El pasado 4 de octubre, tuve conocimiento a partir de la remisión de la nota publicada por el medio Distrito 4 Noticias, de San Luis Potosí, respecto a la información compartida por Milenio, en la que se hacía referencia a un informe obtenido a través de la filtración del grupo de hacktivistas Guacamayas, precisando “que dentro de los documentos destaca un seguimiento a mujeres activistas a quienes considera como grupos subversivos que se manifestaron el pasado 8 de Marzo mismos que considera contrarios al Gobierno Federal, entre los que destacan funcionarias, defensoras de Derechos Humanos y Académicas.” (https://distrito4noticias.com.mx/2022/10/04/sedena-espiaba-a-feministas-en-slp-previo-a-el-8m/).
Posteriormente, en el transcurso de unas horas, colegas defensoras y periodistas me remitieron íntegramente el informe signado por integrantes de la Doceava Zona Militar, con sede en la Ciudad de San Luis Potosí, y bajo el número de Oficio GAOI/0687, con fecha de 6 de marzo de 2022, mismo que con el apoyo del periodista Alberto Escorcia, hemos podido autenticar que forma parte de los documentos que fueron hackeados a la Sedena.
Dicho oficio, corresponde a la elaboración de un informe en el que se realizan una serie de apuntes que se catalogan como de “prioridad urgente”, en vísperas de las movilizaciones generadas en el marco del 8 de marzo de 2022. En dicho informe, se da cuenta de datos obtenidos a través del monitoreo de redes sociales que se atribuyen al menos a dos instancias: la Policía Cibernética, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y, de la Unidad de Análisis Estratégico, que presumimos se refiere a la que pertenece a la Fiscalía General del Estado. De la primera, la Policía Cibernética, se precisa que “monitorea en redes la actividad respecto a las movilizaciones”; y, por lo que hace a la segunda, la Unidad de Análisis Estratégico, se hace referencia a que sus actividades se enfocan en “recabar información de protagonistas” y obtener “evidencia fotográfica y videos”.
Además de los datos referidos en líneas que anteceden, el informe incorpora una serie de rubros sobre dirigentes, número de integrantes, poder de convocatoria, activismo, demandas, organizaciones simpatizantes, financiamiento, actos realizados, actividades programadas, capacidad de las fuerzas de seguridad, análisis de prospectiva con relación a la afectación de gobernabilidad, planes de acción y coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Llama especialmente la atención, el hecho de cómo se construye la información, sin fuentes que permitan arribar de manera clara y precisa a conclusiones que se vierten como las aseveraciones que contiene el documento, pues como lo hemos referido, los dos mecanismos aludidos para recabar información se hacen a través de instancias que monitorean redes sociales, sin que se precisen de otras fuentes de información más que la referencia hecha que pudiera dar cuenta de una posible intervención telefónica al aludir que las comunicaciones se realizan, además de las redes sociales, en plataformas de comunicación como whatsapp, telegram y signal. Este apunte es relevante, pues en la información se señala como dirigentes a mujeres que, a la fecha de elaboración del oficio, no pertenecían o jamás pertenecieron a las organizaciones a las que se les vincula o ya no se encontraban con vida.
Hablaré de forma específica de mi caso, a quien la Sedena precisa de señalarme como dirigente de la colectiva feminista universitaria, organización de mujeres estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, denominada Feministas Universitarias Zona Oriente, aseveración por demás falsa, pues si bien he sido trabajadora de dicha institución desde hace más de diez años, dedicándome a la labor docente y de investigación, jamás he participado de la organización de las mujeres estudiantes, de las que cabe precisar el informe da cuenta de una de las muchas colectivas que se han organizado al interior de nuestro espacio educativo. Más aún, si su investigación fuera adecuada y con metodologías rigurosas, fácilmente hubiesen podido ubicar que desde hace años milito, abierta y públicamente, en la Federación Mexicana de Universitarias, Capítulo San Luis (https://femumex.org/portal/san-luis-potosi/), espacio que aglutina a académicas e investigadoras de todo el país y de diversas instituciones educativas; y de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género en el Estado de San Luis Potosí, desde el que hemos hecho incidencia con relación a las demandas por que el Estado garantice nuestro derecho a una vida libre de violencia.
La ligereza a través de la que se construye la información, preocupa no solo por el caso concreto que ahora amerita estás líneas, sino que desde inferencias ausentes de rigurosidad, se da cuenta del despliegue de fuerzas por parte del Estado, para consignar sobre quienes decide nombrar como dirigentes, la organización de un movimiento amplio y plural que no obedece a lógicas reduccionistas y que vierte, sobre los nombres de quienes aparecemos, la criminalización de nuestro derecho humano inalienable a defender derechos humanos de las mujeres.
Habría que recordarle a la Sedena, que el derecho a defender derechos humanos, le implica a todo Estado democrático, la obligación no sólo de respetarlo sino, primordialmente, el de garantizar su ejercicio. Dicho ejercicio se realiza de manera individual y colectiva, y encarna, en el caso de las mujeres, un riesgo latente ante el contexto generalizado de violencia que ha cobrado la vida de muchas de nosotras por el simple hecho de ser mujeres. El derecho a defender derechos humanos de las mujeres, es un derecho reconocido en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, cuyo ejercicio implica la búsqueda de cambios positivos en la vida de las mujeres y cuyas demandas jamás debiesen de ser objeto de criminalización o del uso de aparatos del Estado, como las instancias que debieran investigar hechos de tal relevancia como la difusión ilícita de imágenes de contenido sexual (Policía Cibernética), que tan grave perjuicio ha traído a la vida de muchas mujeres, o al uso de la inteligencia de búsqueda criminal (como la Unidad de Análisis Estratégico), en la criminalización de las mujeres que libremente nos organizamos para luchar por nuestros derechos.
Por: Urenda Navarro
Twitter @UryQuely
