Defensa de Brenda Quevedo busca la absolución plena por el caso Wallace (nota de Juan Carlos Rodríguez en OEM-Informex)

Tras dictarle libertad condicional, después de casi 20 años sin sentencia, los abogados de Brenda Quevedo buscarán que la FGR desista de la acusación y que un juez la declare inocente.

Juan Carlos Rodríguez | OEM-Informex

La Red en Defensa de Brenda Quevedo Cruz anunció que, después de que un juez federal determinó que la inculpada por el caso Wallace puede seguir su proceso en libertad, los pasos a seguir son solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que se desista de la denuncia, promover una declaración de inocencia por parte del juzgado que lleva el asunto y solicitar el sobreseimiento del caso.

En conferencia de prensa realizada este lunes en las instalaciones del restaurante TierrAdentro, de la colonia Juárez, en la Ciudad de México, el abogado Alan Piñón González dijo que “Brenda Quevedo debe ser declarada inocente”, al referir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas han acreditado que los testimonios que la inculpan fueron obtenidos bajo tortura.

“Estar aquí, sin las restricciones de la prisión domiciliaria, es un sueño hecho realidad, después de una pesadilla que duró casi 20 años”, dijo Brenda Quevedo, quien el pasado viernes recibió la autorización de un juez para ya no estar recluida en su domicilio, no portar el localizador electrónico que le fue colocado hace dos años y ya no contar con la vigilancia de elementos de la Guardia Nacional que estaban apostados afuera de su casa.

¿Qué es el caso Wallace?

El caso Wallace se refiere a la supuesta desaparición y secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrida en julio de 2005 en la Ciudad de México. Su madre, Isabel Miranda Torres, sostuvo que su hijo había sido secuestrado y encabezó una intensa campaña pública para identificar y detener a los presuntos responsables.

El caso adquirió enorme notoriedad por la difusión de fotografías, anuncios espectaculares y reconstrucciones de los hechos, así como por la participación de la hoy fallecida Miranda de Wallace en organizaciones contra el secuestro.

A partir de la investigación fueron detenidas varias personas, entre ellas Brenda Quevedo Cruz, acusadas de participar en el supuesto secuestro y homicidio de Wallace.

Sin embargo, con el paso de los años surgieron graves cuestionamientos sobre la investigación: los acusados denunciaron tortura, fabricación de pruebas y presiones para obtener confesiones. Uno de los elementos centrales del expediente —la supuesta evidencia de que Wallace fue asesinado y su cuerpo desmembrado— también fue objeto de controversia, pues nunca se localizaron sus restos.

El caso se prolongó durante casi dos décadas y se convirtió en uno de los ejemplos más controvertidos de la actuación de las autoridades en investigaciones de secuestro. Organizaciones de derechos humanos, periodistas y abogados han documentado presuntas irregularidades en las detenciones y en la obtención de declaraciones.

“Hemos logrado arrancarle otra mujer al sistema de injusticia en México”, dijo el escritor Ricardo Raphael, autor del libro “Fabricación”, obra que documenta el montaje en que derivó el caso Wallace, y quien estuvo presente en la conferencia de prensa.

“Desde hace al menos 20 años, estamos inmersos es un aparato de justicia al que le urge fabricar culpables para que los verdaderos responsables de los delitos en el país sigan libres”, expuso Raphael.

A partir de la resolución del viernes pasado, la defensa de Brenda Quevedo adelantó que luchará por la absolución plena. De momento, la procesada tiene la obligación de acudir ante las autoridades judiciales cada cuatro meses para demostrar que sigue localizable y solo puede abandonar el país con autorización de un juez.

Tanto Brenda como sus abogados reconocieron que la presidenta Claudia Sheinbaum cumplió con los compromisos ofrecidos el pasado 16 de julio durante su conferencia mañanera, en la que instruyó a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Gobernación analizar el caso; facilitar un encuentro con la fiscal general Ernestina Godoy y solicitar la intervención de los órganos judiciales de disciplina para analizar el actuar de los jueces.

Brenda Quevedo admitió que siente temor de posibles represalias de la parte demandante, pero dijo que “vivir con miedo no es vivir”, por lo que su plan es permanecer en el país y, una vez que se dicte su absolución plena, dedicar su vida a la defensa de los derechos humanos de las mujeres que están encarceladas de manera injusta.

“El viernes pasado comencé a crecer de nuevo en la justicia”, expresó Brenda, quien sufrió tortura y abuso sexual en los penales federales donde estuvo presa por más de 15 años. Pese a todo, agregó, “amo a mi país, es excepcional y no lo cambiaría por nada”.

Entre sus planes en el corto plazo, Brenda dijo que buscará empleo para procurar la salud de sus padres (el pasado 17 de julio su papá sufrió una embolia), además de que comenzará a escribir un libro sobre sus vivencias en la cárcel y sus reflexiones sobre el torbellino judicial en el que se vio envuelta.

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