El Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad y la intervención federal en Sinaloa estarían de antemano descalificados en caso de contener más de lo mismo que ha fallado desde el 9 de septiembre de 2024 a la fecha.
Redacción Revista Espejo
Con 139 personas asesinadas en Sinaloa durante el mes de agosto, entre éstas 25 mujeres,12 de ellas en Mazatlán, la violencia expone con sobrada nitidez las insuficiencias o fracasos del plan para la seguridad y protección de los sinaloenses, reforzado una y otra vez con mayor participación militar mientras la actividad criminal no cesa en la guerra entre células del narcotráfico.
En la proximidad de que la gobernadora Graciela Domínguez dé a conocer el Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad y el anuncio de que la presidenta Claudia Sheinbaum visitará Sinaloa en este mes, la delincuencia hace alarde de la capacidad de movilización con sus sicarios y arsenales que sostienen la intimidación y horror con homicidios dolosos, privaciones ilegales de la libertad y daños al patrimonio de familias y empresas.
Los gobiernos federal y estatal están emplazados a evitar fórmulas mágicas y el engaño de estadísticas de delitos a la baja, transmutando al reconocimiento de la gama de ilícitos y trazando medidas acertadas en materia de investigación, inteligencia, justicia, acciones tácticas anticrimen y combate a las complicidades que desde el servicio público benefician a los generadores de violencia.
Sheinbaum y Domínguez deben reconocer que la inseguridad sostenida durante dos años y la poco efectiva militarización de las acciones de pacificación propician la escasa fe en que las instituciones federales y estatales den respuestas viables y confiables, lo cual apremia a la presidenta y la gobernadora a concretar avances a corto plazo en materia de tranquilidad y supremacía del marco jurídico, expectativa que la población ve derrumbarse conforme continúan cayendo las víctimas y se alza la impunidad como demostración de la derrota del Estado.
El Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad y la intervención federal en Sinaloa estarían de antemano descalificados en caso de contener más de lo mismo que ha fallado desde el 9 de septiembre de 2024 a la fecha. Si bien es cierto que la esperanza de paz sobrevive en medio de la crueldad que imprime la narcoguerra, igualmente es verdad que el hartazgo social sobrecalienta la olla de presión a punto de explotar.
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