17 de abril de 2023 – La profesora, investigadora y experta en temas mineros, Violeta Núñez Rodríguez, relató que la propuesta de ley en materia minera contempla regulaciones importantes para las empresas de este sector. Sin embargo, coexisten factores dentro y fuera del partido del presidente que podrían acotar, retrasar o, incluso, cancelar su aprobación. Núñez cita un caso que tuvo lugar durante el periodo de Tatiana Clouthier como titular de la Secretaría de Economía, en el cual un funcionario de dicha dependencia propugnaba abiertamente por continuar extendiendo concesiones para la explotación minera.
A su vez, se mostró preocupada por los vínculos de ciertos cuadros de Morena con la industria de la minería, como los que mantiene el candidato a la gubernatura de Coahuila, el senador Armando Guadiana, ya que sus intereses podrían verse afectados con los nuevos estatutos. En este mismo sentido, recordó que la diputada Yeidckol Polevnsky impidió que las Comisiones Unidas –conformadas por la comisiones de Minería, Economía, Comercio y Competitividad– discutieran los pormenores de la llamada Ley de Minería.
Por otra parte, los poderes económicos han jugado un papel protagónico para impedir el avance de la iniciativa presidencial. En palabras de la académica, los vaticinios de calificadoras como Mudis, la Cámara Minera y diversas instituciones financieras acerca de un supuesto desastre económico y social que tendría lugar si entrase en vigor esta ley responden a que las estratosféricas ganancias que obtuvieron por años se verían menguadas por las nuevas disposiciones constitucionales.
Entre algunos de los aspectos más relevantes de esta iniciativa se encuentran, por ejemplo, la obligación de garantizar la seguridad física de los y las trabajadoras; o bien, la reforma al artículo 19 de la legislación actual, referente a las restricciones sobre la disposición de minerales en lugares cuya disponibilidad sea de gran interés para las compañías. Asimismo, se plantea la reducir la temporalidad de la duración de las concesiones para explotar estos recursos, que pasaría de 50 a 15 años, entre otros.
Apuntó, como muestra de la huella de la explotación minera en México, que no es fortuito que los hombres más ricos del país hayan generado sus fortunas por medio de la especulación dentro de este sector, así como tampoco lo es que “el peor desastre ambiental” del país haya sido responsabilidad de Grupo México, propiedad de Germán Larrea.
Abundó en las amenazas que ha recibido por su activismo y en la destrucción parcial de su automóvil, atribuida por las autoridades a un ataque de perros, hipótesis que deberá probarse. En estrecha relación con los amagos que ha sufrido tanto ella como el periodista Ernesto Ledesma, dijo que México ocupa el primer lugar en América Latina en los índices de conflictividad minera, sin olvidar que también es el país con mayor número de asesinatos relacionados con la minería.
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