
Una de las principales conclusiones del análisis de México Evalúa es que la seguridad pública no debe concebirse como una prerrogativa exclusiva del gobierno federal ni como un producto automático del uso intensivo de la fuerza
Juan Carlos Rodríguez | OEM-Informex
Gozan de alternancia política, tienen una densidad poblacional menor al promedio, registran altos porcentajes de hogares con jefatura femenina y tienen una participación ciudadana mayor al promedio.
Esas son las características que presentan las 13 capitales del país que han mostrado una reducción significativa de la violencia delictiva en el trienio 2021-2024, de acuerdo con un estudio elaborado por la organización México Evalúa.
Al analizar la evolución de la incidencia delictiva en los 31 municipios capitales del país, la organización detectó una sensible mejora en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la ciudad de Tlaxcala; Guadalajara, Jalisco; Saltillo, Coahuila; Colima capital; Morelia, Michoacán; Pachuca, Hidalgo; la ciudad de Durango; La Paz, Baja California Sur; Chetumal, Quintana Roo; Xalapa, Veracruz; Cuernavaca, Morelos, y Toluca, Estado de México.
De las 13 capitales con reducción de la violencia, el estudio detectó que en 11 casos se trataba de territorios donde el partido del alcalde que gobernaba en el periodo de análisis no provenía de un proceso de reelección, sino que había alternancia política. Sólo los presidentes municipales de Tuxtla Gutiérrez y Saltillo habían sido reelectos.
Otro hallazgo de la investigación de México Evalúa es que en nueve de los 13 casos de éxito las autoridades locales y estatales eran del mismo partido, lo que permite inferir que las diferencias de partido pueden interferir en el éxito de políticas públicas encaminadas a reducir la violencia y la incidencia delictiva.
Los cuatro casos en que hubo una mejora en la seguridad pública, a pesar de que el alcalde y el gobernador tenían diferente signo político, son Colima (PAN-PRI-PRD vs. Morena), Morelia (PAN-PRD vs. Morena), Chetumal (Morena-Verde-PT vs. PAN) y Cuernavaca (PAN-PSD vs. Morena).
Un factor que se detecta en la mayoría de las ciudades que han logrado reducir la incidencia delictiva es la baja densidad poblacional. En 12 de los 13 casos de éxito, el número de personas por kilómetro cuadrado es menor al promedio de las ciudades capitales. La única excepción es Guadalajara, que tiene 91 mil 794 habitantes por unidad territorial.
Una de las principales conclusiones del análisis de México Evalúa es que la seguridad pública no debe concebirse como una prerrogativa exclusiva del gobierno federal ni como un producto automático del uso intensivo de la fuerza.
En 12 de los 13 casos de éxito, el número de personas por kilómetro cuadrado es menor al promedio de las ciudades capitales
“Al contrario, los casos documentados muestran que los municipios pueden diseñar intervenciones potencialmente efectivas, ajustadas a las dinámicas territoriales y capaces de incidir en las condiciones que propician el delito”, subraya el documento denominado “La otra vía. Análisis de políticas municipales de seguridad pública, 2021-2024”.
La investigación sugiere que es posible pasar de una visión reactiva y centralizada a una política pública anclada en el territorio, capaz de reconocer la diversidad de contextos y de fortalecer las capacidades locales para prevenir el delito.
“Apostar por una seguridad con rostro municipal no es solo una opción técnica viable, sino una necesidad política frente al agotamiento del modelo punitivo y la urgencia de reconstruir vínculos de confianza entre instituciones y ciudadanía”, remarca.
Un dato revelador del estudio es que la disrupción familiar no es necesariamente un factor que deteriore las condiciones de seguridad.
De las 13 entidades con buenos resultados en sus políticas públicas contra la violencia, nueve tienen una mayor tasa de hogares con jefatura femenina que el promedio de todas las capitales.
Las cuatro ciudades que tienen una disrupción familiar menor al promedio (casos por cada 10 mil habitantes) son Saltillo, La Paz, Chetumal y Toluca.
Recomendaciones
Con el fin de avanzar en la descentralización de la seguridad, en la aplicación de políticas no penales y en acciones de proximidad, el análisis de México Evalúa plantea las siguientes medidas:
—Diseñar un nuevo mecanismo de transferencias etiquetadas a municipios, similar al extinto Fortaseg, pero orientado exclusivamente al fortalecimiento de capacidades preventivas, no sólo operativas.
—Establecer criterios de asignación basados en indicadores objetivos, como reducciones sostenidas en delitos de alto impacto y prácticas innovadoras en prevención no penal.
—Redefinir la participación federal, limitando el despliegue de Fuerzas Armadas a zonas con alta conflictividad, y garantizando el respeto a la autonomía municipal en tareas de proximidad.
—Incorporar mecanismos de evaluación participativa, en especial para políticas no penales, con representación ciudadana en los procesos de seguimiento y auditoría social.
—Crear incentivos para que municipios con mejores resultados capaciten a otros mediante esquemas de mentoría intermunicipal o redes regionales de aprendizaje.
—Reforzar capacidades institucionales en municipios con rezago y proveer asistencia técnica para fortalecer áreas administrativas y operativas clave en municipios con baja capacidad instalada.
—Superar el paradigma exclusivamente punitivo, incorporando estrategias de prevención situacional, social y comunitaria alineadas con diagnósticos locales.
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