Autonomía universitaria: Momento 1 (1986-1990). Autor: Federico Anaya Gallardo

En los últimos meses se ha discutido con ahínco, tanto en la prensa como en el foro judicial y en la palestra política, la cuestión de la autonomía universitaria. Es uno de esos temas tan recurrentes en el debate público mexicano que parecería que nada hay que agregar. Sucede que precisamente de tan trillado, es un asunto que nunca ha merecido la suficiente atención. Aparte, desde el segundo semestre del año pasado, las instituciones de educación superior (IES) de nuestro país han estado analizando y debatiendo un anteproyecto de Ley General de Educación Superior. Esta ley, de aprobarse en las cámaras federales, sería la segunda norma en la materia. La primera, que rige aún, es una muy escueta ley de coordinación del año 1978. Por ambas causas es pertinente andar de nuevo el camino trillado; pero no lo inicio en la década heroica de los 1920, cuando las universidades de San Luis Potosí, de Michoacán y la Nacional obtuvieron su autonomía. Empiezo en un momento en que los actores contemporáneos ya estaban en el escenario.

En el verano de 1986, México vivía aún bajo el viejo régimen posrevolucionario. La crisis de 1982 había roto el pacto entre gobierno e iniciativa privada, pero ésta aún no abrazaba la idea de una alternancia. El PAN apenas empezaba a ser colonizado por empresarios. En las municipales de 1983 fueron electos en Chihuahua un panista histórico (Luis H. Álvarez) y en Juárez un neopanista (Francisco Barrio). El delamadridismo concedía allí donde su viejo partido era incapaz de imponerse. En la elección federal intermedia de 1985, los priístas chihuahuenses derrotados no entendían por qué la Segob federal no los protegía “como antes”. Por eso es que en la elección de gobernador de 1986 había esperanza de una alternancia. Desencanto: no pasó. El priísta Baeza fue impuesto y el panista Barrio echado a un lado.

En este ambiente nacional, Carpizo empezaba su segundo año al frente de la UNAM. En abril de 1986 (antes del fraude en Chihuahua), propuso a su comunidad universitaria un diagnóstico titulado Fortaleza y Debilidad. En el verano (mientras ocurría el fraude en Chihuahua) rectoría y oficina del abogado general prepararon sus reformas. Parte de ellas afectaba la forma de gobierno: dar a los investigadores representación en el consejo universitario y separar de éste al colegio de directores (que eran/son la mitad más uno de los votos).

Hoy nadie recuerda esa reforma.  ¿Por qué? Porque, “por cortesía”, se le dio a conocer primero a los directores –quienes por supuesto se rehusaron a abandonar el máximo órgano de gobierno. Carpizo cedió. Las reformas presentadas al empezar el otoño de 1986 (mientras la oposición chihuahuense se lamía las heridas) no incluían cambios en la forma de gobierno universitario.

El Consejo Estudiantil Universitario (CEU) nació para detener esa reforma universitaria que culpabilizaba de todos los males al estudiantado y que mantenía los privilegios de una burocracia dorada. En otoño e invierno de 1986-1987, las y los ceuístas logramos detener la reforma carpizista y convocar a un Congreso Universitario para discutir en profundidad los problemas de la institución. La huelga triunfante del CEU obligó a la burocracia dorada a realizar dos elecciones serias, transparentes y democráticas en 1987 (comisión organizadora del congreso) y 1990 (congreso).

Pero esas elecciones eran flores de invernadero: los porros seguían sirviendo a los burócratas y manipulando las elecciones normales (para consejerías técnicas y universitarias). Otra flor: en la Facultad de Derecho, año 1988, la planilla Regeneración demostró al primer ombudsman universitario, Jorge Barrera Graf, que la elección para consejo técnico de la Facultad de Derecho había sido fraudulenta y violenta. El Defensor recomendó anular y repetir. Flor de invernadero: el director de Derecho, José Dávalos Morales, se negó a cumplir la recomendación. El primer defensor de los derechos universitarios renunció en protesta.

Aparte, el invernadero universitario era una cosa y el país otra. En 1988, el tecnócrata Salinas de Gortari recorría el país para refundar el viejo régimen y el fraude electoral del 6 de julio de 1988 aseguró que nada cambiase.

Así las cosas, el Congreso Universitario de 1990 se celebró bajo el ojo autoritario de Salinas. Hubo luces y sombras. Una luz: se acordó una reforma académica de largo vuelo. El consenso se debió, en parte, a que un sector razonable de la burocracia (en el que estaba, por poner sólo un ejemplo, Miguel José Yacamán) reconoció la necesidad de mejorar condiciones laborales al tiempo de exigir calidad al cuerpo académico. Para ello se necesitaba más presupuesto. Yacamán consiguió la promesa presidencial. Era el país del Señorpresidente. Una sombra: las formas de gobierno universitario quedaron sin moverse. La burocracia dorada no iba a poner en peligro su control sobre la institución. Faltaban cuatro largos años para 1994.

Las reformas de 1990 en la UNAM nacieron mutiladas porque la burocracia dorada se negó a reformar la estructura de gobierno. Yo era delegado estudiante por Derecho, propuesto por una planilla que formaron ceuístas como Martí Batres, miembros de Regeneración y estudiantes defensores de derechos humanos. Cuando explicamos por qué era necesario que la UNAM contara con nuevas formas de gobierno universitario, más académicas y más democráticas, delegados-directores como Barnés de Castro estallaban en la tribuna y reclamaban a los profesores de Derecho por qué permitían que sus estudiantes dijesen ese tipo de cosas.

Recuerdo bien la justificación que dieron esos congresistas “institucionales” para no hacer cambios. Decían que el congreso no podía hacer esa reforma. Que tampoco el consejo universitario. Que la ley orgánica de 1947 sólo podía modificarla la legislatura federal. Porque así lo ordenaba el orden jurídico kelseniano. Y nos advertían: Mejor no propongan ninguna reforma porque “no se sabe qué podrían decidir diputados y senadores”… El CEU y sus aliados propusimos discutir reformas y presionar luego para que la legislatura federal las aceptase. Los “institucionales” rechazaron todo.

Luego de 1990, desde sus intocados nichos de poder, esos “institucionales” fueron atrasando la aplicación de los pocos acuerdos alcanzados. Y dos veces, una con Sarukhán (1992) y otra con Barnés (1999) trataron de imponer las reformas que el CEU había parado en 1987. Barnés llevó a la UNAM a una crisis que sólo se pudo resolver encarcelando estudiantes.

He recuperado estas historias de hace tres décadas porque hoy veo fascinado cómo esos mismos “institucionales” que decían en 1990 que la comunidad universitaria no debía transformar las formas de gobierno de la UNAM, ahora se rasgan las vestiduras porque en la legislatura federal se presentan iniciativas en ese sentido. ¡Y hasta defienden que cualquier reforma debe hacerse desde la comunidad universitaria! ¿Han cambiado de parecer? No. Sus intereses son los mismos. En 1990 boicotearon por todos los medios (porros incluidos) una reforma interna para no perder sus privilegios. Y desde San Lázaro, el viejo PRI los dejó hacer. Hoy, que el régimen político nacional se ha transformado y aquéllos que exigíamos democratizar el gobierno de la UNAM tenemos voces en la legislatura, los “institucionales” se presentan como defensores de los derechos de una comunidad universitaria a la que –sin embargo– siguen despreciando. Véase, si no, la lentitud con que atienden los casos de violencia de género que denuncian miles de compañeras.

Nosotros tampoco hemos cambiado: desde 1986 dijimos que la comunidad universitaria es la que debe discutir y reformar su forma de gobierno, así como aprobar cualquier cambio a la estructura orgánica y de poder de la universidad. La pregunta es cómo se lograría eso.

agallardof@hotmail.com

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