Un magistrado en EE. UU. sentenció que la administración Trump incurrió en desacato al expulsar migrantes hacia un país marcado como peligroso, sin permitirles defenderse legalmente.
Anel Rangel | Quinto Poder
Una decisión de deportación ejecutada en silencio, en plena noche, desató una batalla judicial para la administración de Donald Trump. Ocho personas, entre ellas un mexicano, fueron enviadas fuera de Estados Unidos, presuntamente a Sudán del Sur, un país al que el propio gobierno califica como “no apto para viajar”. Ahora, un juez federal denuncia que la maniobra violó una orden judicial que protegía a los migrantes de ser enviados a naciones ajenas sin antes evaluar los riesgos que enfrentarían.
De acuerdo con el juez federal Brian Murphy, el gobierno republicano ignoró una orden judicial vigente al ejecutar la deportación de estas personas, supuestamente con destino a Sudán del Sur, país sumido en conflictos armados y que figura en la lista negra de advertencias del Departamento de Estado estadounidense.
La polémica surgió tras una audiencia en la Corte del Distrito de Massachusetts, donde el magistrado Murphy sentenció que las autoridades violaron un mandato que él mismo había emitido en marzo. Esta orden prohibía deportar a migrantes a países distintos a su nación de origen sin garantizarles previamente la posibilidad de presentar sus temores de persecución o tortura ante un funcionario del sistema migratorio.
DHS officials confirmed that eight individuals convicted of violent crimes were placed on a deportation flight headed to South Sudan. An order from a federal judge directed the government to "maintain custody and control" of anyone deported to South Sudan. https://t.co/87KxmqoQ63 pic.twitter.com/TPefMUHs40
— ABC News (@ABC) May 21, 2025
Ocho personas deportadas
Según los reportes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los ocho deportados provenían de Myanmar, Laos, Vietnam, Cuba, México y Sudán del Sur. Varios de ellos tenían antecedentes por delitos graves, como homicidio y agresión sexual, argumento con el que el gobierno de Trump justificó su remoción expedita del país.
La Casa Blanca no tardó en respaldar públicamente la decisión. “La administración Trump actuó conforme a las leyes al remover a criminales extranjeros peligrosos del territorio estadounidense”, dijo Abigail Jackson, portavoz de la presidencia. “No pedimos disculpas por proteger al pueblo estadounidense”.
Sin embargo, el fondo de la controversia no radica únicamente en el perfil de los expulsados, sino en la manera en la que se ejecutó la deportación. De acuerdo con el juez Murphy, los migrantes fueron informados de su salida durante la noche del lunes, fuera del horario hábil, y al día siguiente por la mañana ya estaban siendo conducidos desde un centro de detención de ICE hacia un aeropuerto en Texas. Este proceder, afirma el juez, impidió a los afectados buscar apoyo legal, comunicarse con familiares o presentar solicitudes de protección.
“Se les dio menos de 24 horas de aviso, y ninguna dentro del horario laboral”, subrayó Murphy. “Fueron colocados en un avión hacia una nación que el propio Departamento de Estado considera demasiado peligrosa como para viajar”.
No hay información completa
La falta de información sobre el destino final del vuelo ha incrementado el misterio y la preocupación. Funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han negado a confirmar públicamente si el avión aterrizó en Sudán del Sur o si los migrantes fueron enviados a otro país. Esta opacidad ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos y legisladores.
En respuesta a lo ocurrido, el juez emitió una nueva orden que exige brindar a los deportados una “entrevista de temor creíble” realizada en privado, con la posibilidad de contar con un abogado presente. Además, instruyó que estas personas deben gozar de los mismos accesos a procedimientos de protección que habrían tenido si aún se encontraran en suelo estadounidense.
Como parte de esta nueva disposición, también se estableció un plazo de 10 días hábiles a nivel nacional para que cualquier persona que enfrente una posible deportación y tema por su seguridad pueda presentar su solicitud de protección antes de ser removida del país.
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