La batalla contra la empresa extranjera se inició en 2015, cuando la multinacional firmó un contrato con las autoridades locales de ese entonces. Desde ese momento, organizaciones civiles y defensores de la tierra pelearon por el agua de Mexicali.
Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).– La Constellation Brands, que decidió instalarse en el norte de México en donde no hay agua y a pesar de las protestas de productores y ciudadanos, ha decidido trasladar su negocio hacia el sur del país.
La cervecera consiguió un permiso con autoridades del Partido Acción Nacional (PAN) para instalarse en Baja California, donde no hay agua. Durante tres años consecutivos, ciudadanos y ambientalistas se opusieron a su proyecto, pero aún así la empresa inició la construcción de una fábrica de cerveza.
Constellation Brands, que aunque compró marcas mexicanas es una compañía extranjera, quería gastarse 20 millones de metros cúbicos de agua al año en Mexicali, donde este recurso es escaso incluso para las actividades que ya existen. Alfonso Andrés Cortez Lara, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, dijo que, de dejarla funcionar, la cervecera consumiría 44 por ciento de las reservas de agua en Mexicali.
Mexicali dijo NO a la construcción de la planta por medio de una consulta ciudadana convocada por el Gobierno federal entre el 21 y 22 de marzo de 2020. Y 27 mil 973 pobladores, de 36 mil 781 que acudieron a votar, frenaron un proyecto que ya iba avanzado. El mismo Presidente de México dio a conocer que esa era la decisión de los pobladores y que sería respetada.
The Wall Street Journal dice hoy que la cervecera que produce Corona para consumidores estadounidenses, “acordó construir una fábrica de cerveza en el sureste de México, según funcionarios mexicanos”.
El diario dice que fue “dos años después de que el gobierno nacionalista ordenó el cierre de una planta de 1.4 mil millones casi terminada cerca de la frontera de México con Estados Unidos”.
“Se espera que la compañía y el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncien la construcción de la nueva fábrica de cerveza a principios de esta semana, con una inversión de alrededor de 1.3 mil millones [de dólares], dijo una persona familiarizada con los planes”, agrega WSJ.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo, después de la cancelación, que la decisión “de la administración de López Obrador” significaba “un duro golpe a la confianza en el mandatario”.
“El Gobierno ‘está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros y derruir empleos’, denunció el CCE, órgano autónomo que representa al sector empresarial de México en un comunicado.”
En su comunicado, el CCE destacó que la decisión de negar los permisos subsecuentes a la empresa “es arbitraria, autoritaria y unilateral” además de que violenta la legalidad y el Estado de Derecho, daña a la comunidad y a los trabajadores.
“Es una pésima señal hacia la sociedad y el mundo de que las reglas democráticas no se respetan en México”, argumentó el organismo que consideró que el Gobierno está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas de México y de otros países.
Agregó que “se trata de una inversión privada y extranjera, que tenía todos sus permisos en regla y que estaba en proceso avanzado de concluirse. La decisión es también violatoria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el futuro TMEC”.
En febrero de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 1/2020, en la que concluía que la planta cervecera ponía en riesgo el acceso al agua de la población y de los agricultores del Valle de Mexicali.
Y desde antes, miles de ciudadanos decidieron decirle no a la empresa y se movilizaron, incluso antes de que López Obrador llegara a la Presidencia.
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