CDMX: ¿una ciudad extorsionada? Autor: Venus Rey Jr.

Hay una escena del film El Padrino II en la que Vito –es decir, el mismo Padrino, pero cuando es niño– es llevado por su madre ante el capo de la mafia en el pueblo de Corleone. El mafioso ha asesinado al padre y al hermano mayor de Vito, porque no pagaron la extorsión. La madre pide clemencia para su hijo pero el capo, temiendo una futura venganza, no la concede. De manera desesperada, la madre de Vito logra prender al mafioso y lo amenaza con un cuchillo mientras el niño escapa. Los guardias del capo asesinan a la madre y Vito logra huir. Esa misma noche los hombres del capo pregonan en la plaza de Corleone que Vito debe ser entregado: el capo “agradecerá” a quien lo entregue; quien proteja al niño será “ajusticiado”. El capo de Corleone, don Ciccio, es el poder fáctico de la región: ahí no existe el gobierno italiano ni el gobierno de Sicilia: ahí sólo existe el gobierno del capo, como sucede hoy en tantas regiones de nuestro país, y como podría suceder en la Ciudad de México si no se actúa inmediatamente con energía, eficacia, contundencia y efectividad contra la extorsión. La política debe ser de cero tolerancia.

Según el Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México, publicado por la Procuraduría General de Justicia (que en unos días más se convertirá en Fiscalía General de Justicia), el delito de extorsión ha registrado un incremento muy importante. Los datos publicados en este boletín señalan que en el periodo que va de enero a noviembre de 2019 (aún no se computa diciembre), la Procuraduría capitalina conoció 813 casos de extorsión y 2055 de tentativa de extorsión. El boletín indica que en el periodo enero-noviembre de 2018, los registros fueron 486 casos de extorsión y 1409 casos de tentativa de extorsión. Estos números señalan que el incremento de la extorsión en 2019 fue de 67,28%, y de 45,84% para la tentativa.

No es válido argumentar, como en ocasiones se ha argumentado, que antes se “maquillaban” las estadísticas, o que ahora la gente sí confía en la nueva administración, y por eso acude a denunciar. Argumentos de esta precariedad estructural revelarían cierto cinismo.

La extorsión es un delito que afecta gravemente las cadenas económicas y que genera psicosis social. Cuando los criminales abordan un establecimiento mercantil para exigir “derecho de piso”, se genera un sentimiento de total indefensión y zozobra, no sólo por parte del dueño o encargado del negocio, sino también en toda persona que se entera del suceso. La víctima de extorsión se descubre vulnerable y sabe que tanto su patrimonio como su vida están en riesgo. No importa si la extorsión es bluff puro e inocuo, la víctima la percibe como un peligro letal.

Decir “derecho de piso” es un eufemismo, porque no es un “derecho”. Al contrario, es lo más opuesto a un “derecho”, en sentido subjetivo, porque se trata de una arbitrariedad, un atropello. No sé de dónde provenga el término. No creo que del “pizzo” italiano, que era lo que los mafiosos recaudaban en los comercios de las poblaciones de Sicilia, Calabria y Campania. No creo que la mente de los mafiosos de nuestra ciudad llegue a tanto. Tal vez para ellos sí se trate de un verdadero “derecho” y eso acentuaría aún más la maldad y distorsión de sus estructuras mentales. Las cosas por su nombre: no es “derecho de piso”, sino vil extorsión.

Se sabe que en la Ciudad de México operan varios grupos criminales, a pesar de la negación sistemática de Miguel Ángel Mancera en el sentido de que en nuestra ciudad no existían los cárteles ni el crimen organizado. Las organizaciones criminales se han diversificado: no sólo se dedican a los narcóticos, sino también a la trata de personas, el secuestro, la extorsión. Este último delito les está resultando particularmente redituable. La autoridad sabe qué grupos están extorsionando y en qué sectores de la ciudad. Vaya, hasta existen mapas de incidencia delictiva. Sabe la autoridad que en el corredor Condesa-Roma, en la zona de Polanco, en las colonias Centro, Obrera, Juárez y Doctores, operan los extorsionadores y que la alcaldía Cuauhtémoc es la más afectada de todas. Hasta saben las “rutas de la extorsión” en calles del Centro, como República de Colombia, República de Brasil, República de Paraguay, etcétera. Sabe nuestra autoridad quiénes son los extorsionadores. Y si todo eso se sabe: el quién, el dónde, el cuándo, el cómo, ¿por qué persiste la extorsión? Existen sólo dos posibles respuestas: porque la autoridad es incompetente y ha quedado totalmente rebasada, o bien porque la autoridad está en colusión con los criminales. Cualquiera de las dos respuestas sería inaceptable.

Claudia Sheinbaum ha reculado en su estrategia. Destituyó a un secretario de Seguridad que no hizo nada. Me refiero a Jesús Orta. Durante los diez meses que estuvo en el cargo, hubo un incremento en la incidencia delictiva de nuestra ciudad, sobre todo en los delitos de alto impacto. Afortunadamente Sheinbaum nombró a una persona que goza de amplio prestigio en el área de Seguridad Pública: Omar García Harfuch. Si bien algunos lo relacionan con Genaro García Luna –en aquellos tiempos, García Harfuch era un hombre muy joven, en sus veintes–, no hay duda de que su formación como policía ha sido muy buena.

El nombramiento de García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX demuestra que la jefa de Gobierno está verdaderamente preocupada y que está presta a atacar el problema de la inseguridad y de las mafias. Si no lo hace ahora, llegaremos a un punto en el cual el daño será casi irreversible. Si el Gobierno de la ciudad no pone un alto a las mafias ni erradica la extorsión, arribaremos a un escenario en el cual todo mundo pagará piso, hasta los boleadores de zapatos, vendedores de dulces y flores, viene-vienes, todos: no sólo los tortilleros, misceláneas y pequeños comercios, sino también los grandes negocios (¡en Guanajuato están extorsionando a los concesionarios automotrices! No queremos llegar a esos extremos en la CDMX). El caso del bar Caradura en La Condesa es preocupante. Este bar cerró sus puertas hace unos días. El Caradura publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: «Lamentablemente la situación de seguridad actual en la zona no nos permite seguir operando de una manera en la que podamos asegurar el bienestar de todos los que formamos parte de esta familia, por lo que nos vemos en la dolorosa necesidad de cerrar puertas indefinidamente.» De inmediato los medios manejaron la hipótesis de que el Caradura era un caso más de extorsión. Que se extorsione a un bar como el Caradura es un hecho que debe preocupar a todos, porque si el Caradura es “extorsionable”, entonces todo mundo es “extorsionable”. La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que no hay ninguna denuncia por extorsión de parte de este bar, ni de sus dueños, operadores o representantes, y que el cierre de sus puertas se debe a un adeudo por arrendamiento. No obstante, el twitt del Caradura deja abierta la sospecha.

Pero no importa si el cierre del Caradura no tiene que ver con extorsión. Eso no quita el incremento que este delito ha reportado: un tremendo incremento de 67,28% en 2019, es decir, durante el tiempo de la actual administración. El Gobierno de la ciudad está a tiempo de enderezar la situación. De no hacerlo, en el corto plazo el panorama podría ser insostenible y podríamos ver casos como el del Casino Royal de Monterrey, quemado por los Zetas en agosto de 2011 por no pagar la extorsión. Cincuenta y dos personas inocentes murieron esa tarde.

Los grupos que practican la extorsión lo hacen infundiendo pavor: crean un ambiente de psicosis tal que, sin duda y sin eufemismos, debe calificarse como terrorismo. Precisamente el terror hace que las víctimas paguen. Si no se genera terror, la extorsión es inefectiva. Por eso los criminales son inflexibles: o pagas o mueres. Las víctimas no saben si el extorsionador de verdad pertenece a algún cártel u organización criminal, o si se trata simplemente de un bluff, porque, hay que señalarlo, la posibilidad del dinero fácil ha causado que muchos jóvenes amenacen a los establecimientos y les exijan dinero. «Somos del Cártel Jalisco Nueva Generación», dicen, o de la Unión Tepito, o de la Familia Michoacana, sin serlo, pero eso no lo sabe ni puede saberlo la víctima.

Esperemos que las estrategias contra el crimen del Gobierno capitalino empiecen a dar resultados, y que este mismo año podamos ver un descenso en la incidencia delictiva. Si no se toman Sheinbaum y Harfuch en serio esta problemática, en cuestión de meses podríamos estar como en Tamaulipas o Guerrero. Creo que existen los elementos para que el Gobierno de la ciudad haga prevalecer el orden y la ley. Aún no es demasiado tarde. Harfuch tiene a su disposición una de las corporaciones policiales más importantes y mejor organizadas de América Latina: la policía de la CDMX. Si el Gobierno de Sheinbaum no atiende este tema, cargará con una ominosa, imperdonable e histórica responsabilidad, pero si logra poner en orden la ciudad y la convierte en un lugar razonablemente seguro para vivir y trabajar, se anotará un mérito indiscutible que acrecentará su capital político. Yo soy optimista y pienso que sucederá lo segundo.

Aprovecho para desear un feliz 2020 a todos los lectores de esta plataforma digital.

@VenusReyJr

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