Cómo gobernar congresos: actualidad. Autor: Federico Anaya Gallardo

El año pasado, lectora, te conté de una profecía que hizo Luis Carlos Ugalde en 1999. (Liga 1.) El entonces secretario particular del embajador priísta en Washington (Jesús Reyes-Heroles González-Garza) afirmó, en una conferencia en la Universidad de Georgetown, que el PRI no tenía esperanza de recuperar la posición hegemónica que había gozado hasta entonces en el sistema de partidos mexicano. Fríamente reconoció que la derrota de 1997 anunciaba el debilitamiento final de la Presidencia tradicional priísta y que el partido oficial debería reinventarse a sí mismo si deseaba sobrevivir. Vaticinó que era posible la derrota en la elección presidencial de 2000. En su opinión, el Congreso debía convertirse en el espacio adonde los líderes tradicionales del partido se reorganizasen. Entre otras cosas, recomendó legislar para permitir la reelección de diputados y senadores, de modo que el liderazgo del PRI tuviese una base estable.

Hace un año exploré en este espacio cómo Ugalde participó activamente en la construcción del nuevo escenario partidista y electoral mexicano. Hoy deseo subrayar que su visión estaba inspirada en un entendimiento de la política como pacto entre élites. La semana pasada comenté aquí que, desde 1857, la arquitectura legal del poder legislativo federal permitió que las élites políticas generadas en cada uno de los estados federados se encontrasen en las cámaras al formar la Gran Comisión. Incluso hasta la norma parlamentaria de 1979 esa comisión se conformaba por los representantes de las delegaciones parlamentarias de cada estado. Desde el Porfiriato estas delegaciones fueron controladas mediante pactos entre la presidencia y los gobernadores. Durante el régimen postrevolucionario, el presidente y gobernadores negociaban lo anterior a través del PRI.

Entre 1979 y 1994 la creciente pluralidad de partidos en el Congreso agotó este esquema y en 1997 obligó a transformar las Grandes Comisiones en Juntas de Coordinación Política (Jucopos) formadas por los líderes de las bancadas parlamentarias. Nota, lectora, el cambio de centro de poder: de las delegaciones estaduales a los partidos políticos nacionales. La solución recomendada por Ugalde a la élite priísta en aquella charla de 1999 era consecuente con esta evolución. Y era aplicable a todos los otros partidos políticos nacionales. (Por eso Ugalde logró usar el nuevo esquema para encumbrarse en el IFE a partir de una alianza entre el PRI y el PAN en 2003.)

Los liderazgos parlamentarios se volvieron relevantes en todos los partidos. Antes de que se aprobase la reelección inmediata, quien un trienio era diputado federal al siguiente podía ser diputado local o senador de la República. Como el sistema de financiamiento de los partidos empoderó a las burocracias nacionales del PRI, PAN y PRD, la nomenklatura de cada una de esas agrupaciones se aseguró de que sus mujeres y varones más poderosos siempre estuviesen presentes en alguna de las dos cámaras.

La reelección inmediata (aprobada en 2014) hizo aún más sencillo recorrer este cursus honorum parlamentario federal. Hoy en día, una diputada federal puede reelegirse hasta tres veces: cuatro trienios consecutivos (12 años). Una senadora puede reelegirse una sola vez, hasta completar los mismos 12 años (los senadores duran el sexenio presidencial completo). La reforma electoral de 2014 subrayó que la postulación para reelección sólo puede hacerla el mismo partido o alguno de los partidos integrantes de la coalición que postuló a esa persona la primera vez.

Esa última regla cerró un circuito de reproducción del poder –pues senadoras y senadores exitosos procuran obtener y mantener puestos en la dirección nacional de sus partidos. Si recordamos que en el mismo periodo se ha venido reformando la Constitución federal de modo que cada vez más puestos federales deban ser aprobados por el Senado –se entenderá cómo las nuevas élites parlamentarias-partidistas se aseguraron tener puestos, canonjías y privilegios qué repartir: un novedoso patronazgo legislativo que sustituye al patronazgo presidencial único del Viejo Régimen priísta.

Por otra parte, pertenecer simultáneamente a una nomenklatura partidista y alguna de las cámaras federales aumenta las posibilidades de ser postulado para una gubernatura. La posición como senador es especialmente útil, porque dura seis años y permite tejer alianzas trans-sexenales porque las elecciones en los estados siguen desfasadas de las federales.

Una revisión a vuelo de pájaro de las listas de titulares de gubernaturas en 2022 arroja que, en los últimos dos periodos de gobierno, sólo hay 16 entidades (50%) en las que la persona gobernadora no ha recorrido el cursus honorum parlamentario federal antes de llegar a su Palacio de Gobierno. Si cerramos la lista a los actuales titulares, bajan a sólo nueve (28%). Es decir, dos terceras partes de los actuales titulares de gubernaturas pasaron primero por las cámaras federales. Es posible que estemos presenciando la consolidación de un nuevo sistema de reproducción de élites gobernantes estaduales que ya no pasa por la Presidencia, sino por el congreso federal y específicamente, por el Senado.

Una de las razones que explicaría esta última característica del fenómeno es que, destruido el sistema de partido único (y la presidencia con “dedazo”), los pactos personales necesarios para asegurar financiamiento (para campaña) y apoyo político para gobernar una vez ganada la gubernatura se podían hacer de modo seguro y discreto en el poco conocido y menos publicitado ámbito senatorial. Esto es lo que vimos operar en 2015 cuando los senadores Francisco Domínguez Servién (Querétaro) y Carlos Mendoza Davis (Baja California Sur) buscaron el apoyo financiero del secretario de Gobernación peñista (Miguel Osorio Chong, alias Michael Kors, exgobernador de Hidalgo y hoy día senador de la República. (Liga 2.)

En 2015 estaban por disputarse las gubernaturas de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. (El sexenio de esas gubernaturas terminó en 2021.) En un audio, filtrado a la prensa el 4 de mayo de 2015 (Liga 3), se escuchan las voces de los senadores queretano y sudcaliforniano (ambos del PAN) comentando la inesperada cantidad de millones de pesos que Bucareli estaba dispuesta a proporcionarles. Cuando Mendoza Davis preguntó a Domínguez Servién cómo habría de pagarse tan generoso apoyo, el queretano le aclaró que “Kors” ya le diría qué, cuándo y dónde. El PAN acusó al PRI de fraguar una guerra sucia con ese audio, pero no se investigó mucho más. Tanto Domínguez como Mendoza ganaron sus gubernaturas. En 2021 el PAN volvió a ganar Querétaro pero perdió Baja California Sur frente a Morena. (Sic transit gloria mundi… habría que analizar cómo cambió el panorama el surgimiento de Morena y la inusualmente activista Presidencia obradorista.)

Que el operador presidencial del “apoyo” a los candidatos a gobernador panistas en 2015 fuese del partido contrario (PRI) no es de extrañar. Al reconstruir un sistema de gobernanza nacional a través del Senado, “Sus Señorías” parlamentarias pierden su identidad ideológica-partidista y se identifican primigeniamente con sus pares –no importando de qué lado de la asamblea se sienten. Por lo mismo, hoy es de lo más natural que Osorio Chong continúe su propio cursus honorum como senador de la República y alto dirigente partidista comprometido con la alianza PRI-PAN-PRD.

Tristemente, no es el único senador que se identifica más con sus opositores que con sus correligionarios ideológicos…

Ligas usadas en este texto:

Liga 1:
https://lajornadasanluis.com.mx/opinion/el-senor-ugalde/

Liga 2:
https://lajornadasanluis.com.mx/opinion/tamaulipas-refugio-calderonista/

Liga 3:
https://www.youtube.com/watch?v=68_1muFtzAI

Federico Anaya-Gallardo
Federico Anaya-Gallardo

Abogado y politólogo. Defensor de derechos humanos. Ha trabajado en Chiapas, San Luis Potosí y Ciudad de México. Correo electrónico: agallardof@hotmail.com

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