El Presidente aseguró que si se ha avanzado en la investigación, ha sido por la ayuda de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó las conclusiones del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, en donde señaló que debido a la falta de transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para acceder a documentos importantes cerrarían la investigación después de poco más de ocho años.
El Presidente respaldó a la Sedena y a la Secretaría de Marina (Semar) a pesar de los claros señalamientos de que impidieron acceder a documentos específicos para la investigación y el ocultamiento de información al negar tenerla.
“Si se ha avanzado es por la colaboración de [la Secretaría de] Marina y [la Secretaría de la] Defensa [Nacional]”, aseguró.
“Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, se ha ido avanzando bastante, mucho. Hay como 115 detenidos y no sólo funcionarios menores o personas de pocas influencias, no, está detenido el anterior Procurador de Justicia, están detenidos dos generales y otros importantes funcionarios públicos”, dijo.
Además, el mandatario acusó que el caso de Ayotzinapa ha sido ocupado por sus adversarios políticos para hacer “politiquería” “Es indignante y doloroso que con estos casos lamentables se quiera hacer politiquería. Más quienes están en contra de nosotros. (…) ¿Qué quieren nuestros adversarios conservadores? Que nos vaya mal. Que no podamos resolver los problemas que heredamos de la mafia del poder”, afirmó.
PADRES LAMENTAN QUE GIEI SE VAYA DE MÉXICO
Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa criticaron ayer que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “les está fallando” en conocer la verdad sobre el paradero de los jóvenes, a la par que agradecieron las labores que realizaron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en los ocho años y 10 meses que estuvieron en México, antes de su salida.
“La verdad la podríamos tener en ese informe. Decirle al Presidente que nos urge una reunión con él, y decirle que no se vale jugar con 43 padres y los compañeros [del GIEI] que nos apoyan”, lamentó Mario González, padre de César Manuel. “Si el Presidente no nos da la apertura para que Sedena y Marina nos entregue los expedientes, ¿quién más podría? Si la máxima autoridad y el Jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente”.
En conferencia de prensa desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los padres y madres de los normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 exigieron al Ejecutivo federal, en sus facultades y compromiso de facilitar documentación para esclarecer el caso Ayotzinapa, en particular de la Sedena.
De su parte, la señora Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, externó que como padres y madres de los normalistas se sentían ante la salida del GIEI “tristes, enojados y preocupados” por el caso, al identificar que el Presidente López Obrador estaba incumpliendo con su compromiso de abrir los expedientes necesarios para nutrir la investigación, misma condición bajo la cual estuvo operando el grupo de expertos en los últimos meses.
“Ellos [el GIEI] no se van porque ya no quieran seguir trabajando, sino porque nuestro Gobierno ya no quiere que estén en nuestro país, porque como están descubriendo todo ya no quieren que sigan trabajando, no les quieren dar los documentos que ellos necesitan para seguir trabajando”, señaló.
Asimismo, recalcaron que aunque no han perdido fe en la búsqueda de sus hijos, quedará por ver si el Presidente López Obrador cumple con su encomienda de esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, da acceso a los archivos de Sedena y se impone a la impunidad y aparente encubrimiento que existe en el Ejército.
“¿De qué lado va a estar el Presidente? ¿Del lado de la Sedena y sus mentiras, o del lado de las familias y la verdad?”, cuestionó Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.
Las declaraciones de las y los familiares de los 43 desaparecidos se produjeron un día después de que el GIEI brindara su sexto y último informe del caso, al anunciar su salida debido a la falta de transparencia y acceso a documentos importantes para la investigación, particularmente de las Fuerzas Armadas.
EL ÚLTIMO INFORME DEL GIEI
Este martes, el GIEI dio a conocer los resultados de su sexto y último informe antes de que los dos expertos que restaban en el país, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, se marchen al considerar “imposible” continuar sus labores de investigación debido a la obstaculización del Gobierno federal, y en particular de la Sedena, para obtener documentos vitales para las diligencias.
“No ha sido posible obtenerla y llevamos mucho tiempo pidiendo esta información, de forma reiterada”, sumó el psicólogo. “Sedena niega tener información sobre lo sucedido en monitoreos y seguimientos telefónicos de investigaciones que sí llevaron a cabo, interceptaciones, monitoreo de comunicaciones, transcripción de comunicaciones que hablan sobre los hechos, pero que también hablan del posible destino de los jóvenes”.
Mientras que lamentaron que sus esfuerzos hayan sido minados por la falta de transparencia gubernamental, también aseguraron que la documentación analizada no muestra una colusión entre los estudiantes de la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos” y grupos criminales, y por lo contrario sí da cuenta de una complicidad entre autoridades de los municipios de Cocula e Iguala, integrantes del Ejército y mandos policiales junto con estas cédulas del narcotráfico en Guerrero.
Además, entre sus hallazgos que presentaron en el sexto informe están contradicciones del Ejército sobre la ubicación del cuerpo sin vida de Julio César Mondragón, alteración de bitácoras y comunicaciones, entre otras incongruencias y falta de información.
“El GIEI advirtió de que dichas respuestas constituyen falsedad documental y obstrucción a la búsqueda de los desaparecidos, derecho a la verdad y la justicia, así como incumplimiento de las órdenes presidenciales”, remarcó el informe.
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