra su razón de ser en la propia resolución.
La controversia constitucional que promovió el gobierno estatal buscaba combatir la resolución del Tribunal Superior de Justicia que dejaba sin efectos el Reglamento del Fondo Municipal de 2 mil 500 millones de pesos, y ahora, se obligaría al Estado a entregar los recursos. De esta manera, ya no habría impedimento para que se entreguen los recursos a los municipios estipulados en la Ley de Egresos 2023 y que el gobierno retuvo.
Gobierno no entregará recursos a los municipios
A su vez el gobierno estatal dijo que aún están vigentes diversas suspensiones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa promovidas por los municipios de Santa Catarina y Abasolo, de extracción de Movimiento Ciudadano, por lo que no puede entregar el fondo de 2 mil 500 millones de pesos
“Lo cierto es que aunque se desechó dicho medio de control constitucional, existen diversas resoluciones firmes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa interpuestas por algunos municipios que ordenan no repartir dicho Fondo”, explica el estado en un comunicado.
“Estos juicios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa fueron interpuestos por los municipios de Abasolo y Santa Catarina, dentro de los expedientes 4522/23-06-02-3 y 4524/23-06-01-1, donde se concedió la suspensión para el efecto de no distribuirlo. Por lo que, mientras subsistan suspensiones del TFJA, prevalece la imposibilidad de distribuir dichos recursos”, asegura.
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