José Reyes Doria | @jos_redo
El sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó a tambor batiente, con profundas reformas constitucionales, como la del Poder Judicial, que implica un cambio de régimen en el sentido que modifica el modelo de integración y las atribuciones de ese Poder. También se aprobaron reformas en materia de Guardia Nacional, Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, dominio del Estado sobre la energía eléctrica, salarios, entre otras, las cuales implican un cambio en las estructuras del Estado mexicano. Y falta la supresión de órganos autónomos, o la eliminación de la representación proporcional.
Es natural que este proceso genere fuertes reacciones y reacomodos, tanto al interior de la clase política gobernante, como entre las diversas fuerzas y expresiones políticas, empresariales, sindicales, juristas, sociedad civil y medios. Un proceso de reformas de este calado suscita una intensa lucha por el poder, pues los diferentes grupos e intereses en juego buscan ganar el mayor número de ventajas y posiciones. Algo así se observa estos días en los diversos espacios y poderes públicos.
En la Cámara de Diputados ocurre un fenómeno interesante en medio del proceso reformador: ante el hecho de que el oficialismo cuenta con mayoría calificada, las batallas políticas se trasladan al interior de la coalición gobernante, dejando de lado y en el olvido a la oposición partidista. Es en este marco donde cobra importancia la Agenda Legislativa del oficialismo.
La Agenda Legislativa de Morena es, en lo sustancial, la Agenda de la presidenta Sheinbaum, y de forma más amplia, la del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación. Así lo propusieron en campaña y obtuvieron una votación masiva. Dicho de otra forma, la Agenda estratégica de la Doctora transita en gran medida por el Congreso. Por lo tanto, cobra gran relevancia la forma en que se construya la Agenda y se procesen las reformas, porque el hecho de contar con una holgada mayoría calificada no asegura que ese proceso sea terso y efectivo.
La coordinación y las vicecoordinaciones de la bancada mayoritaria deben operar las reformas político-constitucionales garantizando la cohesión interna, con el consenso de las diversas facciones que coexisten en ella, y con un piso mínimo de gobernabilidad de esa mayoría. Sin embargo, en San Lázaro la disputa política entre las facciones oficialistas ha suscitado intensos desacuerdos en torno a asuntos como la asignación de las presidencias de Comisiones legislativas, y en lo referente a la distribución de las atribuciones sustantivas del grupo parlamentario, como lo han registrado distintas crónicas periodísticas.
En efecto, temas como la asignación de presidencias y secretarías en las Comisiones, la discusión del Presupuesto, el ejercicio y control de los recursos económicos y humanos, la vinculación con los demás Poderes y los estados, la gestión, la comunicación social, la representación hacia el exterior de San Lázaro, la definición de prioridades parlamentarias, etcétera; son objeto de una intensa negociación en la bancada mayoritaria, que requiere ser llevada de forma abierta y consensual.
El coordinador Ricardo Monreal tiene esa enorme responsabilidad, su amplia experiencia le aporta herramientas para organizar a los 253 diputados de Morena, que integran mayoría absoluta para tomar decisiones de gobierno de la Cámara por sí solo. Pero, además, el coordinador encabeza a la coalición con el PT y el Verde que, en conjunto, rebasan la mayoría calificada con 364 diputados. Con todo, las tensiones se han suscitado, en buena medida, por la pretensión de Monreal de asignar ciertas atribuciones a operadores de su confianza, como Pedro Haces o Arturo Ávila, además de otras decisiones que ha impulsado el coordinador sin haber acumulado el suficiente consenso.
Es normal que el coordinador intente aplicar su visión, y se apoye en los legisladores de su confianza. El problema surge cuando, de acuerdo con las crónicas periodísticas y testimonios directos, en ese proceso Monreal ha restado atribuciones a otros liderazgos dentro de la bancada. Las fricciones y el conflicto, de esta forma, son inevitables. Es el caso de las dos Vicecoordinaciones de la bancada mayoritaria, que han visto mermadas sus importantes atribuciones, tanto formales como reales.
Esos cargos los ocupan la diputada Gaby Jiménez y el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, ambos muy cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Tanto el diseño político, como el reglamento de la bancada, tienen como trasfondo la idea de un ejercicio compartido del poder y las atribuciones; una distribución equilibrada de las responsabilidades, de tal forma que las decisiones, los resultados y la rendición de cuentas fluyan con base en el mayor consenso posible. Sin embargo, se han presentado visibles desencuentros, por las razones antes esbozadas.
Puede distinguirse un contraste entre las formas de entender y ejercer la política entre Monreal y liderazgos emergentes como el de la diputada vicecoordinadora Gaby Jiménez. La vicecoordinadora, por ejemplo, ha procesado la integración de la Agenda Legislativa de Morena a partir de un esquema de diálogo, análisis e inclusión de las diputadas y diputados integrantes. Abrió mesas temáticas donde se han revisado las propuestas, y se han acordado las fórmulas para hacer coincidir la Agenda del grupo parlamentario con la Agenda estratégica de la Presidenta. Esto, con base en las atribuciones que le asigna el reglamento y el acuerdo originario de la LXVI Legislatura, sin rebasar esos contornos reglamentarios. En la realpolitik, nadie se asusta por un ningún estilo político, pero es la coyuntura la que determina si conviene más un tono u otro.
Lo que se ha observado en este proceso conducido por la vicecoordinadora, es que la Agenda Legislativa se plantea como algo más que una lista de iniciativas escritas en un papel. Las mesas de diálogo y acuerdos, reflejan que la Agenda es ideada, sobre todo, como la formulación de un programa que se propone profundizar el proyecto de transformación que la vicecoordinadora comparte con la Presidenta; y a la vez, se nota la intención de construir la Agenda como un pacto político-democrático incluyente y respetuoso. En dichas mesas, permeó la idea de que convencer, antes que imponer, es el mejor camino para la consolidación democrática de un movimiento como el de la 4T.
La vicecoordinación de Gaby Jiménez tiene el elemento adicional de expresar la paridad de género en la distribución del poder en la bancada. Existe, en ese sentido, una conexión natural con la agenda para la igualdad de género que ha anunciado la Doctora Sheinbaum, lo cual fundamenta la percepción de que la diputada tiene una vinculación y una encomienda importante con la Presidenta. Dado que la agenda de la igualdad de género es transversal, es decir que debe tener incidencia en todos los rubros y niveles de la acción legislativa, la acción institucional y la acción política, resulta indispensable que esta vicecoordinación pueda ejercer plenamente sus atribuciones originarias.
En consecuencia, desde el punto de vista de la eficacia y la gobernabilidad de la poderosa maquinaria parlamentaria del oficialismo, es importante que cada liderazgo ejerza plenamente sus atribuciones, que logren realizar los objetivos que se han fijado, pues eso es determinante para el futuro inmediato del país, dada la condición mayoritaria y hegemónica de Morena y sus aliados. Además, y tal vez esto sea igual o más determinante para la lógica interna de la bancada gobernante, la eficacia de ésta es crucial para el éxito de la administración de la Doctora.
Es evidente que el conflicto y la inconformidad derivados de esta lucha interna por el poder, generan la percepción de que la Agenda Legislativa, como expresión parlamentaria de la Agenda estratégica de la Presidenta, no tiene un sólido mecanismo de control. En ocasiones da la impresión de que la presidenta Sheinbaum es rebasada o contrariada por la dinámica y las agendas particulares de algunos liderazgos parlamentarios que no privilegian el diálogo y el consenso.
Lo vimos, por ejemplo, con la reserva que aprobó el pleno de la Cámara de Diputados por la cual se eliminó de la reforma en materia de energía eléctrica, el tema de la responsabilidad del Estado en la transición energética, que es uno de los compromisos más importantes de la Presidenta por su vinculación con la preservación ambiental y el fenómeno del cambio climático.
En el Senado existen tensiones similares, aunque son menos visibles. Se puede mencionar el caso la reserva a la legislación secundaria en materia electoral y medios de impugnación, donde los senadores de la mayoría insertaron la figura del veto a los aspirantes a jueces, magistrados y ministros, lo cual fue rechazado tajantemente por Claudia Sheinbaum, en una clara muestra de que, por diversas razones, en el Congreso se toman decisiones de alto impacto que no se consultan con Palacio Nacional. En el mismo sentido, ocurrió el diálogo de los dirigentes de Morena en el Senado con la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, de lo cual Claudia no conocía, según dijo ella misma.
En fin, vienen batallas político-parlamentarias cruciales, como el paquete económico 2025, que debe abordarse con el máximo de los cuidados, para construir y proyectar una política económica, y unas finanzas públicas que generen confianza y credibilidad. La operación política-parlamentaria para lograr ése y otros objetivos estratégicos, requiere de una coexistencia funcional de los liderazgos nuevos y experimentados, pero bajo formas democráticas, incluyentes, eficaces y respetuosas. Veremos cómo vienen las cosas.
