Llevamos mucho tiempo centrando nuestros análisis políticos en figuras específicas de la política; no sólo en México sino en el mundo entero. Al mismo tiempo, aún en las democracias más avanzadas, quien llega al poder marca notablemente el rumbo de cada país, sin importar lo sólidas que sean las instituciones y la cultura política misma. Por supuesto, hay diferencias, y el riesgo que corremos las democracias menos institucionalizadas es mayor de aquellas con larga tradición.
Hemos pensado siempre que el riesgo se encuentra en países menos occidentalizados, que ahí es más probable un revés democrático, dado que esa forma de gobierno les ha sido menos natural; de hecho, un tanto impuesta. Pero los últimos años y los reacomodos de las fuerzas políticas en las democracias occidentales nos han dado una dura lección: nuestros regímenes democráticos están siempre amenazados. Sólo que esta vez, no por poderes externos.
Normalmente notamos los riesgos cuando es demasiado tarde o el ataque es frontal, como lo sería un régimen que disminuye libertades. Pero la realidad es que no siempre será un Trump que restrinja libertades como la libertad de expresión, que niegue los avances de la ciencia en temas ambientales o que desestime el discurso de derechos humanos y dé paso al racismo contenido de su gente; no siempre será un Ortega reprimiendo estudiantes y profesores o un Maduro con una plena dictadura instalada. Lo terrible es que nos puede estar pasando como la rana que hierven al calentar poco a poco el agua para que no sienta el cambio brusco y salte.
Muchas veces, los ataques a la democracia serán más sutiles, insospechados, dado que los sectores sociales que más los padecen son aquellos con menor acceso a la arena pública. La violencia, la pobreza, la corrupción, la descomposición del tejido social, la pobreza, la desigualdad y la injusticia social estarán siempre al centro de los peores ataques a las sociedades.
Vivir en sociedad es uno de nuestros mayores logros, y la forma de gobernarnos será siempre nuestra prioridad número uno ya que de ella depende todo lo demás. En cada época encontraremos retos para nuestras formas de vida, para la estabilidad de nuestras sociedades y para mantener una cierta paz. Hoy, me resulta impensable no poner al centro de nuestras discusiones la gran amenaza que representa la desigualdad social en México, la rampante corrupción y creciente impunidad.
¿Cómo gobernar un Estado en donde se mata casi con total impunidad, donde la corrupción no se castiga y donde los platos rotos los pagan los sectores más vulnerables? ¿Cómo construir un México en paz si no podemos garantizar derechos básicos a la mayoría de la población?
En este marco, por ejemplo, me sigue pareciendo grosera la discusión sobre los sueldos de los altos funcionarios. Si no podemos entender lo terrible que significa ser una de las economías más grandes del mundo y tener a un 50 por ciento aproximadamente de la población viviendo en pobreza, me parece que será difícil encontrar el camino para un diálogo serio en donde avancemos como país.
Porque no, defender privilegios no es defender derechos. Debemos empezar a reconocer que no vivimos en una meritocracia sino en una sociedad que premia el apellido, el tono de piel claro, a un género más que otro, entre tantas subjetividades más.
Empecemos a abrir la discusión y caigamos en cuenta que no es que el cambio no esté en uno, se requieren medidas desde el aparato de gobierno que nos permitan atender las desviaciones económicas, sociales, y hasta culturales. Desviaciones de lo que debe ser nuestro objetivo: construir una sociedad más justa.
