José Reyes Doria | @jos_redo
Del famoso decálogo que propuso la Presidenta Claudia Sheinbaum a Morena, el punto número 5 es el más significativo: “No a un partido de Estado. El gobierno de la república cumple sus tareas para la transformación del país y el partido cumple las suyas.” El exhorto es categórico. El resto de los mandamientos del decálogo son de orden moral, que difícilmente modificarán de forma sustancial las dinámicas y comportamientos de la clase política.
En el priismo clásico, el PRI fue caracterizado como un Partido de Estado. En términos generales, los rasgos de esa figura política consisten en el casi monopolio del Partido respecto al acceso a los cargos de elección popular y, de hecho, de acceso al poder. También, dominio absoluto del Poder Legislativo, los gobiernos estatales, los congresos locales, las alcaldías y todos los espacios de poder político.
El Partido de Estado absorbe la diversidad social. Las personas y grupos sociales que piden, demandan, exigen o luchan por obtener apoyos y justicia, son orillados a alinearse a las estructuras del Partido que les ofrece soluciones a través de sus vasos comunicantes con los gobiernos. El PRI encapsuló a los trabajadores en la CTM, a los campesinos en la CNC, a los diversos sectores y movimientos populares y urbanos los agrupó en la CNOP. Estos “sectores” canalizaban la inconformidad social por la vía partidista, facilitaban el mantenimiento de la estabilidad social, y aligeraban las presiones sobre el gobierno y el Estado.
El esquema contemplaba canonjías y candidaturas a los líderes de las organizaciones, sindicatos, grupos y gremios. Pero valía el costo, porque así se sostenía la gobernabilidad y la “paz social” que tanto vendía el priismo como máximo bien a proteger entre todos.
El gobierno de la República llegó a tener una interacción tan intensa con el PRI, que en un momento dado ya no se sabía dónde empezaba y dónde terminaba el ámbito de uno u otro. Las políticas, los programas, las dependencias, solian estar alineadas al programa y al discurso del Partido, y viceversa. Llegaron a ocurrir movimientos donde el Presidente de la República realizaba enroques entre el titular de una secretaría de Estado y la presidencia del PRI.
Una de las máximas expresiones del Partido de Estado era la maquinaria electoral que conformaban el PRI, el gobierno de la República, los gobiernos estatales, las alcaldías, las corporaciones, los medios de comunicación y demás actores. La maquinaria era invencible, porque, además, las elecciones las organizaba el propio gobierno.
Pero este modelo de dominación necesitaba un Líder, una Autoridad máxima, que fungiera como árbitro, jefe y garante del funcionamiento de la maquinaria. Porque la disciplina ante la distribución de poder y privilegios, sobre todo cuando a muchos no les tocaba nada o les tocaba poco, tenía que garantizarse. Para que aquellos que no salían beneficiados del reparto del poder no generaran conflictos o rupturas, era necesario un Tlatoani que les garantizara que a la próxima “les tocaría a ellos y a sus grupos”.
De esta forma, en el priismo clásico el Presidente de la República era también el jefe incuestionable del Partido. De esta forma, la maquinaria podía contar con la disciplina y la obediencia de legisladores, gobernadores, dirigentes del Partido, líderes sindicales, dirigentes campesinos, organizaciones, ministros; al menos en los asuntos estratégicos del régimen, pues el pacto incluía dejar hacer y dejar pasar las transas de los integrantes de la familia revolucionaria.
Claro, la regla de oro del sistema priista de Partido de Estado, era que el Presidente de la República se retirara absolutamente de la política una vez terminado su mandato. Dado el poder enorme que tiene la Presidencia, tanto en términos constitucionales como metaconstitucionales, la única limitante a su dominio era el tiempo de duración de su gobierno, un sexenio. Ya habían pasado los tiempos de Plutarco Elías Calles, quien, como fundador del Partido quería seguir mandando indefinidamente, y eso le costó el destierro.
Pero la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que se reedite el Partido de Estado. Por lo tanto, exhorta a que el régimen se base en un sistema de partido hegemónico, donde el Partido, Morena, asuma y desempeñe solo las tareas que le son propias, sin inmiscuirse en el gobierno; y que el gobierno desarrolle sus funciones sin tratar de determinar las decisiones del Partido.
Aquí cabe una pregunta que se han hecho muchos estudiosos de los sistemas políticos: aunque no se busque establecer un sistema de Partido de Estado, ¿la relación Gobierno-Régimen-Partido, requiere de un Liderazgo Incuestionable, un Factótum que sería la Presidencia de la República?
En mi opinión, sí se requiere de un liderazgo político sólido, reconocido por el partido gobernante, y ese liderazgo debe ejercerlo la Presidenta de la República. Claudia Sheinbaum lo sabe o lo intuye fuertemente, por eso, en su decálogo dirigido a Morena, donde rechaza el Partido de Estado, dice que “Para ello nuestro partido debe fortalecerse sin caer en corporativismos. La organización es para la transformación. La fuerza de Morena es la organización desde abajo.” Son líneas insuficientes para vacunar a la 4T contra la fusión Partido-Estado, pero reflejan una genuina postura de la Presidenta a favor de evitar este tipo de estructuración política que, inevitablemente, tiende al autoritarismo extremo.
La consolidación de la hegemonía de Morena, lo cual implica definitivamente la construcción de las coordenadas políticas del nuevo régimen, sí requiere de un liderazgo fuerte, reconocido por toda la clase política morenista y por la clase política en general. Como hemos dicho en otras ocasiones, ese papel solo lo puede jugar la Presidenta de la República. Otra figura que puede ejercer ese liderazgo, y de hecho lo ejerce en parte, es el líder histórico Andrés Manuel López Obrador, pero dar continuidad abiertamente a ese dominio, inevitablemente generaría dinámicas de inestabilidad política porque es imposible su coexistencia con un poder inmenso constitucional como lo es la Presidencia de la República.
Pero el hecho es que hoy, Claudia no es la jefa de Morena. Tampoco lo es López Obrador, porque el inmenso poder que ha acumulado la 4T ha impulsado grupos y liderazgos con suficiente influencia como para no plegarse totalmente al fundador, ni a la Presidenta.
Esto lo podemos observar en muchas pistas. En el Partido, la figura que parece tener más poder es Andy López Beltrán, hijo de AMLO; es decir, el ex presidente decidió que tenía que hacer presencia física a través de Andy, porque su mero nombre no garantizaba ya el control del Partido. Pero está también la presidencia formal de Morena, que tiene algo de influencia y puede operar con otros actores partidistas y con la Presidenta. Los grupos parlamentarios en el Congreso, con Ricardo Monreal en San Lázaro y Adán Augusto López en el Senado, son factores de gran peso en el Partido, que han dado muestras de que pueden moverse sin alinearse del todo a AMLO, ni a Claudia, ni al Partido.
Otro enorme foco de poder es el de los gobernadores, quienes poco a poco se van asentando en sus feudos y en breve tiempo comenzarán a hacer valer las cuotas de poder que creen merecer; y su influencia en el Partido es creciente, sobre todo en lo local. Y ahí vienen los sindicatos, como el SNTE, y otras organizaciones, que desde ya están vendiendo caro su fuerza corporativa para ser protagonistas destacados en la consolidación del nuevo régimen. La organización desde abajo que quiere Claudia, cada vez es más relegada, el pueblo raso no accede al poder, sino que van ganando terreno, cada vez más, personajes con recursos que “apoyan al movimiento”, aunque sean impresentables.
La conducción del Partido y del Movimiento, entonces, sí requiere un eje incuestionable, y no hay más que la Presidenta. De otro modo, se abriría la puerta a la fractura y a la inestabilidad. Para la amplia familia de la 4T, ello implicaría el riesgo de divisiones que pongan en riesgo su posicionamiento político electoral. Si bien no hay oposición fuerte, una fractura interna podría desgarrar la unidad y daría paso a otro régimen. Igualmente se incrementarían los riesgos de que los poderes económicos y criminales capturen al Partido.
Y, finalmente, esos conflictos y fracturas serían cosa de las élites del Partido y del poder, ellos sabrán si les conviene o no. Lo delicado, y que requiere de la decisión y visión de la Presidenta, es que si se generan esos escenarios de ruptura e inestabilidad dentro del Partido y el bloque gobernante, esas inercias permearían al conjunto de la vida nacional y perjudicarían no solo al Partido y al régimen, sino que afectarían la gobernabilidad y el desarrollo de todo el país. De ahí que, definitivamente, la Presidenta tendrá que actuar también como jefa política e imprimir su visión en la estructuración del nuevo régimen.
