El Congreso de Morelos acusó que la orden de aprehensión en contra del fiscal afectó la independencia del Poder Legislativo del Estado
Alfredo Fuentes | OEM-Informex
El Congreso local de Morelos presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que busca declarar inválida la detención del fiscal del Estado, Uriel Carmona, cumplimentada por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el pasado 4 de agosto.
En su demanda, Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente del Congreso de Morelos, acusó que la orden de aprehensión en contra del fiscal afectó la independencia del Poder Legislativo del Estado, ya que ésta se llevó a cabo sin que se presentara ni desahogara un juicio de improcedencia para retirarle el fuero, proceso que sólo es facultad de los legisladores.
“Con ella (la orden de aprehensión girada por el juez de Control Sergio Acevedo Villafuerte) se afecta la autonomía, independencia y soberanía del Poder Legislativo del Estado de Morelos”, aseguró el diputado panista.
La controversia presentada a nombre del Congreso de Morelos también busca echar abajo la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada que se le dictó al fiscal en la madrugada del domingo pasado, así como la autorización de una orden de cateo a su domicilio, ambas derivadas de la orden de captura.
Uriel Carmona fue detenido el pasado viernes afuera de su domicilio acusado de la presunta comisión de delitos contra la procuración o administración de justicia en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López a finales de octubre de 2022.
La Fiscalía capitalina lo acusa de “entorpecer” y “desviar” la investigación derivada de la muerte de la joven de 27 años que desapareció la noche del 30 de octubre de 2022 en la colonia Condesa, de la Ciudad de México, y posteriormente fue localizada muerta en la autopista La Pera-Cuautla, en Morelos.
De ser encontrado culpable, de acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, el fiscal de Morelos podría ser acreedor a una sentencia de tres a ocho años de prisión, ser destituido e inhabilitado para ejercer un cargo público por el mismo lapso y una multa de hasta 300 mil Unidades de Medida de Actualización, equivalente a 103 mil 740 pesos.
Actualmente, el fiscal permanece preso en el Reclusorio Sur, donde estará por lo menos durante el próximo mes, lapso en el que concluye la etapa de investigación complementaria dictada por el juez de Control capitalino.
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