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De ama de casa a blanco de Interpol: el ascenso y caída de la esposa de García Luna (Redacción Astillero Informa)

Imagen creada con IA

Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, se convirtió en una de las figuras centrales del caso que rodea a su marido luego de que Estados Unidos le impusiera una condena civil millonaria y de que el gobierno mexicano solicitara su detención provisional con fines de extradición.

De Nezahualcóyotl al Cisen

Pereyra es originaria de Nezahualcóyotl, Estado de México, y estudió Derecho. Conoció a García Luna en 1989 cuando ambos trabajaban en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y cursaban al mismo tiempo sus estudios universitarios; se casaron en 1995, un año después de haber adquirido su primer departamento en Xochimilco, según el propio testimonio que ella ofreció durante el juicio de su esposo en Nueva York. Tras dejar el Cisen, incursionó en los negocios con la cafetería y restaurante Los Cedros, marca que registró en 2007 y que llegó a operar con dos sucursales.

Su papel en el juicio de Brooklyn

Linda Cristina fue la única testigo presentada por la defensa de García Luna en el juicio penal celebrado en Brooklyn en 2023, donde explicó ante el jurado el origen de propiedades, vehículos y otros bienes familiares, además de hablar sobre créditos hipotecarios, préstamos y ahorros acumulados durante la carrera de su esposo en el servicio público. Su testimonio buscaba sostener que el patrimonio familiar provenía de fuentes lícitas, pero no logró cambiar el resultado del proceso: el 21 de febrero de 2023 García Luna fue declarado culpable por narcotráfico y delincuencia organizada, y en octubre de 2024 recibió una sentencia de más de 38 años de prisión.

La condena de 1,740 millones de dólares

La demanda civil contra Pereyra está vinculada a una presunta red de contratos públicos firmados entre 2009 y 2018 con instituciones de seguridad mexicanas —entre ellas la Policía Federal, el Cisen y el sistema penitenciario—. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, el esquema involucró cerca de 30 contratos y recursos que habrían circulado a través de empresas y cuentas en Barbados, Israel y Estados Unidos.

En 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda civil en Florida para recuperar esos recursos, por un monto inicial de 580 millones de dólares. La cifra se disparó el 22 de mayo de 2025, cuando la jueza Lisa Walsh ordenó a Pereyra pagar 1,740,025,540.20 dólares —el triple del reclamo original, conforme a la ley de Florida—. En el mismo proceso, García Luna fue condenado a pagar cerca de 748.8 millones de dólares.

La empresa Los Cedros también apareció en las investigaciones financieras del matrimonio, y se documentó que en 2010 la familia recibió una condonación fiscal de aproximadamente 4.7 millones de pesos.

Solicitud de extradición

Este septiembre, el gobierno mexicano confirmó que la Fiscalía General de la República pidió a Estados Unidos la detención provisional de Pereyra con fines de extradición, en el marco de una investigación por presunta corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La solicitud no implica que ya haya sido detenida; el procedimiento debe ser revisado por las autoridades estadounidenses. Como antecedente, en julio de 2023 Interpol emitió una ficha roja contra Pereyra y otros familiares de García Luna, a petición de la FGR.

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