Respecto a la propuesta que se ha hecho de que personas voluntarias pudiesen realizar las tareas de los funcionarios de casilla para la revocación para “ahorrar costos”, el consejero electoral Martín Faz rechazó que eso sea posible pues el modelo legal no lo permite
Francisco Félix | julioastillero.com
Es complicado que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice el ejercicio de revocación de mandato el próximo año si no recibe recursos adicionales. La cantidad de recursos solicitados por el organismo corresponde a la “sobrecarga” de atribuciones que se le ha hecho por lo que, en la medida que se le redujeran tareas como la fiscalización o la administración de los tiempos electorales del Estado en radio y televisión -que en casi ningún otro país del mundo realizan órganos electorales- podría también reducirse su presupuesto.
Son palabras del consejero electoral Martín Faz Mora, el único de los once consejeros que, desde su llegada al cargo, en agosto de 2020, se redujo por voluntad propia su salario para ganar menos que el Presidente de la República. En entrevista con Julio Hernández para Astillero Informa, el consejero expuso que el INE solicitó 3,830 millones de pesos para el ejercicio de revocación de mandato, cantidad que no le fue otorgada, por lo que ahora se analiza en qué áreas es posible realizar ajustes presupuestales.
Faz Mora detalló que el presupuesto del INE se compone de distintas partes, pero no se puede disponer de recursos de todas ellas. Como ejemplo, menciona que el 28% del presupuesto se destina a labores de credencialización y actualización del padrón electoral y casi el 27% se va a los órganos desconcentrados, consistentes en: 300 juntas distritales, 32 juntas locales y oficinas centrales. Resaltó que, a diferencia de otros organismos, la naturaleza del INE es completamente territorial, por lo que se ve obligado a mantener dichas oficinas, a las cuales se destina el 5.2% del presupuesto total.
El consejero explicó que la realización del ejercicio de revocación de mandato supone una serie de gastos que no se hacían antes. Para empezar, dijo, será necesario instalar el mismo número de casillas que en una elección presidencial, por lo que se necesitarán 807,450 personas que participen como funcionarios de casilla, para lo cual será necesario visitar “millones de domicilios”; contratar capacitadores y supervisores electorales; mandar imprimir boletas; adquirir materiales electorales y “poner a funcionas los consejos distritales”. Faz Mora indicó que todo lo anterior representa costos que deben ser atendidos.
Finalmente, con respecto a la propuesta que se ha hecho de que personas voluntarias pudiesen realizar las tareas de los funcionarios de casilla para la revocación para “ahorrar costos”, el consejero electoral Martín Faz rechazó que eso sea posible pues “el modelo legal establece que los funcionarios tienen que ser electos a través de una insaculación” para evitar que únicamente vayan personas de un solo partido o movimiento.
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