Desde hace 22 años, Andrés Manuel López Obrador logró mantenerse como una de las principales figuras de la política nacional. En dicho periodo de tiempo, diversos personajes y figuras lo han acompañado tanto en las derrotas como en las victorias. Ya sea por la convicción respecto a su proyecto, por lealtad hacia su persona o por el simple hecho de la conveniencia política, su circulo cercano se ha reconfigurado en diversas ocasiones a través de los años.
Como regla básica del ejercicio del poder, todo actor político debe estar preparado para enfrentar rupturas futuras producto de traiciones y deslealtades. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, el presidente tuvo frente a si un reto doble; necesitaba por un lado colocar en los distintos espacios estratégicos de su gobierno a personajes con probada capacidad para el ejercicio de las funciones encomendadas y, por el otro, requería de personajes leales y comprometidos con su proyecto, al igual que hacia su persona que garantizaran la viabilidad de su gobierno. La mayoría de los nombramientos de hace 3 años dejaron ver una mezcla entre figuras políticas y gente cercana que cumplían ambos requisitos, con lo que se aseguraba un balance entre lealtad y eficiencia.
Sin embargo, el desgate inherente al ejercicio del poder ha hecho que López Obrador tenga que realizar cambios dentro de su gabinete con miras a acelerar los cambios que su gobierno busca impulsar. En toda administración pública, los cambios de funcionarios y servidores públicos son siempre necesarios y naturales pues permiten corregir, ajustar y refrescar las dependencias en cuestión. Con ellos se inyecta una nueva dinámica que busca acelerar los resultados.
A la mitad del presente sexenio persisten pendientes y reclamos legítimos por parte de la ciudadanía, estos debieran forzar al ejecutivo federal a realizar un ejercicio de autocrítica y evaluación sobre los principales pendientes de la actual administración. Para más de uno es claro que el desempeño de ciertos funcionarios ha dejado mucho que desear, pues no solo entorpecen el accionar del gobierno, sino que abren frentes políticos innecesarios para el presidente.
Para la oposición, cualquier pifia del gobierno federal es utilizada como bandera política en contra del presidente, lo que ha traído como consecuencia una cerrazón por parte del inquilino de Palacio Nacional, al grado de respaldar a ciertos funcionarios y actores políticos de comportamiento cuestionable por decir lo menos. Si algo no se le puede criticar al actual mandatario, es su respaldo irrestricto con su equipo de colaboradores cercanos.
Cabría lugar el análisis del desempeño de personajes como el fiscal general Alejandro Gertz Manero, la directora de Notimex Sanjuana Martínez o del director general del CIDE José Antonio Romero Tellaeche por solo mencionar algunos. Estos personajes se han visto beneficiados por el cobijo que les da el afecto y la deferencia del presidente. Gracias a ello, impulsan agendas personales contrarias a los intereses de la nación sin importar el costo político que conlleva. Pareciera que entre diversos funcionarios de la actual administración se ha hecho costumbre el utilizar la excusa del combate a la corrupción o la austeridad republicana para para imponer dichas agendas. Al ser criticados y señalados por sus excesos, aducen golpeteo político en contra del gobierno por lo que el presidente decide defenderlos a capa y espada.
Muchas veces tendemos a confundir la política con la administración pública. Si bien la administración pública tiene una relación intrínseca con la política, ambas tienen finalidades distintas. Sucede lo mismo cuando hablamos de políticos y de administradores públicos; no todo político es un buen administrador público y viceversa. Personajes como los antes mencionados refuerzan esta última idea. Son varios los casos de funcionarios que han quedado a deber en el desempeño de sus labores y que continúan en sus encargos por afinidad y lealtad del presidente López Obrador. Cabría esperar en la segunda mitad del sexenio, mayor autocrítica y evaluación de desempeño de los funcionarios de gobierno para poder corregir y cumplir ante las demandas de la ciudadanía.
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