¿Cómo funciona SAVE, el polémico sistema que verifica la ciudadanía de votantes en EUA? (nota de Axel Olivares en NotiPress)

Axel Olivares | NotiPress
La Corte Suprema de Estados Unidos reactivó este 25 de septiembre el uso ampliado de SAVE, una base federal que permite comprobar el estatus migratorio y la ciudadanía de personas registradas para votar. La decisión vuelve a poner bajo la lupa un mecanismo defendido como herramienta contra el voto de no ciudadanos y cuestionado por el riesgo de excluir a electores legalmente habilitados.
Los magistrados aceptaron una petición del Departamento de Justicia para bloquear una orden judicial que impedía utilizar números de Seguro Social y otros datos en verificaciones de los padrones. El Gobierno de Donald Trump incorporó este intercambio de información entre las medidas impulsadas de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
De una consulta individual al cruce masivo de registros
SAVE, sigla de Systematic Alien Verification for Entitlements (Verificación sistemática de la situación migratoria para determinar la elegibilidad a beneficios), era utilizado para comprobar ciudadanía y estatus migratorio. En 2025, el Departamento de Seguridad Nacional rediseñó la herramienta para permitir consultas simultáneas de múltiples registros y búsquedas mediante números de Seguro Social.
En junio de 2026, la jueza federal del Distrito de Columbia, Sparkle Sooknanan, bloqueó el uso del sistema SAVE actualizado. En su fallo sostuvo que había sido desarrollado de manera improvisada y que contenía información poco fiable sobre ciudadanía. “En definitiva, el Gobierno federal ha vulnerado deliberadamente los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto (…) Este tribunal no puede permanecer impasible mientras eso sucede”, escribió.
La Administración intentó revertir esa decisión en una instancia superior. Sin embargo, el 4 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó, por dos votos contra uno, suspender el fallo de Sooknanan. Ese revés llevó al Gobierno a acudir a la Corte Suprema.
Ante el alto tribunal, los abogados del Departamento de Justicia calificaron la orden de la jueza de “indefendible” y sostuvieron que “amenaza la integridad” de las elecciones de mitad de mandato. Finalmente, el 25 de septiembre, la Corte Suprema accedió a la petición del Gobierno y bloqueó la orden de Sooknanan, lo que permitió reactivar el uso ampliado de SAVE mientras continúa la disputa judicial.
El problema de los falsos positivos
La controversia no se limita al acceso a datos personales. Organizaciones que demandaron para frenar el nuevo SAVE sostienen que información migratoria desactualizada puede identificar como extranjeros a inmigrantes que posteriormente obtuvieron la ciudadanía estadounidense.
No existe una tasa general de error conocida públicamente para el sistema modificado. Sin embargo, grupos de defensa como League of Women Voters y Electronic Privacy Information Center (EPIC) citaron el caso del condado de Travis, Texas, donde un funcionario electoral afirmó que 25% de las coincidencias que señalaban posibles no ciudadanos correspondían a personas que ya habían acreditado su ciudadanía.
También mencionaron reportes que situaron en al menos 81% las respuestas erróneas en el condado de St. Louis, Misuri. Texas, que intervino en apoyo de la Administración, rechaza que SAVE sea poco fiable. En cambio, Texas Civil Rights Project (TCRP) señala que el sistema depende de información desfasada. Muchas personas que obtuvieron su licencia de conducir o identificación estatal cuando aún eran residentes permanentes se han naturalizado como ciudadanos estadounidenses desde entonces. El sistema automatizado suele ignorar estas actualizaciones y los clasifica erróneamente como “posibles no ciudadanos”.
La dimensión del fenómeno que el sistema pretende combatir también alimenta la disputa. Un análisis de 2024 del American Immigration Council, elaborado con datos de la Heritage Foundation, encontró “solo 68 casos comprobados de voto de no ciudadanos desde el año 2000, lo que representa menos del 0,0001 % del total de votos“. La base de Heritage sumó posteriormente otros 21 casos.
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