Alcaldes, funcionarios y mandos de seguridad figuran entre las principales víctimas de la violencia.
Laura Vázquez | Quinto Poder
La violencia que atraviesa amplias regiones del país no solo golpea a la población civil. En 2025, el crimen organizado y otros grupos armados han colocado en la mira a funcionarios públicos de distintos niveles, dejando una estela de asesinatos que expone la fragilidad de la seguridad incluso para quienes ejercen el poder.
Casos de alto impacto, como el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, o el del diputado federal electo Héctor Melesio Cuén Ojeda, marcaron un precedente. Sin embargo, la ejecución de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, confirmó que la violencia política no se limita a periodos electorales y sigue escalando durante el actual año.
Funcionarios públicos, bajo fuego
De acuerdo con un recuento de la organización Causa en Común, en lo que va de 2025 se han registrado al menos 56 homicidios de actores políticos en México, durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La cifra refleja una intensificación de los ataques dirigidos contra autoridades locales y funcionarios vinculados a la toma de decisiones públicas.
Uno de los hechos más recientes ocurrió en Uruapan, donde el alcalde Carlos Manzo fue asesinado en pleno centro de la ciudad durante un evento público por el Día de Muertos. En el ataque, uno de los agresores fue abatido, aunque hasta ahora no ha sido identificado, según información de la propia organización.
Este caso elevó a siete el número de presidentes municipales asesinados en lo que va del año, consolidando a los alcaldes como uno de los grupos más vulnerables frente a la violencia.
Alcaldes, las principales víctimas
El 15 de mayo, Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec, Oaxaca, fue asesinado junto con dos de sus escoltas. Apenas semanas después, el 2 de junio, Isaías Rojas, presidente municipal de Metlatónoc, Guerrero, murió en un hospital tras resultar herido durante un intento de asalto en la Autopista del Sol.
El 6 de junio, Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, Michoacán, y uno de sus escoltas fueron asesinados en la cabecera municipal. Días más tarde, el 15 de junio, un grupo armado irrumpió en el Palacio Municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, y ejecutó a la alcaldesa Lilia García Soto.
La violencia continuó el 17 de junio, cuando la presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán, Martha Laura Mendoza, y su esposo, Ulises Ochoa, fueron atacados a tiros frente a su domicilio. Meses después, el 20 de octubre, Miguel Bahena Solórzano, alcalde de Pisaflores, Hidalgo, fue ejecutado al exterior de su casa.
La violencia política no se ha limitado a alcaldes. En Veracruz, Andrei Gamboa, director de Gobernación del ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, fue ejecutado en el municipio de Ixtaczoquitlán.
En Morelos, el 13 de enero, cinco candidatos a la presidencia de bienes comunales en Huitzilac fueron asesinados dentro de un domicilio. Las víctimas fueron identificadas como Silvia “N”, Juan Carlos “N”, Juan Manuel “N”, Juan “N” y Álvaro “N”.
Seguridad y justicia, también bajo amenaza
Los responsables de la seguridad pública también han sido blanco de ataques. En febrero, Jaime Maciel Ramírez, director de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, Guerrero, fue asesinado sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
El sector judicial tampoco ha quedado al margen. El cuerpo sin vida de Everardo Maya Arias, juez tercero de distrito en materia de amparo en el Estado de México, fue localizado en un camino de terracería cercano al panteón Santa Cruz Cuauhtenco, en Zinacantepec.
El balance de Causa en Común evidencia que los asesinatos de actores políticos y funcionarios públicos se han convertido en un fenómeno persistente en distintas regiones del país. Más allá de los procesos electorales, la violencia contra quienes ocupan cargos de representación y servicio público sigue en aumento, dejando al descubierto los riesgos que implica gobernar en territorios disputados por el crimen organizado.
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