Por María Martínez Murillo[1]
“Para que este acuerdo sea duradero, debe satisfacer las necesidades de la gente común, no solo en los Estados Unidos, sino también en México y Canadá. Esto solo sucederá si cumplimos nuestras promesas.”[2]
Katherine Tai, Representante Comercial de Estados Unidos (USTR)
El 1 de julio de 2020 entró en vigor el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la versión renegociada del antiguo TLCAN. En su momento, las negociaciones se dieron bajo un ambiente de proteccionismo en los Estados Unidos que siguió a las promesas de campaña y al discurso hostil hacia México del expresidente Trump. Lo cierto es que la revisión del TLCAN sirvió para actualizar temas fundamentales como el comercio digital y en reafirmar la relación comercial privilegiada entre los tres países de América del Norte.
Hace unos pocos días, por primera vez, uno de los tres gobierno invocó las disposiciones ambientales del T-MEC. La Oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció que solicitará consultas al gobierno mexicano para garantizar el cumplimiento de compromisos ambientales de acuerdo con el Tratado, particularmente en relación con la inminente extinción de la vaquita marina en el golfo de Baja California. Si bien la Representante Comercial reconoce el marco legal ambiental existente en México, expresa preocupaciones por su implementación.
Ya desde hace meses, organizaciones ambientalistas de Estados Unidos exigieron a la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), la aplicación de sanciones comerciales contra México, ante su incapacidad para frenar la pesca ilegal de Totoaba y salvar a la vaquita marina de la extinción. Por cierto, México es firmante de la Convención sobre CITES y parte desde 2000.
¿Qué explica la desaparición de la vaquita marina?
Los asiáticos, particularmente en China, compran la vejiga natatoria de la totoaba, un pez de del Golfo de California, en precios altísimos por sus (no comprobadas) propiedades medicinales y por convertirse en símbolo de estatus. La vaquita marina muere atrapada en las redes utilizadas para capturar la totoaba. Aunque están redes están prohibidas en la parte alta del Golfo, el alto rédito lleva tanto pescadores con permisos de pesca para otras especies, como a pescadores ilegales a usarlas.
El Gobierno Mexicano ha hecho esfuerzos para proteger a esta especie única. Ha prohibido la pesca comercial dentro del Refugio para la Protección de la Vaquita Marina, un área de 1,800 km cuadrados. Sin embargo, las insuficientes fuerzas de seguridad, la presencia de crimen organizado, la impunidad y la carencia de otras alternativas económicas no solo han provocado enfrentamientos violentos entre organizaciones de conservación y pescadores; hacen de esta región una arena donde ha ganado el más fuerte: la ilegalidad y la violencia organizada.[3]
El Capítulo 24 del T-MEC: un sinfín de potenciales áreas de conflicto con nuestros vecinos del norte
El Capítulo 24 de T-MEC obliga a los tres países a aplicar efectivamente las leyes ambientales en cada país, incluidos evidentemente los acuerdos multilaterales de los que es parte.
Para considerar incumplimiento, el T-MEC establece que deberá ocurrir periódica o repetidamente, ser constante o continuo y afectar al comercio o a la inversión.
Si las Partes consultantes no logran resolver el asunto dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud mediante las Consultas Medioambientales, Consultas de Representantes de Alto Nivel o Consultas Ministeriales, el tema puede escalar a la Comisión de Buenos Oficios, Conciliación y Mediación. Si aún no encuentran una solución, podrán convocar al establecimiento de un panel para fijar sanciones comerciales. El proceso es largo, pero significa presiones para el gobierno, incertidumbre para las actividades económicas y posibles sanciones comerciales.
Sin duda, la falta de estado de derecho, de aplicación estricta de la ley en el manejo de naturales no solo tocan a la vaquita marina y a la pesca ilegal en el Mar de Cortés. El Capítulo 24, no solo obliga a México al Manejo Sostenible de Pesquerías y Conservación de Especies Marinas, o a actuar contra la pesca ilegal. Otros frentes como la gestión forestal sostenible, calidad del aire, biodiversidad , comercio ilegales de fauna y flora silvestre están sujetos al tratado.
Compromisos en el limbo
México firmó el Acuerdo de París y ha sido un referente en avances institucionales ante el cambio climático (por ejemplo, fue el primer país en desarrollo en enviar sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas). Tristemente, en 2020, solo ratificó las metas que presentó en 2016 para sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas bajo el Acuerdo de París. Estas dejaron de ser insuficientes para ser altamente insuficientes para mantener el aumento de la temperatura global al menos por debajo dos grados centígrados, respecto de los niveles preindustriales.
Lo que es peor, la política energética del actual gobierno ha dado marcha atrás a la transición energética. De 2015 al 2020, México aumentó su capacidad instalada de energías renovables lo que permitió una significativa reducción en la generación eléctrica con carbón. Esto sin duda, nos pone en el rumbo para cumplir el Acuerdo de Paris.
Sin embargo, el gobierno federal actual ha puesto restricciones para la conexión de nuevos proyectos de energía renovable a la red eléctrica, y detenido con ello el avance de nuevas energías renovables como la solar y eólica. En México, el carbón, el gas y el petróleo constituyen el 75% de su producción de electricidad, en comparación con el promedio mundial de 61%. Dentro del G20, solamente Arabia Saudita, Sudáfrica e Indonesia tienen una mayor participación de combustibles fósiles en su matriz energética, y solamente Arabia Saudita presenta una mayor participación del petróleo.[4]
Incluso dejando de lado al medio ambiente, ¿porqué preocuparnos?
Caja de pandora
El Acuerdo de París es solo uno de los tratados internacionales en materia ambiental ratificados por México. Los frentes de incumplimiento podrán multiplicarse en una amplia agenda: biodiversidad, calidad del aire, especies en peligro, etc.
Estados Unidos ya ha expresado preocupaciones, desde la visita de Katherine Tai a México en verano del 2021 hasta hace un par de semanas que John Kerry, el enviado especial para el clima del presidente de Estados Unidos, se entrevistó con el Presidente López Obrador. John Kerry visitó México a principios de febrero, después de que secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, expresara la inquietud de Washington por el “potencial impacto negativo” de la reforma energética que impulsa el presidente López.
A la guerra sin fusil en el sector ambiental
El gobierno del Presidente Biden está tomando en serio el Capítulo 24. En 2020, los Estados Unidos asignaron 400 millones de dólares a ser utilizados en un plazo de cuatro años para el monitoreo y cumplimiento de las disposiciones ambientales del T-MEC. Esto incluye la creación de un nuevo Comité Ambiental Interagencial y personal específico para el tema ambiental en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.
Mientras tanto, bajo el T-MEC México se ha comprometido a apoyar e implementar los esquemas de monitoreo, control, vigilancia, cumplimiento, y aplicación de medidas para conservar y proteger el medio ambiente. Pero ¿con qué?
Si bien el proyecto de presupuesto 2022 contempla un aumento del 30% para el ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales, en comparación con el ejercicio fiscal 2021, gran parte del incremento fue asignado a la Comisión Nacional del Agua, mientras otras como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tendrán recortes significativos a ya su muy insuficiente presupuesto. Las entidades y órganos desconcentrados del sector ambiental (CONAFOR, IMTA, INECC, CONANP, PROFEPA y ASEA) tuvieron diminuciones en su presupuesto para 2021. De acuerdo con el diario El Economista, este año el gobierno federal impulsa un anteproyecto para que 17 organismos públicos federales desaparezcan o serán absorbidos por alguna dependencia, entre los cuales está el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), pieza fundamental para el cumplimiento de la Ley General de Cambio Climático.[5]
Competitividad y aprovechar oportunidades
En la COP 26 en Glasgow en 2021, más de 500 instituciones financieras se comprometieron a alinear sus inversiones con las metas del Acuerdo de Paris. De acuerdo con IMCO, estas empresas representan alrededor de 40% de los activos financieros mundiales. Además, 20 países anunciaron que dejarán de financiar proyectos de combustibles fósiles en otros países para fines del 2022.
De tal suerte, no se trata solo del T-MEC y de aprovechar la integración con nuestro principal socio comercial, sino de mantenernos en el tren de mayor competitividad y aprovechar las oportunidades de inversión.
Me llama la atención que la reciente invocación de las disposiciones ambientales del T-MEC no sea un foco rojo para el gobierno federal y para los actores económicos.
Lo prometido es deuda también en materia ambiental, aunque el gobierno federal haya decidido que es solo un tema accesorio para el desarrollo de México.
[1] Por María Elena Martínez Murillo, Consultora en desarrollo sostenible, Strategink. Maestra en Economía para el Desarrollo. Exbecaria Fulbright-García Robles. Twitter @mariaemmc
[2] “EU, Canadá y México sostienen conversaciones comerciales ‘sólidas’, minimizan diferencias”. Forbes. mayo 19, 2021. https://www.forbes.com.mx/eu-canada-y-mexico-sostienen-conversaciones-comerciales-solidas-minimizan-diferencias/
[3] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57094261
[4] Nicolas Fulghum, Global Electricity Review 2021, Perfil G20 México. Ember. Marzo de 2021. https://ember-climate.org/wp-content/uploads/2021/03/Global-Electricity-Review-2021-Mexico-Translated.pdf
[5] https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/AMLO-busca-desaparecer-17-organismos-3100-burocratas-quedarian-en-el-limbo-20220207-0066.html
