José Reyes Doria
@jos_redo
La llamada Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador arrasó en las elecciones de 2018, impulsada por el clamor popular de combatir a fondo la corrupción. Fue la gran promesa de AMLO, un compromiso fundacional que nunca supo cómo cumplir. Su fórmula para acabar con la corrupción era él mismo, su “secreto” consistía en que, si el Presidente no era corrupto, ningún servidor público lo sería.
Su fórmula anticorrupción era, por decirlo de forma indulgente, ilusoria. Los que saben del tema señalaron lo obvio: la corrupción es una cuestión sistémica que atraviesa las distintas dimensiones del gobierno, la administración pública, las legislaciones y regulaciones abigarradas, la débil acción fiscalizadora, la impunidad, la complicidad de funcionarios, jueces, contralores y particulares.
El fuerte reclamo popular de las últimas décadas produjo una legislación anticorrupción plasmada en la Constitución y en un conjunto de leyes. La paradójico es que esta legislación se emitió en uno de los sexenios más corruptos de la historia de México, el de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Por lo mismo, el nuevo marco jurídico se quedó en letra muerta, pues jamás se instalaron los órganos previstos para echar a andar el sistema nacional anticorrupción. El gobierno de Peña Nieto bloqueó la puesta en marcha del entramado institucional anticorrupción.
La corrupción del gobierno de Peña fue tan escandalosa, que en las elecciones de 2018 el mensaje del pueblo fue clarísimo: enterrar a la clase política del PRIAN, porque su corrupción, cinismo e impunidad llegaron a niveles tan profundos de agravio social, que el voto popular no solo decretó su derrota sino que expresó el anhelo masivo de la desaparición de esos partidos, como se comprobó en las elecciones de 2024.
AMLO entendió que esto le daba un margen de maniobra magnífico para seguir explotando, ya como Presidente, el discurso de condena a la corrupción pero sin gastar capital y energía políticos en el combate a ese cáncer. Ocurrió una confluencia singular de estados de ánimo: por un lado, la disposición social de creer absolutamente que el ejemplo de AMLO sería suficiente para combatir la corrupción; por el otro, un Presidente convencido de que su ejemplo sería poderoso y suficiente para lo mismo.
Por lo tanto, el pueblo estaba dispuesto a creer y no exigir, y AMLO estaba determinado a no implementar ninguna política pública de combate a la corrupción. Nada de poner en marcha los mandatos constitucionales en la materia, instalar las instancias del sistema anticorrupción, fortalecer la fiscalización superior, mecanismos y garantes de transparencia y acceso a la información pública, fiscalías anticorrupción con dientes, tribunales especializados, privilegiar las licitaciones públicas para asignar contratos públicos, y un largo etcétera.
Adicional a esto, se consolidó una predisposición que siempre resulta nociva: negar o evitar las investigaciones de corrupción, bajo la justificación de que eso “afecta al movimiento y da armas a los adversarios del conservadurismo”. En esta visión de la política resulta inconcebible castigar o siquiera cesar a funcionarios envueltos en escándalos y evidencias de corrupción. De hecho, López Obrador ni siquiera castigó a los corruptos de los sexenios del PRIAN, lo cual generó decepción entre los seguidores de AMLO, pero aun así no dejaron de apoyar a la 4T.
El caso más emblemático fue el de Segalmex, donde hubo un saqueo de 15 mil millones de pesos. AMLO exculpó sin más al director general y lo cubrió con el manto de un cargo en la Secretaría de Gobernación. El mensaje hacia el resto de la administración pública fue terrible: en aras de no “manchar al movimiento”, los actos de corrupción no serían investigados ni castigados. Así, las asignaciones directa de contratos públicos alcanzaron números y proporciones nunca antes vistos.
La información sobre el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA, entre otras, se clasificó como de seguridad nacional y, nuevamente, por el argumento de que si esa información se dejaba al alcance del público podría ser aprovechada por los conservadores para golpear a la 4T.
En este escenario, llama más la atención la estrategia de combate a la corrupción de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Centrémonos en el caso del huachicol fiscal, porque es un crisol donde se condensan los aspectos fundamentales de la trama de la corrupción a gran escala. El huachicol fiscal incluye la corrupción de servidores públicos de alto nivel, como es el caso del contraalmirante y el vicealmirante, que son cargos de altísimo nivel en la Marina; pero también incluye a otros servidores públicos de importante rango, como directores de aduanas.
El huachicol fiscal, presenta también el clásico aspecto de familiares de un Secretario de Estado, el contraalmirante y el vicealmirante, sobrinos del titular de la Marina, a quienes se les comprobaron prácticas corruptas de dimensiones colosales. No sabemos si el Secretario estaba enterado o no, pero la dinámica de la corrupción cubre con el manto de la impunidad a los familiares, porque el resto de los servidores públicos y los particulares piensan que tienen el aval “de arriba”.
De igual modo, el huachicol fiscal conlleva otros aspectos cruciales de la corrupción sistémica, como la complicidad de empresas, gobernadores, documentos y facturas falsas, lavado de dinero y un largo etcétera. Por eso, reitero, es muy significativo que la Presidenta y su gabinete de seguridad encabezado por Omar García Harfuch, hayan lanzado esta gran operación de combate a un caso de corrupción sistémica colosal, que cubre de sospechas fundadas a ex Secretarios de Estado, gobernadores, y otros personajes que ostentan gran poder.
Se trata, tal vez, de la operación anticorrupción impulsada desde la Presidencia de la República, más grande en los últimos tiempos. Porque no solo apunta a personajes de altísimo rango, sino que profundiza y desnuda los circuitos sistémicos de la corrupción a gran escala.
Impensable que el ex presidente AMLO hubiera hecho algo así. Al contrario, otro de los efectos telúricos de la operación anticorrupción de la Presidenta es que asesta un golpe demoledor a uno de los apotegmas más cacareados por AMLO, que era la afirmación absoluta de que en su sexenio se había acabado con el huachicol, que ya no había huachicol de arriba ni de abajo. Numerosas veces repitió esta afirmación. Pero las investigaciones impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum demuestran que no solo era falsa esa afirmación de AMLO, sino que en su sexenio el huachicol creció exponencialmente.
También se desmitifica la infalibilidad de AMLO, en la que creen millones, al recordar su célebre parábola, en la que afirmaba que todo acto de corrupción, sobre todo la corrupción gigantesca, era del conocimiento del Presidente, y, por lo tanto, contaba con su visto bueno.
Pero hay riesgos: las investigaciones sobre el huachicol fiscal han comenzado a generar posicionamientos y ataques entre diversos grupos políticos. Se han observado intentos de sembrar incriminaciones directas a AMLO, a sus hijos y otros personajes cercanos, como lo demuestra el extraño caso de los amparos tramitados a favor de los hijos de López Obrador para que no puedan ser arrestados por cargos de huachicol. Al tiempo que se ventilan o inventan presuntas tensiones y divisiones en el gobierno de la República, o entre la amplia familia de la 4T.
Lo cierto es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha empezado a cumplir una de las promesas postergadas de la 4T, que por las razones que sean, AMLO nunca quiso abordar. El caso que ha elegido para el combate frontal a la corrupción, o el que las circunstancias le han impuesto, reclama que los principales actores de la 4T cierren filas con ese esfuerzo. Porque, además, se correlaciona con otros casos, como el de Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal La Barredora en Tabasco cuando el actual coordinador de Morena en el Senado era gobernador.
Cerrar filas y, al menos, que los principales personajes de la 4T reafirmen la disposición a combatir la corrupción y, en su caso, someterse a las investigaciones que sean necesarias. Que depongan la recurrencia a defender a ultranza, a personajes sobre los que recaen sospechas fundadas, a fin de no obstruir las acciones anticorrupción impulsadas por la Presidenta.
