José Reyes Doria | @jos_redo
Encarnizada, por decir lo menos, es la batalla por imponer la narrativa histórica de los profundos cambios constitucionales e institucionales en marcha. Existe ya un consenso general en torno a la idea de que estamos ante un cambio de régimen, por las reformas en materia del Poder Judicial, Fuerzas Armadas, seguridad pública, energía eléctrica, órganos autónomos, entre otros.
La cuestión de fondo es ¿el nuevo régimen es mejor, peor, o simplemente distinto?; también se han planteado las preguntas sobre el significado de estos cambios: ¿amplían o reducen las libertades, la democracia, la participación, la fiscalización y los equilibrios políticos?
Estos días está en marcha la reforma constitucional para eliminar varios órganos constitucionales autónomos. Se trata del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
La justificación de parte del promotor de las iniciativas, el ex presidente López Obrador, así como de la presidenta Claudia Sheinbaum y los líderes de los partidos oficialistas, consiste en tres ejes: a) esos órganos son expresión del modelo neoliberal de administración pública; b) no fueron eficaces en el combate a la corrupción y la concentración de la riqueza, ni favorecieron al pueblo; y c) esos órganos se convirtieron en una casta dorada de tecnócratas con enormes sueldos, privilegios y canonjías que consumen gran cantidad de recursos que deberían destinarse al bienestar social.
Por lo tanto, en la narrativa del régimen, los órganos autónomos carecen de legitimidad democrática, pues fueron creados como respuesta a la venta de paraestatales durante el neoliberalismo. Además, nunca se consolidaron como entidades técnicas e imparciales, sino que han garantizado intereses privados, pues incluso, en varios casos el objetivo de los organismos fue para cooptar núcleos académicos, políticos, económicos y de representación social. De este modo, la eliminación de los órganos autónomos, es un acto restauración política-histórica que frenará el saqueo de la riqueza nacional.
Por su parte, el bando opositor también se va a los extremos en la crítica. De una forma por demás simplona, denuncia que el objetivo del régimen obradorista-claudista-morenista es eliminar todas las obligaciones de rendir cuentas, y desaparecer todos los entes que los puedan cuestionar y controlar. Desde luego, todo régimen busca disminuir al máximo posible los mecanismos de contención y vigilancia de su actuación, todos los gobernantes tienden a socavar hasta donde se pueda la legislación y los organismos que les obligan a actuar conforme a la Constitución y la Ley.
Cuando se creó el IFE, hoy INE, el régimen autoritario priista se resistió hasta donde pudo, con malas y peores artes, para evitar que le arrebataran al gobierno la función estatal de organizar las elecciones. Cuando se creó el INAI, el régimen foxista también se resistió de forma extrema, alegando que en los 70 años del priato nunca se les exigió transparentar la información pública, y que ahora que el PAN llegaba al poder, querían imponerles esas reformas que obligaban al gobierno a garantizar el acceso a la información pública. Recordemos que el primer impacto del INAI fue el tema de las toallas millonarias de la pareja presidencial foxista.
Entonces, es obvio que ningún régimen quisiera que existieran obligaciones y organismos que lo emplacen a transparentar su información (INAI); que ningún organismo fuera de la órbita vertical del gobierno regule y arbitre la competencia económica, el combate a los monopolios, la asignación de concesiones en materia de telecomunicaciones (COFECE e IFT); que nadie fuera del gobierno regule el sector eléctrico y de hidrocarburos (CNH y CRE); que nadie fuera de la órbita de la administración pública mida la pobreza o la calidad de la educación (CONEVAL y MEJOREDU). Todo sería mejor, considera el régimen de la llamada Cuarta Transformación, si esas funciones estatales se reconcentran en la administración pública centralizada, como antes.
Pero en este punto es donde surgen dudas razonables por todos lados. Mencionemos el caso del INE, que por el momento no es sujeto de reformas constitucionales, pero viene al caso porque en los años de su creación uno de los argumentos fundacionales fue que en México históricamente reina la desconfianza hacia el gobierno. Que esa desconfianza se expande hacia los otros grupos sociales, hacia los otros partidos políticos en este caso. La feria de las desconfianzas, obligó a crear un INE plenamente autónomo, sumamente costoso, y con una legislación ultra complicada y abigarrada.
En el caso del INAI, en principio es muy complicado que el propio gobierno transparente sistemática e integralmente sus acciones, es difícil que abra la información de su desempeño al público en general. Incluso en estos años de existencia del INAI, desde principios de siglo, los distintos gobiernos litigaron innumerables casos de solicitudes de información pública en materia de obras públicas, seguridad, gastos militares, sueldos, etcétera.
Y en muchas ocasiones llegaron a incumplir mandatos del INAI para hacer pública ciertas informaciones. También, en estos 20 años del INAI, los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, utilizaron de forma excesiva el recurso de declarar reservada la información de ciertas áreas que consideraban sensibles, que no querían que la ciudadanía se enterara.
Por eso, es válida la suspicacia respecto a la voluntad del régimen claudista, y de cualquier gobernante que venga después, de hacer pública toda la información de su gobierno. Ya no habrá un órgano garante como el INAI, sino que será la Secretaría de la Función Pública la que transparente la información. Si la Función Pública, en un caso dado, no quiere hacer pública la información solicitada por la ciudadanía, ¿qué recurso de apelación queda si ya no hay órgano garante?
Volvamos a la feria de las desconfianzas. Ahora, el régimen argumenta que alrededor del 70 por ciento de la gente confía en el gobierno de la 4T, y que, por eso, no hace falta un costosísimo órgano como el INAI para satisfacer la demanda de información de la ciudadanía. Alguna vez AMLO dijo que las mañaneras cumplen la función de transparentar las acciones del gobierno y son fuente de información pública, por lo tanto, no hace falta ningún INAI.
Pero la suspicacia persiste, pues la demanda de información pública no solo puede depender de la voluntad de los servidores públicos y las dependencias que generan esa información. Muchas veces se descalificó al INAI, acusándolo de no combatir la corrupción, pero en realidad esa no era su función. Su función era hacer accesible la información pública, para que, a partir de ahí, en su caso, otros actores probaran y denunciaran la corrupción.
Es un modelo usual a nivel internacional: un ente garantiza la transparencia, y otro ente, distinto e independiente del primero, denuncia y combate la corrupción. Por eso surgen las dudas razonables: en el nuevo diseño del gobierno de Claudia Sheinbaum, será la misma Secretaría la que garantice la transparencia y combata la corrupción. Habrá que ver cómo se instrumentaliza todo esto.
Lo anterior, en cuanto al INAI. Razonamientos similares se han hecho en torno a la COFECE y al IFT, pues se trata de funciones regulatorias de alto calibre que, en casi todos los países de relevancia internacional, como lo es México, las desempeñan organismos que gozan de algún grado de autonomía e independencia. Esto, porque los gobernantes tienen un contacto permanente y discrecional con los grandes poderes económicos, generándose así innumerables dinámicas de complicidad y condicionamientos.
De tal suerte que no es recomendable que el gobierno directamente decida en materia de monopolios, precios, tarifas, concesiones, etcétera. Por eso, en el último minuto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, rectificó, y finalmente las funciones de la COFECE y el IFT tendrán un grado de independencia. Porque, además, así lo exigen los tratados comerciales como el T-MEC.
En cuanto a la CNH y la CRE, sus funciones las absorberá la Secretaría de Energía, de tal suerte que el gobierno centralizará las decisiones en esta delicada materia, que, por un lado, sí implica el tema de la soberanía energética, pero por otro lado también involucra las obligaciones de México a nivel internacional, tanto en materia comercial como en el tema ambiental.
El tema da para muchos debates particulares y especializados. En una última reflexión, podemos decir que la cuestión de los órganos constitucionales autónomos requiere un análisis profundo para perfilar debidamente sus alcances políticos, económicos y sociales. Sí se convirtieron en una casta dorada tecnócrata, neoliberal y excluyente; pero también cumplieron, razonablemente bien, funciones cruciales en materia de regulación y transparencia. Debe ponerse especial atención en la legislación secundaria y en la implementación de esta singular reforma constitucional. Sería deseable, en este sentido, que otros órganos autónomos, como el INE o el Banco de México, en caso de que el régimen decida reformarlos, el proceso se realice con toda serenidad.
TEMAS DE LA 4T EN EL CONGRESO
La vorágine de reformas constitucionales de la actual Legislatura, impide poner atención en otros temas que tienen lugar en el Congreso. Uno de ellos es el relativo a las acciones afirmativas que permiten ahora que sectores como los migrantes, los indígenas o las personas con discapacidad cuente con legisladores en San Lázaro y en el Senado. En el caso de las legisladoras y legisladores migrantes, es interesante la forma en que están construyendo una estructura orgánica para su bancada, con una agenda integral que capte la atención del Estado a fin de realizar acciones y asignar presupuesto hacia los programas y estructuras de gobierno que protejan a los mexicanos en el exterior, particularmente en Estados Unidos y Canadá. La presidenta Sheinbaum dijo estos días que los migrantes son héroes nacionales, por ello, esta primera bancada de legisladores migrantes, donde destacan perfiles jóvenes y combativos como la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, tiene mucho que aportar.
