03 de septiembre de 2026.- Los teléfonos celulares de Sergio Carmona Angulo, conocido como el “Rey del Huachicol” y asesinado en 2021, son analizados por autoridades de Estados Unidos debido a mensajes que presuntamente documentan acuerdos con políticos y operadores de Nayarit durante las elecciones de ese año. La investigación señala que los recursos habrían sido entregados a cambio de beneficios posteriores relacionados con contratos de obra pública.
De acuerdo con la información difundida por el periodista Víctor Hugo Arteaga y retomada por distintos medios, entre las conversaciones aparecen referencias a candidatos que participaron en los comicios de 2021, incluida una candidata a la alcaldía de Bahía de Banderas y un aspirante a una diputación que posteriormente llegó a gobernar ese municipio. También aparecen menciones al actual gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, aunque los mensajes, por sí mismos, no representan una determinación judicial sobre su responsabilidad.
Los registros bajo análisis también apuntan a reuniones realizadas antes de las elecciones. Una de ellas habría ocurrido en marzo de 2021 en Punta Mita, donde presuntamente se habló sobre candidaturas y financiamiento de campañas. Otra reunión habría tenido lugar en un restaurante de la zona, y según los testimonios citados en la investigación, se habrían planteado aportaciones de hasta 30 millones de pesos.
La investigación también busca determinar si esos presuntos acuerdos tuvieron relación con contratos otorgados después de los comicios. Según la información difundida, empresas vinculadas con familiares y socios de Carmona habrían recibido más de 100 millones de pesos en contratos gubernamentales. Otra investigación publicada sobre el caso señala específicamente tres contratos en Nayarit por más de 137 millones de pesos, incluido uno superior a 117 millones relacionado con el Hospital de la Mujer.
El origen de los recursos y una eventual relación entre el supuesto financiamiento electoral y los contratos públicos continúan bajo investigación de autoridades estadounidenses. Los teléfonos fueron entregados después del asesinato de Carmona y son sometidos a análisis de mensajes, contactos, documentos y movimientos. Hasta ahora, los señalamientos forman parte de una investigación y no constituyen por sí mismos una resolución judicial ni acreditan responsabilidad penal de los políticos mencionados.
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