El presidente López Obrador ha dicho en diversas ocasiones que el país no se está militarizando, que eso es golpeteo de sus adversarios los conservadores. No obstante, hay tres cuestiones que hay que desglosar y examinar en torno al tema de las fuerzas armadas realizando funciones de seguridad pública. Dos de estas cuestiones se generaron apenas el jueves pasado.
Primera cuestión:
La reforma constitucional a un artículo transitorio que extiende la presencia de los militares en actividades de seguridad pública y ciudadana hasta 2028. El Congreso aprobó el pasado jueves 13 de octubre esta reforma con el voto de los legisladores de Morena, PT, Verde, PRI y PRD. Solo PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra. La reforma irá ahora a los congresos estatales y si más de la mitad de ellos aprueba, lo cual es de esperarse –Morena controla por lo menos veinte, veintidós o hasta veintitrés congresos–, se convertirá en letra de la constitución y no habrá forma de controvertirla ni de impedir que soldados y marinos participen en funciones de seguridad pública hasta 2028. La reforma establece que se creará un fondo para fortalecer a las policías estales y municipales, pues se espera –yo diría ilusamente– que en 2028 ya no sea necesario que las fuerzas armadas participen como policías; y también establece que se formará una comisión bicameral para analizar cada seis meses la actuación del ejército y la marina (aunque hay que decir, a juzgar por la actitud del general secretario Sandoval, que esto de ser analizado no le tiene muy contento que digamos).
Segunda cuestión:
La modificación que hizo el Congreso a diversas leyes ordinarias, cuyo efecto es pasar la Guardia Nacional a control de la Secretaría de la Defensa. Se modificaron la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. Es en este asunto donde el presidente López Obrador acaba de recibir, como se dice en el argot de los litigantes, un tremendo palo. La jueza federal Karla Macías Lovera concedió, también el pasado jueves 13 de octubre, un amparo que impide provisionalmente que se transfiera el control operativo y presupuestario de la Guardia Nacional a la Defensa. Desde mi punto de vista, la inconstitucionalidad del decreto que reformó todas esas disposiciones legales es muy clara. Pasar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa es manifiestamente anticonstitucional toda vez que el artículo 21 señala el carácter civil de esa institución policial y ordena que deberá estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Así que no hay forma de subsanar estos defectos constitucionales. La transferencia de la Guardia Nacional a Sedena quedará suspendida. El asunto podría llegar hasta la Suprema Corte, pero no veo cómo pudieran los ministros convalidar esta transferencia tan abiertamente ilegal. La única forma sería que el constituyente permanente reformara la Constitución, lo cual parece ahora factible, pues ya vimos que la llamada “moratoria constitucional” que decretó con tanta pompa y arrogancia la oposición, fue una verdadera payasada. Es más fácil quebrar al PRI que a una suavicrema, y no lo digo solo metafóricamente.
Tercera cuestión:
Las fuerzas armadas están realizando actividades que no les son propias, como la administración de puertos y aduanas, la construcción de infraestructura (Tren Maya, Dos Bocas, AIFA), la administración de aeropuertos y empresas turísticas, la construcción de sucursales del Banco del Bienestar, y próximamente quizá la operación de una línea aérea propia. Sin embargo, la constitución prohíbe todo esto a las fuerzas armadas. El artículo 129 dice: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” Pero parece que nadie se atreve a decírselo al presidente. Todo Morena está ya montada en esa inercia castrense, y nadie desde ahí hace un llamado de atención; nadie de esa izquierda progresista, libertaria, pro derechos humanos, nadie ahí –salvo alguna honrosa excepción, quizá– se atreve a decir que toda esa actividad de las fuerzas armadas es contraria al espíritu antimilitarista de la constitución, porque si alguien osara señalarlo sería tildado de conservador y traidor, como si fuese el vil anatema que la constitución dogmática Pastor Aeternus lanza sobre los que cuestionan la infalibilidad del papa.
Las reformas constitucionales que crearon en 2019 a la Guardia Nacional y el transitorio que permitía a las fuerzas armadas participar en labores de seguridad pública hasta 2024 (y ahora hasta 2028), de ninguna manera extienden o permiten la participación de marinos y soldados en cualquier otra actividad. O sea, vivimos en la inconstitucionalidad. Y así ha sido desde hace más de 25 años, cuando los presidentes empezaron a usar el ejército para combatir a la delincuencia, dicho sea de paso, sin éxito. Zedillo, Fox y Peña Nieto –este último estando en funciones– admitieron públicamente que sus políticas para combatir el narcotráfico fracasaron. Sólo Calderón y López Obrador afirman con energía que sus políticas fueron y son un éxito.
¿Se está militarizando el país? Sí hay una presencia innegable y cada vez mayor del ejército en actividades que no le son propias, y en contravención al artículo 21 de la constitución, como ya he explicado. Todas esas actividades del ejército carecen de sustento constitucional y deberían cesar. Lo que sí es claro y no deja lugar a dudas es que hay una militarización de la seguridad pública, y yo creo que ya estamos en el punto de no retorno. López Obrador, a diferencia de los anteriores presidentes, quiso dar un sustento constitucional a ello, y lo logró. No sé qué pasará en 2028 cuando supuestamente los militares deban volver a sus cuarteles. Seguramente habrá una extensión de tiempo, o de plano se reformará la constitución para que ya sea permanente y definitivo. No veo factible que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, al menos en los siguientes diez o quince años; creo que sería contraproducente. No soy optimista y he sostenido en repetidas ocasiones, para enfado de opositores y simpatizantes del presidente, que aunque en nuestro país se impusiera una férrea y represora dictadura militar, el crimen organizado seguiría controlando y gobernando buena parte del territorio nacional, y seguiría haciendo valer su ley de sangre y muerte, por la simple razón de que nuestras fuerzas armadas no tienen la capacidad operativa ni logística de controlar simultáneamente las diversas regiones del país. Vaya, ni siquiera son capaces de imponer el orden, ya no digamos en un solo estado, sino ni siquiera en un municipio. La realidad, por mucho que duela a los simpatizantes del presidente y a los opositores, es que muy probablemente la innegable militarización de la seguridad pública continuará fracasando.
