
El juez dictaminó que existían las pruebas suficientes para acreditar a “El Licenciado” como el autor intelectual del asesinato, así como la ineficiencia de los escoltas para salvaguardar la integridad del exedil
Cuitláhuac Guerrero | OEM-Informex
Tras 18 horas continuas de audiencia, el juez Luis Fernando Díaz Parra ordenó la vinculación a proceso de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, y los siete escoltas del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez; el primero por el presunto delito de homicidio calificado y los segundos por homicidio calificado bajo el grado de comisión por omisión.
Con una reunión realizada a través de Zoom que fue transmitida en la Sala 2 de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, se llevó a cabo el proceso legal contra “El Licenciado” y contra Omar “N”, Alejandro “N”, Mario Alberto “N”, “Guillermo “N”, Demetrio “N”, Omar “N y Monserrat “N” por su supuesta participación en el crimen que le quitó la vida al edil el pasado 1 de noviembre.
La audiencia comenzó el miércoles 26 de noviembre, a las 12:30 horas y, tras varios recesos, fue en punto de las 06:01 horas de este 27 de noviembre cuando el juez dictaminó que existían las pruebas suficientes para acreditar a Jorge Armando “N” como el autor intelectual del asesinato, así como la ineficiencia de los elementos de seguridad para salvaguardar la vida del alcalde.
En el caso del supuesto criminal, se presume que pertenece a una célula delictiva afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y sería el encargado de dirigir y coordinar las operaciones del delito donde el mandatario municipal murió tras recibir al menos seis impactos de bala; mientras que a los otros se les culpa de no actuar adecuadamente para evitar el fallecimiento.
Asimismo, a Jorge Armando “N” se le acusa de lesiones calificadas debido a que en el asesinato de Carlos Manzo resultaron heridos el regidor de Obras Públicas del Ayuntamiento de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, a quien se le conoce como Víctor Saladitas, y el ciudadano Félix A., que recibió impactos de bala cuando se tomaba una foto con el exalcalde.
Ante esto, dictó prisión preventiva de carácter oficioso para la Fiscalía General del Estado (FGE) tenga tres meses en realizar la investigación complementaria para el “El Licenciado” que en estos momentos se encuentra en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1, mejor conocido como “El Altiplano”; y a los escoltas que están en el Penal de Mil Cumbres.
A la par, el funcionario dio tres días a la parte defensora para que apelen a su decisión y puedan sumar nuevas pruebas que sirvan para esclarecer este crimen donde Manzo Rodríguez fue víctima de un atentado durante la inauguración del Festival de Velas que se realiza en el marco de las festividades de Noche de Muertos.
“El Licenciado” denuncia tortura, amenazas y detención arbitraria
Minutos después de que comenzara la audiencia, “El Licenciado” hizo uso de la palabra para denunciar que su detención había sido arbitraria, también que elementos de seguridad lo habían torturado y amenazado con matar a su esposa, por lo que tanto su defensa como él exigieron que le retiraran la vinculación a proceso y se abriera una investigación sobre el tema.
En este sentido, el imputado también negó tener vínculos con el crimen organizado tal como se ha señalado desde su detención ocurrida el 18 de noviembre en la colonia Centro de Morelia donde, se presume se encontraba resguardado en un cuarto de la calle Revolución luego de formular la estrategia para asesinar a Manzo Rodríguez.
De igual manera, dio a conocer que desde su detención y hasta su traslado hacia el Altiplano el 21 de noviembre nunca se le permitió ejercer su derecho a comunicarse con sus familiares para informarles de su situación, lo que violentaría sus derechos humanos. A la par, según comprobó un historial donde se ha dedicado a ser contratista en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Debido a esto, el juez Luis Fernando Díaz Parra indicó que, de acuerdo a las investigaciones que se han llevado a cabo, en ningún momento se le prohibió hablar con sus familiares pese a que Jorge Armando “N” afirmó haber interpuesto un amparo, mismo que no existe. Sin embargo, se harán diligencias para comprobar si sí hubo tortura.
Defensa de Monserrat “N” argumenta que hubo violencia de género tras detención
Monserrat “N” es una de las escoltas que se encontraba a menos de 50 centímetros de Carlos Manzo cuando recibió el ataque con una pistola a manos de Víctor Manuel “N”, un joven de 17 años y originario de Paracho. La guardaespaldas, según lo detallado por el perito Christian Álvarez Tinoco, hizo bien su trabajo y protegió al alcalde.
Esto provocó que recibiera un “rozón” en el brazo por una de las balas, lo que generó que tuviera que ser trasladada al Hospital Fray Juan de San Miguel, mismo al que fue llevado Manzo Rodríguez para ser atendido de las heridas. Ahí, argumentó su defensa, fue víctima de violencia de género pues no se le respetaron sus derechos como víctima pero tampoco como mujer. Lo relatado indica que se le negaron cosas básicas como la realización de su examen médico.
Esto fue criticado por su parte defensora quien solicitó que la Fiscalía General del Estado (FGE) la reconociera como víctima toda vez que la dependencia fue omisa en aceptar que había recibido una herida por un arma de fuego. De esta manera, se solicitó que se abriera una investigación hacia la persona que supuestamente le negó los servicios básicos.
La ahora imputada formó parte del círculo de confianza de Carlos Manzo, de acuerdo a las versiones de sus abogados y del especialista, Christian Álvarez Tinoco, se encontraba detrás del funcionario uruapense, por lo que su labor de cuidado y protección estuvo presente en todo momento, aunque el juez determinó que no era prueba suficiente para absolverla del caso.
FGE y juez desestiman a dos peritos presentados por la defensa
La audiencia vivió uno de sus momentos más álgidos cuando, de último minuto, la defensa de “El Licenciado” y de los siete guaruras refirió que llamarían a dos peritos expertos en la materia: Christian Álvarez Tinoco y Alfredo Israel Álvarez Tinoco, los cuales acreditaron tener cerca de 15 años dedicándose a la investigación.
En el caso de Alfredo Israel Álvarez Tinoco, su presencia fue para dar a conocer que en el asesinato habían sido utilizadas al menos dos armas de fuego, la que portaba el autor material, Víctor Manuel “N”, y la que dispararía el guardia de Manzo Rodríguez, Demetrio “N”, pero su participación solo encendió los ánimos de la otra parte.
Lo anterior porque hubo contradicciones en su discurso como no ponerse de acuerdo en su relatoría sobre si tuvo contacto o no con las balas recogidas como evidencia en la escena del crimen o no acreditar especialidades en balística. Lo mismo ocurrió con Christian Álvarez Tinoco que mostró videos y fotografías del día de los hechos que no fueron claras para el juez ni para los abogados acusadores.
Al final, previo a que el juez diera su veredicto, este mismo desestimó las pruebas aportadas porque consideró que no eran los suficientemente sólidas para comprobar que los escoltas sí habían actuado de manera oportuna para evitar el crimen. Más bien, los vinculó a proceso porque su deber era proteger al edil, cosa que no pasó pese a que habían rumores de atentados por parte del crimen organizado.
Víctor “N” forcejeó y no se rindió previo a ser abatido
Otro de los argumentos que presentó Christian Álvarez Tinoco fue que Víctor Manuel “N”, el autor material, no se había rendido previo a que fuera abatido en el lugar, sino que forcejeó con sus extremidades inferiores, lo que representaba un problema para las personas asistentes al Festival de Velas, relató.
Como se mencionó, su argumento fue que los agentes policiacos actuaron debidamente. Esto, según contó, porque en las grabaciones a las que tuvo acceso se observa que no solo había atacado a Carlos Manzo, sino que también podría haber herido a otras personas con el arma de fuego, evitando así una tragedia menor.
A lo largo de las 18 horas se desahogaron diversidad de pruebas y se revivieron los hechos de la noche de ese sábado 1 de noviembre en el Festival de Velas. Se aportaron nuevos 25 datos de prueba que en la audiencia del pasado 22 de noviembre no habían sido dadas a conocer, entre ellas, los testimonios de los 14 elementos de la Guardia Civil que participaban en la vigilancia del evento.
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