Conflicto en Cuerámaro confronta a fiscal con secretario de Gobierno: ¿terrorismo o legítima inconformidad?

Fotograma de video. POPLab.

Por Edith Domínguez de POPLab.

La inconformidad de un nutrido grupo de cueramarenses que se rebelaron ante la impunidad de un homicidio múltiple, que en un principio se manejó como imprudencial pero después derivó en doloso, de un menor que atropelló a cuatro jovencitas de forma intencional provocándoles la muerte, ha desembocado en un conflicto entre la Fiscalía General de Guanajuato, de Carlos Zamarripa, y la Secretaría de Gobierno de Luis Ernesto Ayala.

Mientras la FGE fincó el delito de terrorismo a 20 detenidos tras daños a la presidencia municipal de Cuerámaro y dos domicilios particulares, el de los padres de la alcaldesa y el de los progenitores del presunto homicida, la Secretaría de Gobierno pactó con los inconformes un agenda para atender sus reclamos, entre ellos el de que puedan seguir su juicio en libertad y deponer demandas como la de la separación del cargo de la presidenta municipal.

La negociación entre los familiares de las víctimas, los familiares de los detenidos y funcionarios de la Secretaría de Gobierno, ya logró por lo pronto la suspensión de manifestaciones que amenazaban con derivar en nuevos enfrentamientos. Otro de los puntos, desahogado la madrugada de este domingo por parte del ayuntamiento de Cuerámaro, fue el otorgamiento de un perdón a los amotinados por los daños al edificio municipal, que ascienden a 140 mil pesos.

Nada de eso, empero, será significativo sin la colaboración de la Fiscalía del Estado para reclasificar la carpeta de investigación por el delito de terrorismo, considerado grave y que no permitiría la realización de un proceso en libertad.

La disparidad de posturas entre la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno se ha reflejado en posturas que ha hecho públicas el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez, en sus declaraciones sobre el tema. Al regreso de sus vacaciones de fin de año, el mandatario se dijo de acuerdo con el rigor aplicado por la Fiscalía asegurando que las protestas deben ser pacíficas, aunque las causas pudieran ser justas y lo ejemplificó con el movimiento de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato a principios de diciembre, que reclamaron la inseguridad y el acoso en las aulas, sin ningún tipo de desmanes.

En segundo término, pidió que se haga justicia por el caso de las cuatro menores atropelladas: Juan de Dios “N”, presunto responsable del asesinato, “tiene que estar en prisión”.

Fuentes de la Secretaría de Gobierno consideraron que en esa primera lectura el gobernador solo tenía la información de la Fiscalía, pero que ahora, con un panorama más completo, está de acuerdo con buscar una ruta de negociación que allane el conflicto, el cual amenazaba con escalar al nivel político, al demandar los pobladores que apoyan a las familias de las víctimas, la renuncia de la alcaldesa Ana Bueno Macías, de origen panista.

Secretaría de Gobierno y Fiscalía General medirán fuerzas

El estado, presionado por la advertencia de manifestaciones en Cuerámaro, la capital Guanajuato y hasta en la Ciudad de México y evitar asumir el costo político que representa el exceso de procesar por terrorismo a 17 adultos y 3 menores, entró en una negociación con familiares de los detenidos, muchos de los cuales fueron capturados horas después de los hechos.

Los familiares de los detenidos han mencionado cinco peticiones: (1) El perdón para evitar el cobro de los daños; (2) Cese al hostigamiento policial contra estas familias; (3) Liberación de los 20 detenidos; (4) Que se repare el daño y se brinde justicia a las familias de Juana Michel, Rosa Isela, Zicry Inahí y María Teresa, las menores asesinadas por su compañero de escuela Juan de Dios, quien sigue libre, delito que parece quedó en segundo plano para las autoridades; y (5) La destitución de la alcaldesa Ana Bueno Macías.

Los dos primeros ya se cumplieron como una supuesta muestra de buena voluntad, pero el resto continúan pendientes, y la quinta sería prácticamente imposible.

La condición que puso en la mesa el estado para otorgar el perdón por los daños a la presidencia y la motocicleta fue que removieran a los abogados privados y los defensores de oficio, porque de no hacerlo, el proceso seguiría y no quedarían libres. Esto se propuso en la reunión que sostuvieron familiares con Alfonso Ruiz Chico, subsecretario de Gobierno, en Guanajuato capital.

Los familiares accedieron y nombraron a los abogados que les ordenó el estado, es decir, gente de la Secretaría de Gobierno a cargo de Luis Ernesto Ayala Torres, quienes medirán fuerzas frente a la Fiscalía General de Guanajuato de Carlos Zamarripa Aguirre mientras representan a los 18 hombres y 2 mujeres acusados de los delitos de daños y terrorismo.

Municipio da “madruguete”

La cita original para que el municipio de Cuerámaro cumpliera la orden del gobierno del estado para que se realizara la sesión de ayuntamiento y dar a los detenidos el perdón por los daños, pactada para el sábado a las 15:00 horas, no se realizó, pues no se convocó a los regidores, a cargo de la alcaldesa de origen panista Ana Bueno Macías.

Posteriormente, retomaron la convocatoria para este domingo y propusieron las 05:20 de la mañana para la sesión extraordinaria, los regidores del PAN hicieron la invitación en el grupo de WhatsApp de los ediles; ellos ya se habían puesto de acuerdo, aún faltaban los de oposición.

A las 7 de la mañana los panistas liderados por la alcaldesa arribaron a la presidencia, los de oposición apenas se enteraban. A las 07:30 inició la sesión de Ayuntamiento y como único punto era de otorgar el perdón por los “supuestos” daños a la fachada de presidencia con una bomba molotov, daños a los baños, al interior de la presidencia, así como el daño a la motocicleta valuada por la autoridad por 90 mil pesos.

Los ediles del PAN y uno de oposición votaron a favor de otorgar el perdón por el delito de daños a 17 de las personas procesadas, el municipio retirará los cargos.


Perdonan “cargos que no existieron” y corren a trabajadores solidarios.

Otros regidores de oposición, Alejandro Rosales González y Gabriela Botello Gamiño, votaron en contra de la medida, explicaron que no era necesario otorgar el perdón “por cargos que no existieron… ¿qué daños a la fachada?, (eso) fue inventado, nunca hubo eso, daños a unos baños y otras cosas que no hubo, una motocicleta por la que piden 90 mil pesos, que no cuesta ni comprándola nueva. Ellos no necesitan un perdón, más bien justicia y responsabilidad de las personas que tuvieron que ver”.

Además, solicitaron reparación del daño a las familias de las menores atropelladas y que se reinstale en sus puestos a varios empleados y funcionarios municipales, entre ellos de intendencia, que fueron despedidos por acompañarlos en la manifestación.

Destituyen al juez calificador

En la sesión de Ayuntamiento de este domingo también se informó que desde el mes de diciembre fue solicitada la renuncia del juez calificador, mismo que presentó.

La Contraloría Municipal, por su parte, inició una investigación por la liberación del presunto responsable del homicidio de las cuatro menores. Manejado en un inicio como imprudencial, después derivó en doloso. El también menor de edad sigue prófugo.

Multihomicido que dio origen a la revuelta queda en segundo plano

El 24 de noviembre de 2019, Juan de Dios, de 16 años de edad, en presunto estado de ebriedad atropelló con su camioneta Explorer color rojo a cuatro menores, sus compañeras de secundaria Juana Michel, Rosa Isela, Zicry Inahí y María Teresa, quienes iban abordo de una motocicleta, el hecho se registró en calles de la colonia Los Tepetates, el responsable huyó tras arrastrar a una de las menores más de 50 metros.

Minutos después, ciudadanos llegaron hasta la casa de Juan de Dios, lo detuvieron y lo entregaron a los policías municipales, que lo trasladaron a los separos de seguridad pública, sin embargo el juez de control le impuso una multa y quedó libre.

Esa misma noche, según algunos habitantes, la familia salió de la localidad, pues el descontento ciudadano comenzó desde que el municipio liberó al presunto responsable. El progenitor de Juan de Dios, quien fungía como director de una escuela, no se presentó a laborar el día lunes y martes, según confirmó la Secretaría de Educación de Guanajuato, solicitó un permiso económico para ausentarse. Al pasar los días, ingresó una licencia médica que le otorgó el Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

No obstante, el 3 de diciembre, 10 días después del incidente original, la Fiscalía General citó a Juan de Dios para que compareciera en el Centro de Justicia para adolescentes por el delito de homicidio culposo simple, pero el menor no se presentó. Se rumora que podría estar en Estados Unidos.

Marcha deriva en disturbios

El miércoles 27 de noviembre se convocó en Cuerámaro a una marcha para exigir justicia para las menores Juana Michel 15 años, Zicry de 14 y las hermanas Rosa Isela y María Teresa de 13 años, las familias y amigos de las víctimas salieron a las calles y llegaron a la Presidencia Municipal, donde quienes los recibió fue un grupo de policías con equipo automotín, que evitaron que entraran al edificio con el argumento de que “la alcaldesa Ana Bueno no se encontraba”.

Ciudadanos y policías se empujaron y forcejearon, sin entrar a la presidencia. Los ánimos se encendieron mucho más allá: gente llegó a la casa de la alcaldesa Ana Bueno y sus padres, con piedras y palos dañaron la fachada, ingresaron y dañaron muebles, otro grupo quemó una motopatrulla, otras personas quemaron la casa del presunto responsable con bombas molotov. Durante los hechos, los policías municipales no lograron detener a ninguna persona, porque eran superados en un gran número.

Las detenciones comenzaron hasta después de las 19:00 horas que llegaron refuerzos con los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. La Fiscalía General informó de la detención de 23 personas, 3 de ellas fueron liberadas al no acreditarles su responsabilidad. De los 20 restantes, 17 adultos y 3 menores, fueron vinculados a proceso por los presuntos delitos de terrorismo y daños.

Fiscalía busca castigo ejemplar

Al día siguiente, 28 de noviembre, la Comisionada de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett descartó que la manifestación en Cuerámaro fuera terrorismo, sino que obedeció una manifestación legítima donde habitantes mostraron su inconformidad.

Pero la Fiscalía General de Guanajuato no piensa igual: con los dichos de los policías busca que los detenidos sean sentenciados por los delitos de terrorismo y daños a la casa de la alcaldesa, el incendio de la casa del presunto responsable, “presuntos” daños a computadoras, baños y la fachada de presidencia municipal valuados en 140 mil pesos. Los 17 adultos fueron vinculados a proceso y en presión preventiva, al igual que los 3 menores de edad.

Entre los adultos detenidos, están Carlos, Joel y Fray, que habrían sido arrestados después de los disturbios solo por pasar por la zona.

Familiares de Carlos desconfían de la justicia

Carlos Manuel, de 26 años de edad, es padre soltero, hace un poco más de 6 meses regresó de Estados Unidos, se quedó a vivir con su padre y entró a laborar a la fábrica “Babito” hace algunos meses.

El 27 de noviembre, día de los disturbios, Carlos salió de trabajar de la fábrica; como es costumbre, checó su tarjeta de salida, eran a las 18:03 horas. Luego se dirigió a la tienda departamental Coppel en el centro de la localidad, en su bicicleta, hizo un depósito, salió y tomó la céntrica calle Francisco Venegas, que lleva a la presidencia municipal, pero al pasar frente a “la casa del pueblo” habría sido detenido por los policías solo por estar haciendo una videollamada con su celular.

Gloria Landeros Arroyo, tía de Carlos, cree que el juez no es imparcial, que los defensores de oficio no hicieron bien su trabajo y por ello lo desconocieron.

“Los policías lo agarran por la espalda, lo tiran y un uniformado le pega en la boca y lo suben a la patrulla” entre las 18:30 y 19:00 horas, “las personas que hicieron todo el relajo ya no estaban. Hemos visto los videos, no está en ninguno y tenemos las pruebas, queremos que se haga justicia y que salga”.

La tía afirma que a Carlos lo quieren incriminar con un dicho de los policías. “Nos dicen que el juez no acepta las pruebas que entregamos, cuando les pedimos algún papel donde nos diga quién es el que lo está acusando no nos dan nada, quieren que paguen los destrozos que mi sobrino no hizo”.

No obstante, “supe que agarraron al muchacho que quemó la moto y lo dejaron libre… que ese muchacho viene y da dinero… (yo ya) corro con una licenciada, con otra (de la Fiscalía) y me dicen que no podemos hacer nada. Le pregunto platíqueme del juez, deme su nombre y dicen no podemos, como que algo esconden porque todo lo hacen en privado”.

Aunque han pedido soliciten los videos de las cámaras de vigilancia de la tienda departamental, los familiares de Carlos se han enterado que la encargada de la tienda es familiar de un funcionario y es probable que no los entreguen.

Buscan obligarlos a declararse culpables

Incluso un grupo de familiares de varios detenidos se reunieron en las oficinas de la Subfiscalía en Irapuato y ahí les informaron que estos tenían que declararse culpables para que los liberaran.

“En el Cereso de Irapuato, abajo, hay oficinas, (ahí) se presentó mi papá y las demás personas que fueron rechazadas porque les dijeron que no, que se (declararan) culpables que ellos tenían que hacerse culpables para poder salir libres. No buscan quien la hizo, sino quien la pague”.

Entrevistada por POPLab hace unos días, la mujer explicó que el síndico, como representante legal del municipio de Cuerámaro, aún no se había presentado.

Por “mugrosos” pretenden inculpar a trabajadores de ladrillera

Joel cumplió 31 años de edad el pasado 26 de diciembre, mientras permanece detenido y señalado por la autoridad como presunto responsable de daños y terrorismo junto con su socio de la ladrillera Fray Martín, de 28 años de edad.

Hace dos años se hicieron socios al rentar un horno ladrillero a la orilla del municipio en la colonia Del Carmen, ambos trabajan elaborando el ladrillo, ese 27 de noviembre durante la manifestación y al momento de los destrozos estaban trabajando, relataron sus progenitoras, Ma. Guadalupe Mendoza Landeros y Hortencia Bustamante Urieta.

Joel salió de laborar después de las seis de la tarde, llegó a su casa con su hermano, en la Privada Revolución, luego llegó Fray. Después de las 19:15 horas decidieron ir al centro a comprar garbanzos y algo para cenar, pero antes de llegar al Jardín Principal los detuvieron policías estatales.

A las 03:00 de la madrugada ya del día 28, por medio de una llamada telefónica del Cereso de Irapuato, le avisaron a la madre de Fray Martín que estaba detenido, que llevara a un abogado y preguntara en la presidencia municipal, así lo hizo pero no le supieron dar explicaciones. Por ello, los familiares se trasladaron a Irapuato, donde lo encontraron detenido.

“Que es por el (delito) de la moto que quemaron según dicen. Fuimos con los regidores y que el lunes pasado darían respuesta pero no hay nada, que por terrorismo, pero los inocentes están encerrados. El día de Nochebuena fue muy triste para mí, que se pongan a investigar bien. Al gobierno que tengan piedad de todas las madres y detengan a quienes de verdad lo hicieron” explicó Hortencia, madre de Fray Martín.

María Guadalupe Mendoza, madre de Joel, explicó que “con su pecho sano vinieron a comprar de cenar, asisten en la ladrillera, esa noche fue triste porque no llegó y yo tengo que trabajar haciendo el quehacer en una casa, yo estaba llorando desesperada porque él nunca deja de llegar a la casa. A las 11 de la mañana por teléfono a la casa donde trabajo avisaron. Él dice, van a salir porque no estaban haciendo nada”.

“Los están acusando porque andaban mugrositos pero andaban trabajando y así se fueron a comprar de cenar. Andaban todos tiznados porque trabajan en la ladrillera y por eso le están echando la culpa por andar tiznados. Se sabe que agarraron al culpable (de la quema de la moto) y ya lo dejaron libre. Que se haga justicia y se fijen bien lo que están haciendo. Que se fijen quienes fueron los responsables” explicó.

“Sin pruebas” vinculan a proceso a Fray Martín

Alejandro Giovanni Rivera Cuevas, quien fuera representante legal de Fray Martín hasta principios de año, dijo creer que con gente inocente el estado quiere poner un ejemplo para que no vuelvan a suceder revueltas en Guanajuato, debido a que a pesar de no tener pruebas contra su defendido, el juez lo vinculó a proceso.

“Hay un tema político, creo que se trató de poner el ejemplo con Cuerámaro de decir ‘esto pasa en estos municipios, que haya detenciones para que vean que no puede quedar impune y no vuelvan a suceder estas cosas, que vean que la gente no puede manifestarse, aventar piedras y hacer destrozos’, quisieron poner el ejemplo con Cuerámaro para que no pase en otro municipio”.

El litigante relató que hay testigos y un video donde Fray y Joel llegaron a una tienda de abarrotes a comprar una bebida a las 19:40 horas y el policía que lo acusa dijo que lo detuvo a las 18:55 horas, pero a los dos los detuvieron hasta las 20:40 horas, “una persona no puede estar en dos lados” al mismo tiempo.

Más inconsistencias

Otro asunto a destacar es que los destrozos de esa jornada se registraron desde las 17:00 horas. A las 19:00 horas que ya habían terminado todo, llegaban los policías estatales, quienes fueron los que realizaron las detenciones y el “error” de Fray Martín “fue atravesársele a un elemento de la Fuerza de Seguridad Pública”. Aún con ello, el juez determinó legal la detención.

“Veo muchas inconsistencias en el juicio; cómo puede calificar de legal una detención, dice el policía que fue a las 7 de la tarde cuando sabemos y hay pruebas de que estaban en otro lugar, ellos nada más cuentan con las entrevistas de los elementos aprehensores, incluso detienen a una persona que estaba en barandilla desde un día antes de los hechos, ¿qué credibilidad pueden tener los elementos?”

Rivera Cuevas también informó que el monto de 140 mil pesos es por los daños a cascos de policías, escudos de los agentes así como un supuesto daño al interior de la presidencia municipal, “de daños a computadoras, de los baños y a la fachada con bombas molotov”, pero ahí están los videos los manifestantes nunca ingresaron a la presidencia, no lanzaron bombas molotov a este inmueble.

Coautoría indeterminada, anterior plan para librar prisión

El delito de terrorismo tiene una pena de 3 a 15 años de prisión y las 20 personas detenidas no alcanzarían la libertad o la suspensión condicional porque el Código Penal marca que los delitos que alcanzan esos beneficios serían aquellos que no accedan la media aritmética de 5 años.

Los ex asesores legales explicaron que al vincularse a proceso a los 20 detenidos como coautoría indeterminada, el Código Penal marca que las penas se reducirían a la mitad del mínimo y del máximo, es decir, en lugar de 3 a 15 años quedarían de un año y medio y a 7 años y medio, que sumados dan 9 años y la mitad de esto es 4 .5 años, lo que no excede los 5 años que marca el Código, y podrían lograr recuperar la libertad bajo algunas condiciones, para ello, la Fiscalía tendría que estar de acuerdo y acceder a reclasificar, pues lo contrario obligaría a recurrir a otras instancias alargando la permanencia en prisión de los detenidos.

Pero será la nueva defensa, a cargo de la Secretaría de Gobierno, quien defina su estrategia.

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