Autor: Ricardo Bravo
Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que emitió la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones han dado mucho de qué hablar en estas últimas semanas, creo, con justificada razón. Y es que en la discusión confluyen dos intereses reales de la ciudadanía: por un lado, tener medios de comunicación regulados y que asuman la responsabilidad por el contenido al que nos someten y, por otro, que se garantice la libertad de expresión, derecho pilar de las democracias.
Una postura no ve nada significativo que mejorar y ve mucho que perder con una reforma. Esta postura sostiene que, en general, los medios de comunicación hacen su trabajo como deben: critican al poder como cabría esperarse de ellos. Los Lineamientos Generales propuestos por el gobierno de México, dada la vaguedad de los conceptos que emplean, abren la puerta a la censura gubernamental. Esto en el marco de un gobierno que, argumentan, ya ha mostrado tintes censuradores. En la disputa entre los intereses de los ciudadanos, la propuesta de Lineamientos para la Protección de las Audiencias atenta contra la libertad de expresión y ofrece muy poco para la regulación de los medios de comunicación y la responsabilidad de dichas instituciones.
Otra postura sitúa la balanza del lado contrario. Entienden que los medios están tomados por intereses privados y que es necesario hacer algo para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información fidedigna y verificada. Esta postura entiende a los medios de comunicación como parte de la arena política, los medios son el cuarto poder, un jugador político muy importante, que tiene una gran influencia en la orientación política de las personas. La postura no niega la importancia de la libertad de expresión, pero entiende que la desigualdad de poder le quita legitimidad a ese principio abstracto: solo la voz de unos pocos es escuchada, señalan. La libertad de expresión es una fantasía para la mayoría de las personas y, si existe un riesgo para ese derecho de pocos, se minimiza por los posibles beneficios de unos medios más honestos.
Nótese que, a pesar de que esta segunda postura ha sido defendida históricamente por la izquierda política, ya es una característica del momento actual entre casi todos los candidatos en las disputas electorales. Sí, cargar contra los medios vende. Trump les tira de “sesgados a la izquierda” y de ser corruptos. Bukele, Kast, De la Espriella, Milei tampoco escatiman en elogios ante los compañeros periodistas.
Ofrezco una postura adicional que incorpora características de las otras dos. Primero, esta postura concuerda con la perspicacia de izquierda de los medios de comunicación en México. ¿No hay sesgo de izquierda?
Supongo que no es conceptualmente imposible que un millonario con alma caritativa busque, a través de sus medios de comunicación, transmitir valores de solidaridad, de comunidad y de oposición a la acumulación de riqueza. Sin embargo, en el caso mexicano, y tiendo a pensar que en general, la retórica del sesgo de los medios resulta más convincente desde la izquierda. Los dueños de medios son gente con mucho dinero, con inversiones diversificadas y, por ende, intereses diversos que están dispuestos a proteger.
El caso más claro es el de Ricardo Salinas Pliego. ¿Han visto programas de noticias o publicidad en sus canales desde que se inició la disputa frontal con el gobierno? No puede ser más evidente que en sus medios, la opinión se difunde como noticia y la propaganda se vende como publicidad. Me parece, entonces, innegable que hay un problema por resolver. La pregunta es: ¿cómo le hacemos? Al momento de imaginar posibilidades de cómo atajar este problema, es que creo que vale la pena mirar a la primera postura. Y es que me parece un demerito minimizar las preocupaciones en torno a la libertad de expresión. El problema de la regulación de lo que se dice, de lo que se publica, es quién regula. Este escepticismo no es exclusivo de la regulación de los medios, especialmente cuando existe una desconfianza generalizada hacia el Estado.
¿Quién decide a quién se le otorgan ayudas? ¿Quién decide qué zonas reciben más inversión pública? ¿Quién decide el idioma oficial? Todas las decisiones políticas pueden quedar atrapadas en el vaivén partidario.
Sin embargo, creo que la libertad de expresión tiene un lugar especial. Es la forma en que se hace política; su importancia se deriva de la igualdad política de las personas. Y, limitada o imperfecta como es en México, es importante defenderla y aspirar a que sea mejor; más igualitaria. Es por ese lugar especial, que creo que debemos acercarnos a cualquier propuesta que pueda representar un riesgo para la libertad de expresión, con una estrategia que el filósofo John Rawls llamó maximin. La estrategia maximin consiste en tomar decisiones a partir del peor supuesto posible. En la discusión sobre la regulación, vale preguntarse: ¿cuánto poder quisiera que tuviera alguien con quien estoy en desacuerdo? Porque incluso si se confía en cómo se utilizaría actualmente la nueva herramienta reguladora, no tenemos ninguna certeza de cómo se utilizaría en el futuro. La pregunta se mantiene abierta tras estas precauciones: ¿qué hacemos con los medios y la desigualdad en la influencia política?
Ricardo Bravo
Internacionalista por el Colegio de San Luis, maestro en filosofía política por la Univeridad Pompeu Fabra en Barcelona. Candidato a doctor en teoría política por la Universidad Centroeuropea en Viena. Instagram y Threads: Parteaguas.mex
