Esta semana, en la mesa de abogados de Momentum, analizamos dos temas. La audiencia del caso González Méndez vs México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la reactivación de órdenes de aprehensión en contra de militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas durante la Noche de Iguala de 2014. El nexo entrambos temas era el Ejército Mexicano.
En González Méndez vs México el Informe de Fondo 62/19, de fecha 4 de mayo de 2019, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó –al analizar el contexto general sobre la situación en Chiapas y la acción de grupos paramilitares en la zona– que “la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) elaboró el ‘Plan Campaña Chiapas 1994’ con el objetivo de ‘destruir y/o desorganizar la estructura política militar del EZLN’. Ese documento sentó las bases del paramilitarismo en Chiapas, pues ordenó directamente utilizar a la población civil para contribuir en las actividades del Ejército mexicano. De esta forma, los Servicios de Inteligencia Militar debían ‘organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil; entre otros a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes ser[ían] empleados en apoyo de … operaciones’” militares. (Párrafo 23 del informe, ver Liga 1.)
Entre los agentes operativos de inteligencia militar en el Chiapas de hace un cuarto de siglo, se encontraba el entonces coronel de infantería Leopoldo Díaz Pérez. Ya lo he mencionado en este espacio (Liga 2), cuando referí su trabajo apoyando al grupo paramilitar Paz y Justicia en la Región Chol (precisamente adonde vivía el aún desaparecido Antonio González Méndez). Pero hoy quiero resaltar que Díaz Pérez llegó a general y que para 2011 era el comandante de la 24ª Zona Militar (Cuernavaca) cuando militares de esa jurisdicción detuvieron, torturaron, mataron y enterraron clandestinamente a Jethro Ramsés Sánchez Santana. (Liga 3.) A raíz de este último caso el general Díaz Pérez fue removido de su comando y para 2013 sometido a proceso penal. (Liga 4.) Poco más se había sabido del general. El 16 de octubre de 2020, siete años más tarde del inicio de su juicio, Guillermo Cinta reportaba en La Crónica de Morelos que Díaz Pérez estaba “confinado en un escritorio burocrático en el Campo Militar Uno de CDMX debido a su responsabilidad en las torturas y homicidio del joven Jethro”. Cinta agrega que el general “fue detenido y procesado penalmente, en el fuero común de Morelos, por el asesinato de Jethro Ramsés Sánchez Santana, pero su caso fue absorbido por la Sedena bajo el fuero militar, siendo confinado en algún punto del Campo Marte, en Ciudad de México”. (Liga 5.)
Una búsqueda en internet nos muestra que hoy en día el general Díaz Pérez ya no está confinado en un escritorio –o que desde el mismo escribe una columna para Índice Político, un medio dirigido por Francisco Rodríguez. La última columna del militar (¿o exmilitar? ¿se puede dejar de ser militar?) data del 19 de abril de 2023 y se titula “Populismo ‘Made in USA’?” (Liga 6). Trata de las ligas de cuatro presidentes mexicanos (de López Mateos a López Portillo) con la CIA.
No es la primera vez que un alto mando militar implicado en graves violaciones de derechos humanos desaparece de los reflectores y queda bendecido con el olvido de ciudadanía y medios. Te comento, lectora, un caso más antiguo (y ominoso).
En 1975, Francisco Arellano Noblecía, graduado del Heroico Colegio Militar y de la Escuela Superior de Guerra, era teniente coronel. Estaba de comisión como comandante de la policía judicial de Sonora. En esta última calidad dirigió un operativo que terminó en una masacre de campesinos en San Ignacio Río Muerto. En su libro Biebrich: Crónica de una infamia (EDAMEX, 1978), Jesús Blancornelas afirmó que el gobernador Biebrich había ordenado no responder violentamente aunque hubiese provocaciones de parte de los campesinos que protestaban. Arellano Noblecía no obedeció a su mando civil, sino al general comandante de la 4ª Zona Militar (Hermosillo), Juan Belmonte Aguilar, quien le habría transmitido instrucciones directas del general secretario de la Defensa Nacional (Hermenegildo Cuenca Díaz).
El escándalo producido por la masacre llevó a la renuncia del gobernador Biebrich. Siempre de acuerdo con Blancornelas, apenas dos días después del incidente en Río Muerto, Arellano Noblecía fue adscrito al Estado Mayor Presidencial –adonde continuó durante el sexenio de López Portillo (1976-1982). Luego recibió varios comandos en el arma de caballería y en el sistema de Justicia Militar, en el cual le tocó atender parte del injusto caso en contra del general Francisco Gallardo. Juan Veledíaz confirmó todo lo anterior en un reportaje para Milenio el 12 de febrero de 2000 titulado “Un general de larga historia” (p.7). ¿Por qué el título? Porque ese año Arellano había vuelto a ser noticia. Era el comandante de las fuerzas federales de apoyo de la Policía Federal Preventiva (PFP). En esa calidad había dirigido el operativo de ocupación de la Ciudad Universitaria de la UNAM, el 6 de febrero de 2000.
El general Arellano seguía activo el 2 de abril de 2022, cuando Eje Central, el portal de Raymundo Riva Palacio, reportó que “en la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República sigue como titular Jesús Gallo, al menos en apariencia, porque quien realmente opera y decide qué se hace y qué no, es el general Francisco Arellano Noblecía, alguien de la confianza del fiscal Alejandro Gertz Manero, pero quien ha sido cuestionado por su trabajo y con una denuncia penal en su contra en la FGR por presunta responsabilidad en la masacre de 25 campesinos en Sonora en 1975, quizá por eso no le han dado la titularidad de manera formal.” (Liga 7.)
Recordemos, lectora, que Riva Palacio es uno de los voceros de las fuerzas armadas en la prensa nacional. Así que no echemos en saco roto que incluso Eje Central rememore las andanzas represoras del general Arellano.
Pareciera que los generales Arellano Noblecía y Díaz Pérez gozan de impunidad. Aquél por los campesinos asesinados en 1975, éste por las muertes, heridas, desapariciones forzadas y desplazamientos causados por la contrainsurgencia en Chiapas luego de la Rebelión de 1994.
La impunidad es lo que une estos casos con la oscura Noche de Iguala de 2014. En este caso hay novedades. Veamos qué nos dice la vocería de las fuerzas armadas: El pasado 20 de junio de 2023, en su columna “Estrictamente Personal” de El Financiero, Riva Palacio aseguró que la designación de Luisa María Alcalde Luján como secretaria de Gobernación no era una victoria del Ejército, porque al mismo tiempo que Alcalde parecía cerrar el paso a Alejandro Encinas en Bucareli, el presidente López Obrador “autorizó lo inaudito: reactivar 17 órdenes de aprehensión contra militares de diferente rango y un civil, que habían sido desechadas por una jueza. La solicitud fue hecha el 13 de junio pasado”. (Liga 8.) Ya regresaré a esto de las órdenes de aprehensión “desechadas”… un adelanto: Riva Palacio miente.
La jueza segunda de distrito en Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, acaba de sujetar a proceso penal a ocho de esos militares. (Liga 9.) Todos pertenecen al 27º Batallón de Infantería (Iguala). Quien era su comandante, el entonces coronel y hoy general José Rodríguez Pérez también está sometido a proceso. A todos se les ha dictado prisión preventiva. Problema: pese a que los procesos penales son de carácter civil, todos estos militares están recluidos en prisiones del Ejército, en el Campo Militar No.1. Una pésima señal para la sociedad civil. ¿No deberíamos movilizarnos para que se les traslade –con todas las garantía debidas– a una prisión civil?
Pero el lugar adonde se lleva la prisión preventiva es peccata minuta, lectora. Supongo que el general Rodríguez Pérez y sus subordinados en la oscura noche de Iguala esperan de la ciudadanía (y de la prensa) lo mismo que de facto les hemos regalado a los generales Arellano Noblecía y Díaz Pérez: el olvido de sus acciones.
No deberíamos concedérselos. Por eso he repasado los tres casos. Porque un día sí, y el otro también, Todomundo denunciamos la militarización, pero luego olvidamos dar seguimiento serio a los asuntos.
El ingrediente esencial de la impunidad es nuestro olvido. A quienes han manchado el honor militar violando los derechos humanos de sus conciudadanas y conciudadanos no debemos permitirles escurrirse entre las sombras.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://summa.cejil.org/es/entity/kptursim1f?page=2
Liga 2:
https://julioastillero.com/mi-alma-es-verde-autor-federico-anaya-gallardo/
Liga 3:
https://vanguardia.com.mx/generaldelejercitoestariaimplicadoencasojethroramses-1059962.html
Liga 4:
https://wradio.com.mx/radio/2013/11/29/nacional/1385738340_027459.html
Liga 6:
https://indicepolitico.com/populismo-made-in-the-usa/
Liga 7:
https://www.ejecentral.com.mx/operadores-fgr/
Liga 9:
https://www.jornada.com.mx/2023/06/27/politica/008n1pol
