Por José Reyes Doria | @jos_redo
La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum afirmó que Morena no debe convertirse en un partido de Estado al estilo del PRI en el siglo XX. Sin embargo, el reto de la futura Presidenta y los liderazgos de Morena es formidable: ¿cómo evitar que el partido se convierta en un apéndice del gobierno sometido a la voluntad presidencial; cómo impedir que se confunda con las estructuras y los servidores públicos del Estado?
El desafío será colosal, dada nuestra cultura política que privilegia la concentración y centralización del poder en torno a la figura de la Presidencia de la República. El culto al poder y a la personalidad poderosa está profundamente arraigado en nuestra conciencia histórico-política. Desde Santa Anna hasta Porfirio Díaz, en el siglo XIX, Juárez incluido, la aureola del Caudillo lograba la sumisión, muchas veces voluntaria, del resto de los poderes.
En el siglo XX, tuvimos setenta años de un régimen autoritario, articulado en torno a un Presidente con facultades metaconstitucionales, al cual se sometían en lo esencial el conjunto de poderes, intereses y grupos. A diferencia del siglo XIX, el régimen posrevolucionario creó su Partido político para organizar la distribución de parcelas de poder y lograr la transmisión sexenal del poder presidencial de forma pacífica. En efecto, el PNR-PRM-PRI no fue creado para competir y ganar elecciones, sino como instrumento del régimen para hacer eficiente el mandato del Presidente.
Por ello, el PRI estaba sometido al titular del Ejecutivo Federal. La dirigencia partidista la palomeaba el Presidente de la República. Las decisiones fundamentales del PRI las tomaba el Presidente, muchos líderes priistas saltaban de un día a otro, literal, de la dirigencia partidista al gabinete o al Congreso. Hubo varias ocasiones en que el Presidente realizaba enroques directos entre la presidencia del partido y una Secretaría de Estado. El PRI también era dúctil a los intereses y proyectos que abanderaba cada nuevo Presidente de la República, incluso en términos doctrinarios e ideológicos, llegando al extremo de proclamar el nacionalismo revolucionario y después la educación socialista y después el desarrollismo y después el neoliberalismo.
Por eso, el régimen priista fue caracterizado como una monarquía sexenal por Daniel Cosío Villegas. Para Octavio Paz fue el Ogro Filantrópico, para Mario Vargas Llosa el régimen autoritario mexicano era la Dictadura Perfecta. En estas definiciones el PRI era un elemento central, era el Partido de Estado, porque, además de lo antes señalado, el arreglo político-legal-estructural estaba diseñado para que siempre ganara las elecciones, que no hubiera competencia real, ni crítica, ni oposición social, ni sindical o empresarial. Las elecciones las organizaba el propio gobierno, bajo la supervisión del Presidente.
Todos sabemos que el PRI se rompió en 1988, perdió el poder presidencial en el año 2000 y está al borde de la extinción en 2024. Pero el priismo como cultura política autoritaria, como expresión vertical propensa a someterse al Presidente, nunca se ha ido, al menos no del todo. En los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, prácticamente no se tocaron los resortes esenciales del autoritarismo priista, aunque la figura del Partido de Estado sí fue desterrada, pues el PAN nunca se propuso serlo, ni acumuló poder para ello. En 2012-2018, el PRI volvió al poder, pero ya no habían condiciones para restaurar el régimen del Partido de Estado, ni le interesó eso a la camarilla encabezada por Enrique Peña Nieto. Tal parece que el priismo solo volvió para saquear lo que quedaba.
Pero en 2018, y sobre todo en 2024, Morena, con Andrés Manuel López Obrador como líder incuestionable, ganó y refrendó la Presidencia de la República, con una fuerza político-electoral avasalladora. El potente posicionamiento político del obradorismo ya lo conocemos: mandato electoral arrollador del 60% para Claudia Sheinbaum, mayoría calificada de dos terceras partes en el Congreso, el 80% de las gubernaturas, enorme credibilidad y legitimidad. Todo esto, aunado a la debilidad extrema de la oposición partidista.
Todo lo anterior, expuesto a groso modo, es de gran utilidad para contextualizar la proclama de Claudia Sheinbaum, en el sentido de que no quiere que se reedite la figura del Partido de Estado con Morena; y ayuda a entender también por qué evitarlo representa un reto de grandes dimensiones. Las inercias son muy poderosas. Por ejemplo, esta declaración de la futura Presidenta se produjo como respuesta a la pregunta sobre la posibilidad de que Luisa María Alcalde, actual Secretaria de Gobernación, se convirtiera en la presidenta de Morena, como tal parece que ocurrirá, pues cada vez son más evidentes los indicios de ese enroque.
De ser así, estaremos presenciando algo típico del priato: la titular del cargo político más importante del gobierno federal, pasa, sin escalas, a ocupar la presidencia del partido gobernante. A la vez, con el nombramiento de los integrantes de su gabinete, Claudia Sheinbaum realizó el mismo acto, pero a la inversa: nombró al presidente del partido oficial como titular de la estratégica Secretaría de Educación Pública. Ya lo dijimos, ante tanto poder acumulado es muy complicado evitar que se confundan o sobrepongan los límites entre Gobierno y Partido. De pronto, las decisiones, los nombramientos, van de un ámbito a otro sin reparar en mayores consideraciones.
Estos intercambios directos entre Gobernación, SEP y Morena, no constituyen por sí solos la consolidación de un nuevo régimen de Partido de Estado, ni mucho menos. Pero sí es expresión de un proceso casi natural, donde los cuadros, los funcionarios, los operadores, los titulares de las dependencias públicas pasan incesantemente al partido y viceversa. De nuevo: cómo controlar eso, en un contexto donde la nueva clase política empoderada considera que sus méritos político-electorales merecen cargos destacados en el gobierno.
Como en el período 1929-1988, las carreras políticas solo son posibles, o casi, a través de Morena, como antes en el PRI. En el contexto de una visión política donde se llega a estigmatizar la formación profesional, la tecnocracia y la carrera en el servicio público, se fortalece la perspectiva de acceder a los cargos gubernamentales a través del partido oficial consiguiendo candidaturas, acreditando militancia, desplegando disciplina y lealtad a los liderazgos. Estas dinámicas y circunstancias pueden, como ocurrió con el PRI en su momento, potenciar al máximo las tendencias que ya vimos en el sexenio de AMLO: obediencia absoluta del Partido al Presidente.
Pero las condiciones políticas, culturales, globales, sociales, tecnológicas, institucionales, legales, son distintas ahora respecto al período 1929-2000 en que se materializó el régimen de Partido de Estado. Esto es determinante, aunque el régimen ahora tenga mayoría calificada para cambiar la Constitución y orientarla a consolidar su hegemonía. Es decir, para que se llevara a cabo un regreso al régimen del Partido de Estado, tendrían que desmontarse ciertas estructuras constitucionales e institucionales, como la legislación electoral, los organismos electorales autónomos ciudadanizados, los órganos de defensa de los derechos a la información, a la organización, entre otros. El actual régimen, con su mayoría calificada, podría emprender estos cambios, pero es difícil pensar que la Presidenta Claudia Sheinbaum, formada en las luchas de la izquierda social estudiantil, tenga tales propósitos.
Hay otras posibilidades, importantes, que también podrían influir en la evolución de Morena respecto a su relación con la Presidenta de la República. Como decíamos, si bien en las elecciones del pasado 2 de junio, se verificó un apoyo aplastante al régimen obradorista-claudista, lo cierto es que existen diversos focos sociales, tanto de derecha como de izquierda, pero sobre todo plurales, que mantienen perspectivas críticas respecto al accionar del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Esto no es cosa menor, pues puede influir en la actitud de los liderazgos morenistas en el sexenio 2024-2030, que debe ser el sexenio de la definición de su naturaleza y su relación con la Presidencia. Porque Morena ahora es muchos Morenas. Está el Morena del Congreso, donde cuentan con mayoría calificada en combinación con sus aliados del PT y el Partido Verde. Los legisladores morenistas entran a una tercera Legislatura con mayoría absoluta y ahora además con mayoría calificada, muchos de ellos beneficiarios de la reelección consecutiva que les ha otorgado experiencia, visión y relaciones.
Tienen en sus manos decisiones cruciales (presupuesto, reformas constitucionales, fiscalización), lo cual les abre la posibilidad de construir espacios de cierta autonomía soberana respecto al Presidente; no lo hicieron ante AMLO, pero tal vez sería benéfico si lo ensayan en el sexenio de Claudia, lo cual convendría a ambos desde la perspectiva de la gobernabilidad republicana.
También está el Morena de los gobernadores. Son 25 de 32. En el sexenio de AMLO se realizaron reformas y cambios institucionales que centralizaron férreamente numerosas atribuciones de los gobiernos estatales. Recursos para salud, educación, seguridad, fueron reasignados de los estados a la Federación. Solo algunos gobernadores de oposición, de los pocos que quedan, objetaron algunas de estas medidas. Pero la política es local, y la continuidad de la hegemonía de Morena en las gubernaturas abre la posibilidad a que puedan armar estrategias para, dentro y fuera del partido oficial, ganar espacios de autonomía ante la Federación.
Y desde luego, está el Morena Morena, es decir, el partido. El poder obtenido es inmenso. Las tendencias naturales de los partidos, sobre todo los partidos con tanto poder, es a generar élites y dirigencias fuertes que van ganando influencia en el aparato del partido. Por el momento, las dirigencias que ha tenido Morena no han transitado hacia un enfrentamiento con el liderazgo de AMLO, aunque se han registrado algunos conflictos. Pero ahora que viene la sucesión en la presidencia del partido, es posible que afloren propuestas de democratizar el proceso, de debatir propuestas, de revisar la situación del partido respecto a sus relaciones con otros poderes, incluido el poder presidencial.
Sí, es de gran importancia que la futura Presidenta se posiciones claramente contra un régimen de Partido de Estado. Sin embargo, habrán de librarse varias batallas en la ruta de la definición estratégica del gran poder que acumula el nuevo partido oficial.
