El máximo tribunal estadounidense desestimó una demanda de hasta 10 mil millones de dólares interpuesta por el gobierno mexicano. El fallo unánime protege a las empresas armamentistas al considerar que sus productos legales no pueden generar responsabilidad por el uso criminal posterior.
Camila Olvera Burdiles | Redacción Astillero Informa
En un fallo unánime de 9 votos contra 0, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la demanda que el gobierno mexicano presentó en 2021 contra los fabricantes de armas Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms, a quienes acusaba de facilitar de forma indirecta el tráfico de armas a cárteles mexicanos y contribuir así a la violencia armada en el país.
La demanda, interpuesta originalmente en una corte federal en Boston, reclamaba una compensación estimada en alrededor de 10 mil millones de dólares, alegando que las compañías habían mantenido deliberadamente sistemas de distribución que permitían que sus productos llegaran a manos de organizaciones criminales mexicanas mediante compradores de paja: personas que adquieren armas legalmente para luego transferirlas de manera ilegal a terceros.
El máximo tribunal estadounidense, sin embargo, concluyó que las compañías no pueden ser responsabilizadas por el uso criminal de sus productos, amparándose en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005, la cual otorga inmunidad a los fabricantes de armamento ante este tipo de demandas.
“No hay evidencia de instigación directa”, argumentó la Corte
La jueza Elena Kagan, en representación de la Corte, señaló que México no logró demostrar de manera plausible que las empresas demandadas hayan ayudado e instigado directamente la venta ilegal de armas a los grupos criminales. Esto, explicó, es un requisito para que la acusación escape del escudo legal que protege a la industria armamentista estadounidense.
El fallo revocó la decisión previa de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, también en Boston, que en 2024 había determinado que las acciones de Smith & Wesson e Interstate Arms podrían quedar fuera de esa protección legal, permitiendo momentáneamente que el juicio avanzara.
Sin embargo, con la decisión final del máximo tribunal, el litigio ha terminado.
Un negocio legal, según las compañías
Las empresas armamentistas alegaron durante el proceso que sus operaciones son completamente legales bajo la legislación estadounidense. Afirmaron que fabrican, distribuyen y venden productos autorizados, y que no tienen control sobre los actos que cometan terceros con sus armas después de la venta.
La demanda presentada por México sostenía lo contrario: acusaba a las empresas de diseñar y promocionar sus armas de forma que aumentaran su atractivo para los cárteles, presentándolas como si fueran de grado militar y asociándolas con el Ejército y las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, lo cual, según el gobierno mexicano, incrementaba su demanda en los mercados ilegales.
El costo de las armas ilegales en México
México, que cuenta con estrictas leyes sobre posesión de armas, ha denunciado sistemáticamente que más del 70 % de las armas utilizadas en homicidios dentro de su territorio provienen de Estados Unidos. De acuerdo con sus estimaciones, el tráfico ilegal de armas genera pérdidas superiores a 250 millones de dólares anuales.
En este contexto, la demanda contra las compañías estadounidenses formaba parte de una estrategia legal internacional del gobierno mexicano para hacer frente a la violencia armada transfronteriza. Tras el fallo de la Corte Suprema, esta estrategia sufre un duro revés.
El litigio fue uno de los primeros intentos por parte de un Estado extranjero de responsabilizar a fabricantes de armas de Estados Unidos por las consecuencias de sus productos fuera del país.
Sheinbaum pide tiempo para revisar el caso
Tras conocerse la decisión de la Corte, la presidenta Claudia Sheinbaum fue consultada sobre el tema durante su conferencia matutina del 5 de junio. Respondió que se trata de uno de dos juicios distintos que su gobierno sigue de cerca, y que esperará información más detallada antes de emitir una postura oficial.
“Vamos a ver cuál es el resultado y les informamos”, dijo.
¿Un precedente difícil para futuras demandas?
Aunque el gobierno mexicano había conseguido, en primera instancia, que la Corte de Apelaciones permitiera avanzar el caso, la resolución de la Corte Suprema marca un precedente jurídico contundente: los fabricantes de armas gozan de una protección legal robusta que limita la posibilidad de ser demandados por terceros países, incluso si existe un alto impacto de sus productos en contextos de violencia fuera del territorio estadounidense.
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