La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó el inicio de una mesa de diálogo con colectivos de búsqueda.
Rafael Ramírez | OEM-Informex
Tras el hallazgo, el mes pasado, de un centro de detención clandestino en Teuchitlán, Jalisco, presuntamente operado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó este lunes un acto con el que se formalizó el inicio de una mesa de diálogo con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
En el encuentro, se delineó la estrategia nacional que servirá como base para una nueva agenda en materia de localización, verdad y justicia.
Durante su intervención, la funcionaria aseguró que el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum es claro: atender como prioridad de Estado la desaparición de personas y garantizar justicia a las familias.
“Queremos llegar a acuerdos que nos lleven a buscar la verdad y a terminar con la impunidad en los casos donde se haya cometido algún delito”, afirmó ante familiares de víctimas y representantes de organizaciones.
Rodríguez destacó que el reciente decreto presidencial sobre búsqueda de personas establece como principios fundamentales el derecho a ser encontrado y el derecho de las víctimas a buscar a sus seres queridos. “El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar estos derechos y coordinarse eficazmente entre sus tres órdenes de gobierno y las fiscalías del país”, explicó.
En este contexto, la secretaria presentó diez puntos clave de las reformas legislativas en proceso, entre los que destacan:
- Plataforma Única de Identidad, que integrará la CURP con datos biométricos desde la niñez.
- Alerta Nacional de Búsqueda, un mecanismo de activación inmediata ante la desaparición de una persona.
- Base Nacional de Carpetas de Investigación, actualizada en tiempo real por las fiscalías.
- Participación de particulares como funerarias, hospitales y laboratorios en el acceso a datos para identificación.
- Inicio inmediato de investigaciones y sanciones a autoridades que retrasen información.
- Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y obligación de alimentarlo con información diversa.
- Sanciones más severas, con penas de hasta 50 años de prisión por desaparición forzada o cometida por particulares.
La secretaria subrayó que estas medidas buscan reforzar la institucionalidad, garantizar justicia y dignificar a las víctimas. “El gobierno reconoce su derecho a participar activamente en las acciones de búsqueda y garantiza su acceso a la información”, puntualizó.
Finalmente, reiteró el compromiso del gobierno federal de mantener el diálogo abierto, actuar con sensibilidad y trabajar de la mano con los colectivos: “Las víctimas son el centro en todas las etapas para alcanzar justicia y erradicar la impunidad”.
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