Por: José Reyes Doria (@jos_redo)
En la práctica y en el discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ejercido el poder con un marcado estilo de confrontación. El Presidente ha buscado, con toda la fuerza de su palabra y su acción, contrastar al máximo el proyecto de la llamada Cuarta Transformación contra los regímenes del PRI y el PAN, intensificando la polarización hasta niveles de tensión que en ocasiones parecen desbordarse. Sin matices, López Obrador ha estigmatizado al PRI, al PAN, a los expresidentes, a los líderes políticos de la oposición, a los órganos autónomos, a ciertos grupos empresariales, a la mayoría de los medios de comunicación, a diversas organizaciones sociales, a la iglesia católica, y en general a todos los actores y sectores que no manifiestan expresamente su apoyo a la 4T.
La fórmula es muy sencilla, los adversarios los “conservadores”, pertenecen a una oligarquía corrupta, mentirosa, mafiosa, elitista, clasista, entre otros señalamientos. Todas las acciones, todas las críticas, todas las propuestas que hacen los “conservadores”, dice López Obrador que tienen como único propósito restaurar el régimen de corrupción, privilegios e impunidad. La descalificación es absoluta, si usamos una metáfora de guerra, diríamos que la estigmatización presidencial no toma prisioneros.
El discurso político es en ocasiones altamente agresivo, sobre todo contra ministros de la Corte, consejeros del INE y del INAI, periodistas y medios, organizaciones feministas, grupos ambientalistas, legisladores y gobernadores de oposición, madres buscadoras de desaparecidos, madres de niños con cáncer, madres que condenaron la desaparición de estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, entre muchos otros actores. En numerosas ocasiones, las descalificaciones del Presidente han llegado a la ruptura de la interlocución institucional.
En las acciones políticas, también ha sido frecuente el estilo de confrontación. Como en los recortes presupuestales a programas o sectores adversarios, o las acciones con dudoso sustento legal-constitucional. También, la aprobación de reformas legislativas con el respaldo de la mayoría de Morena en el Congreso, pero que son contrarias a la Constitución y tensar la liga hasta que la Corte declara inconstitucional las medidas y recibe ataques fulminantes.
Otro tipo de acciones, como la extinción de fideicomisos y utilización de esos fondos multimillonarios, la cancelación de obras como el Aeropuerto de Texcoco, entre otras, se implementan sin negociación con los sectores involucrados y se acompañan con la retórica de satanizar a aquellos que las critican, tachándolos hasta de traidores a la patria.
El esquema ha tenido una enorme eficacia, a juzgar por el nivel de rechazo que cargan los actores señalados por AMLO, así como la popularidad invencible de la que goza el Presidente y las apabullantes preferencias de voto por Morena de cara a las elecciones de 2024. Sin embargo, la política basada en la exacerbación del conflicto y la descalificación absoluta de los adversarios, inevitablemente trae consigo exclusiones, maltratos, ánimos de revancha y deseos de reconfiguración de los equilibrios, tanto dentro como fuera del bloque gobernante.
Existe una gran variedad de testimonios respecto a la forma en que el Presidente dirige a su gabinete y cercanos. No acepta cuestionamientos, sus instrucciones deben cumplirse sin chistar, aunque la acción dictada no caiga dentro del ámbito de competencia legal del funcionario en turno. Por ejemplo, a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, le encargó limpiar de corrupción al ISSSTE. En este caso, la titular de la SSPC asume funciones para las que no está facultada e incurre en faltas administrativas graves por ello, además suma una nueva presión y se expone a sanciones y regaños presidenciales si no hace bien su trabajo. En cuanto al titular de la Secretaría de la Función Pública, el agravio es evidente, pues el Presidente está diciendo públicamente que no confía en él para limpiar al ISSSTE, y legalmente, en un momento dado, el titular de la Función Pública sería el responsable-cómplice si no se detecta y castiga la corrupción.
Por su parte, el director del ISSSTE, queda exhibido a tres fuegos, pues el Presidente lo balconea al decir que hay corrupción en su dependencia, la titular de la SSPC se le va a lanzar con todo, y también recibirá en su momento la fiscalización con lupa de la SFP, pues ésta querrá encontrar a toda costa evidencias de corrupción como quiere el Presidente. Este galimatías no es anecdótico, AMLO lo ha implementado en múltiples ocasiones: el Canciller atendiendo problemas de migración y de vacunas; los titulares de SEDENA y Marina atendiendo seguridad pública, aduanas, trenes, hoteles, aeropuertos y obras públicas; la titular de Gobernación como florero, sin poder real, pero responsable legalmente de sus omisiones; la titular de Energía metiéndose en temas de Pemex, los superdelegados condicionando a los gobernadores; las titulares de Bienestar y de Educación, teniendo que tragar sapos y justificar decisiones impopulares como la eliminación de los programas de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.
Cuando estas instrucciones del presidente no avanzan, AMLO no ha tenido empacho en regañar y descalificar públicamente, en las mañaneras, a los secretarios de Estado, directores o hasta gobernadores. Cuando alguna reforma aprobada en el Congreso recibe repudio de la opinión pública, el Presidente descalifica a los legisladores de su partido y dice que él no sabía de esa reforma, a pesar de que la Consejería Jurídica de la Presidencia y Gobernación saben día a día lo que se discute y vota en el Congreso.
En este contexto, y en cierto sentido, podemos observar visos de ruptura en la figura de Marcelo Ebrard. Otras inquietudes y agravios se verán potenciadas por la dura disputa por las candidaturas a las gubernaturas y al gobierno de la Ciudad de México; este último caso es paradigmático, pues el encono con el que algunos sectores de la 4T están atacando la candidatura de Omar García Harfuch, seguramente dejara un río de agravios y rencores que harán indispensable el despliegue de una política más incluyente y más propicia a los consensos en el próximo gobierno.
No calificamos si este estilo del Presidente es bueno o es malo. En términos generales, los Presidentes anteriores ejercieron su poder de forma más o menos similar, aunque no todo el tiempo y no contra todos los adversarios; y en el caso de AMLO, la vena beligerante es superlativa, permanente y prácticamente contra todos sus adversarios y críticos. Por lo tanto, es más útil indagar si ese estilo político es efectivo y funcional para realizar las prioridades de su proyecto.
Diversos observadores han sostenido que el estilo político beligerante del López Obrador, ha sido condición necesaria para posicionar su gobierno y hacer realidad los ejes cruciales de su proyecto; que la descalificación virulenta y la satanización de cualquier crítica, eran indispensables para que AMLO implantara la 4T, vencer las resistencias del viejo régimen. También hay quienes piensan que, dada la popularidad, la legitimidad y el poder del Presidente, no necesitaba desplegar una política de aplastamiento total de sus adversarios; que podría haber sido igual de efectivo su gobierno con una política de diálogo y conciliación.
Lo que sí se observa es la necesidad de una política de despresurización en el próximo gobierno de la República. El cambio de poderes hace aflorar inconformidades, agravios, rencores, rebeldías; y exigencias de un nuevo arreglo político, un nuevo trato y equilibrios más incluyentes. Muchos, dentro del oficialismo, pero también desde la oposición partidista, social, empresarial, mediática, feminista, ambientalista, exigirán al nuevo gobierno un nuevo estilo de ejercer el poder y nuevos procesos de construcción de las decisiones fundamentales.
De acuerdo con las tendencias posicionamientos políticos, el escenario más probable es que Claudia Sheinbaum sea la próxima Presidenta de México. De entrada, por la obviedad de que es una personalidad distinta a AMLO, es esperable un cambio en el estilo de gobernar. Claudia pudo observar en la definición de su candidatura, cómo se condensaron diferentes enconos y desequilibrios; en la Ciudad de México, está observando cómo, desde el oficialismo, están tratando de tumbar su propuesta de Omar García Harfuch. Más allá del desenlace de la candidatura capitalina, es evidente la necesidad de que, desde ya, Claudia empiece a proyectar una política de diálogo, reconciliación, construcción de consensos para legitimar y potenciar las decisiones trascendentes, tanto al interior del oficialismo como fuera de éste.
AMLO no llegó al poder por una revolución armada, como sí ocurrió en la Independencia, la reforma y la Revolución. Llegó a través de una institucionalidad republicana democrática, donde todos los ciudadanos tienen derechos y libertades que deben ser respetadas. No es que López Obrador impida o cancele esos derechos y libertades, pero todo proyecto legítimo de transformar y reformar podría obtener mayor legitimidad, funcionalidad y estabilidad si se omite la descalificación apabullante de opositores y críticos.
De este modo, Claudia tiene el reto de implementar una nueva política para mantener cohesionada a la familia de la 4T y restablecer la interlocución y los consensos sociales rotos. La oposición política y los sectores que representa, las organizaciones sociales no alineadas al oficialismo, pequeños y medianos empresarios, entre muchos otros actores, son voces indispensables para cualquier proyecto incluyente. Los grupos marginados y agraviados en el interior del oficialismo también requieren una política de inclusión. Un gran poder, implica la tentación de ejercerlo a rajatabla por encima de todo. Pero en la comunidad política y social no todos los que se oponen son traidores a la patria; y no todos los que apoyan son puros o encarnaciones del pueblo: asumir esto con mirada de estadista, es el camino que todos queremos que se siga en el próximo gobierno de México.
