El gobierno de Clara Brugada publicó la derogación del Artículo 291 Bis del Código Fiscal de la CDMX, cancelando el programa de adopción de áreas verdes y detonando el desempleo masivo de trabajadores.
El gobierno de la morenista Clara Brugada derogó el pasado 27 de diciembre el Artículo 291 Bis del Código Fiscal de la Ciudad de México, el cual permitía el pago del impuesto predial a través de labores de mejoramiento, mantenimiento y reconstrucción de áreas verdes de la capital del país.
Tras la publicación de la Gaceta Oficial, el esquema que permitían atender más de 1.8 millones de metros cuadrados fueron suspendidos, lo que derivó en el recorte de personal por parte de diversas compañías dedicadas al paisajismo y mantenimiento de áreas verdes.
Por tal motivo, trabajadores de compañías como Huatan, la principal afectada al estar a cargo del mantenimiento de la mayoría de las áreas verdes de la CDMX, se manifestaron el pasado lunes. Desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, los manifestantes exigieron a diversas instancias gubernamentales como la Secretaría de Finanzas a cargo de Juan Pablo de Botton, la reinstalación de los incentivos fiscales o una alternativa para la recuperación de sus empleos.
El programa aplicado bajo el Artículo 291 Bis del Código Fiscal capitalino establecía que contribuyentes que apoyaran a enfrentar desafíos ambientales y urbanos mediante obras de mantenimiento, reconstrucción de banquetas, zonas peatonales y áreas verdes, recibían incentivos fiscales tras cumplir una serie de lineamientos ante las autoridades de gobierno.
El plan incentivaba la corresponsabilidad entre la ciudadanía y las autoridades, además de representar una fuente de ingresos para miles de familias con la creación de más de 3 mil empleos en áreas como jardinería, rehabilitación, mantenimiento y gestión ambiental.
La eliminación de estos estímulos podría generar afectaciones en materia de infraestructura hídrica y un aumento en las zonas públicas sin mantenimiento, incrementando la inequidad en el acceso de espacios públicos de calidad y desincentivando el apoyo ciudadano hasta un futuro más sustentable para la Ciudad de México, de acuerdo con expertos en el tema.
Hasta el momento, y pese a la manifestación realizada en algunas de las vías principales de la capital del país, las autoridades no se han pronunciado al respecto ni han anunciado algún plan para atender estos temas prioritarios para impulsar la sostenibilidad en la ciudad.
Derogación, un riesgo para la ciudad
El programa se puso en marcha desde el año 2018 y ha ayudado con la colocación de vegetación de bajo consumo de agua en la vía pública que se pueda adaptar al clima local y mejorar la funcionalidad de espacios urbanos.
Este estímulo fiscal también permitió el mantenimiento de camellones, banquetas, rampas para personas con discapacidad y cruces seguros, promoviendo la accesibilidad universal y priorizando al peatón.
A una semana de la movilización, el gobierno capitalino no ha dado a conocer públicamente si el beneficio fiscal será restituido o si habrá alguna alternativa que garantice el empleo de las personas afectadas y cómo se dará mantenimiento a estas áreas, sobre todo en época de estiaje donde el riego es fundamental para mantenerlas.
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