Durante los primeros dos meses del año, se registró el mayor porcentaje de ilícitos clasificados como “otros delitos que atentan contra la vida”, una categoría que, según organizaciones sociales, se utiliza para reducir de forma artificial la incidencia de homicidios dolosos
Juan Carlos Rodríguez | OEM-Informex
En 2015, a mediados del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, por cada 100 homicidios que se cometían en el país (tanto dolosos como culposos) había 10 casos que se clasificaban como “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal”.
Hoy, diez años después, durante los primeros meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, por cada 100 homicidios ocurridos en el territorio, hay 32 casos que tienen la etiqueta de “otros delitos”.
Es decir, durante la actual administración se ha triplicado la cantidad de delitos que son colocados en el “cajón” ambiguo de los ilícitos que no son homicidios, feminicidios, lesiones ni abortos, sin que las autoridades federales o estatales expliquen las razones de esta evolución en los criterios de clasificación.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros dos meses de 2025 se cometieron 6 mil 414 homicidios y hay 2 mil 085 ilícitos catalogados como “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”, lo que da una relación de tres a uno.
En cambio, en 2015, según la misma fuente, ocurrieron 31 mil 331 asesinatos (tanto intencionales como imprudenciales) y hubo 3 mil 122 casos considerados “otros delitos”, lo que arroja una relación de diez a uno.
Para Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, detrás de este crecimiento inexplicable de los “otros delitos que atentan contra la vida” y la aparente reducción de los homicidios dolosos hay una “decisión de desinformar a la sociedad acerca de los niveles reales de violencia”.
Desde su óptica, “este fenómeno también está asociado a la crisis de desaparecidos, porque al mismo tiempo que supuestamente van bajando los homicidios dolosos, pues se han disparado las desapariciones de personas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿están bajando los homicidios o lo que pasa en realidad es que no están buscando a las personas que mueren?”
Nosotros hemos hecho solicitudes a las fiscalías para que nos expliquen por qué ha crecido el rubro de ‘otros delitos” y no ha habido una sola fiscalía que nos haya podido dar una explicación coherenteFrancisco Rivas
El “Manual para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos”, elaborado en 2018 por el SESNSP para que las fiscalías estatales entreguen de manera homologada las estadísticas de la incidencia delictiva, exhorta a las autoridades locales a ser lo más específicos posible a la hora de catalogar los ilícitos y evitar al máximo el uso de “otros delitos”.
“El objetivo es homologar los registros entre las entidades federativas con fines estadísticos, lo que implica que el responsable del llenado del formato debe utilizar las categorías de ‘otros delitos’ la menor parte de las ocasiones, sólo en casos en los que no exista una correspondencia aceptable en la definición conceptual entre delitos denominados de forma distinta”, señala el documento.
Este instrumento fue elaborado en 2018 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con el propósito de que las fiscalías estatales entreguen estadísticas homologadas sobre la incidencia delictiva
En el caso de los delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, el manual señala que los “otros delitos” se refieren a conductas delictivas que no son homicidios, lesiones, feminicidios ni abortos, sino que incluyen inducción o ayuda al suicidio, peligro de contagio e inseminación artificial no consentida.
Hasta donde se tiene registro, las autoridades de justicia y de salud del país no han informado acerca de que se hayan triplicado las inducciones al suicidio, los contagios de enfermedades mortales o las inseminaciones no autorizadas.
Comportamiento atípico
En 2016, de acuerdo con cifras del SESNSP, hubo 39 mil 326 asesinatos y “otros delitos”. De ese total, 51.2 por ciento corresponden a homicidios dolosos, 38.8 por ciento a homicidios culposos y 10 por ciento a “otros delitos”.
Dos años después, la proporción fue de 56.2 por ciento de homicidios dolosos, 29.8 por ciento de homicidios culposos y 14 por ciento de “otros delitos”. Es decir, el rubro ambiguo subió cuatro puntos porcentuales.
En 2020, ya durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la distribución fue de 53.6 por ciento de homicidios dolosos, 26.9 por ciento de culposos y 19.5 por ciento de “otros delitos”. O sea, la categoría que ninguna autoridad toma en cuenta para medir la efectividad de sus estrategias de seguridad ya había crecido casi 10 puntos porcentuales.
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Para 2022, los “otros delitos” ya representaban el 23.2 por ciento del universo de referencia, para 2024 escaló a 24.2 por ciento y para los dos primeros meses de 2025, ya bajo la administración de la presidenta Sheinbaum, la proporción subió hasta 25.5 por ciento, es decir, 15 puntos porcentuales más que hace diez años.
En los primeros dos meses de 2025, hay entidades donde el rubro de “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal” está aún más inflado que el registro nacional.
En Querétaro, por ejemplo, en el primer bimestre del año se reportaron sólo 69 homicidios (de ambos tipos) y 172 casos de “otros delitos”; en Baja California Sur la relación fue de 22 asesinatos contra 50 casos de “otros delitos”, en tanto que en Baja California la proporción fue de 372 contra 402.
Mi conclusión es que las categorías como ‘otros delitos’ están siendo utilizadas por nuestras autoridades para esconder los verdaderos datos de violencia del paísFrancisco Rivas
En contraste, hay entidades que en el mismo periodo de referencia reportaron cero casos de “otros delitos”, como es el caso de Colima, Durango, Nayarit y Tlaxcala.
“Nosotros hemos hecho solicitudes a las fiscalías para que nos expliquen por qué ha crecido el rubro de ‘otros delitos” y no ha habido una sola fiscalía que nos haya podido dar una explicación coherente”, acusa Francisco Rivas, director de la organización civil encargada de analizar la estadística oficial sobre delincuencia y proponer políticas públicas contra la inseguridad en el país.
“Mi conclusión es que las categorías como ‘otros delitos’ están siendo utilizadas por nuestras autoridades para esconder los verdaderos datos de violencia del país”, subraya.
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