José Reyes Doria | @jos_redo
En una misma semana, en dos sesiones consecutivas de la Cámara de Diputados, una el martes y otra el miércoles, el arte de la política mostró las dos caras extremas de su ejercicio: gran construcción de acuerdos en la designación del nuevo Auditor Superior de la Federación para el período 2026-2034, pero un enorme descalabro para la reforma político-electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
En la sesión del martes, Aureliano Hernández Palacios obtuvo 472 votos de diputados de todos los partidos políticos, una votación histórica en este tipo de designaciones. Se requería mayoría calificada de dos terceras partes, equivalente a un mínimo de 334 votos; es decir, el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibió casi 150 votos más que los necesarios. Solo para dimensionar: el titular saliente, David Colmenares, obtuvo 377 votos cuando fue electo en 2018.
Un factor determinante, fue que David Colmenares tuvo un desempeño cuestionado por propios y extraños. Colmenares alineó a la ASF a los intereses del gobierno de AMLO y de gobiernos estatales, pero ese sesgo incomodó incluso a una buena porción de la bancada de Morena en San Lázaro. Un dato ilustra esta percepción: las denuncias de hechos por corrupción de la ASF bajo Colmenares, bajaron de alrededor de 100 en 2017, a cero en 2023.
El hecho de que David Colmenares se registrara para buscar la reelección en la ASF, generó tensión en el proceso de designación. Hubo señales y tendencias contradictorias en el proceso. Quienes rechazaban tajantemente la reelección de Colmenares, dentro y fuera del régimen, impulsaron alternativas como la idea de que le tocaba a una mujer encabezar la ASF; en función de ello, sonaron fuerte los nombres de María de la Luz Mijangos, cercana a AMLO, y Natalia Téllez, cercana a Raquel Buenrostro.
Por lo tanto, se requirió de un despliegue político muy fino para construir el mayor consenso posible en torno a un aspirante que, al menos públicamente, no sonaba entre el grupo de favoritos para la ASF. Ricardo Monreal y otros operadores de la bancada de Morena, así como diversas oficinas en Gobernación, o en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, pusieron en marcha un intenso proceso de diálogo, consultas y negociaciones que incluyó a legisladores, gobernadores, grupos políticos que respaldaban a los principales aspirantes.
Hubo la versión de que Palacio Nacional apoyaba a Aureliano Hernández, aunque ello no garantizaba el respaldo casi unánime, se requería la mano de la Presidenta en el tejido político fino; y para corroborar esto, por ejemplo, en 2018 AMLO apoyó a Colmenares, y a pesar de ese apoyo obtuvo 100 votos menos que Aureliano.
El perfil de Aureliano Hernández facilitó la construcción de acuerdos. Con amplia experiencia en el ámbito de la fiscalización, en los últimos dos años se desempeñó como Auditor Especial de Gasto Federalizado en la propia ASF. Podría decirse que, con la designación de Aureliano Hernández como titular de la ASF, se deja atrás la cuestionable perspectiva del sexenio anterior de “noventa por ciento de lealtad, diez por ciento de capacidad”.
Lo anterior es altamente significativo, porque la ASF es la responsable de fiscalizar el gasto público, que se ejerza con honradez, y que se cumplan los objetivos de los programas gubernamentales. La ASF es la principal línea de defensa contra la corrupción, por lo tanto, es indispensable que Aureliano Hernández, con el gran respaldo obtenido, cumpla con esas expectativas por el bien de la República.
En contraste, la operación política para el proceso de la reforma electoral fue accidentada. En primer lugar, era dudosa la pertinencia estratégica de una reforma política-electoral en un momento que, tal vez, la hacía innecesaria e inoportuna. Innecesaria, porque el régimen de la llamada Cuarta Transformación está en la cúspide de su poder. Con las actuales reglas, instituciones y estructuras político-electorales llegaron al poder y lo acrecentaron de forma apabullante. Entonces, ¿para qué gastar capital político en cambiarlas?
E Inoportuna, porque en la actual coyuntura marcada por las crecientes amenazas, agresiones e injurias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que podrían derivar en acciones injerencistas verdaderamente terribles, catastróficas y desestabilizadoras para México, en esta situación se requiere la unidad nacional, el acuerdo de las fuerzas políticas y sociales para enfrentar la escalada cada vez más peligrosa de Trump. Estos cuestionamientos de lo inoportuno e innecesario de la reforma electoral, fueron subrayados incluso por los aliados políticos del régimen, el PT y el PVEM.
Poco ayudó la personalidad soberbia e impositivita de Pablo Gómez como el encargado de diseñar la propuesta de reforma. Tampoco ayudó el no invitar a los aliados del PT y PVEM a participar en la comisión redactora. Dado que la propuesta de reforma incluía temas que amenazaban la sobrevivencia de PT y PVEM, como son la reducción del financiamiento partidista y la segregación de las dirigencias de los partidos de las candidaturas plurinominales, fue un notorio desacierto no incluir desde un principio a los aliados en las mesas de trabajo.
Estos dos temas son interesantes, pero a los operadores de la Presidenta les faltó instrumentarlos y comunicarlos con una perspectiva sistémica y con un criterio de inclusión política.
Se consideró que no se debía ceder ante las posturas de PT y PVEM, sin hacer un esfuerzo por entender que para estos partidos políticos aliados la cuestión era de mera sobrevivencia. Ni siquiera era un debate de posturas o principios. Para estos aliados era una cuestión de sobrevivir o extinguirse. La presión en medios, en redes sociales, en el Congreso, fue abrumadora sobre PT y PVEM, fenómeno que alejaba cada vez más las posibilidades de construir acuerdos mínimos para salir delante del callejón sin salida en que se convirtió la reforma electoral.
A diferencia del proceso para designar al titular de la ASF, donde el perfil de Aureliano Hernández ofrecía elementos de convencimiento para sumar el consenso de todas las fuerzas políticas, aliadas y opositoras; en el caso de la reforma electoral, fue claro desde el principio que generó el rechazo categórico de todas las fuerzas políticas, tanto aliadas como opositoras.
En esas condiciones era casi imposible la construcción de un piso mínimo de entendimiento. En ese clima, los aliados de mil batallas de la 4T, el PT y el PVEM, no apoyaron una reforma que significaba firmar su propia sentencia de muerte política.
Un punto de la reforma, expresado con marcada persistencia, es la cuestión de arrebatarle a las dirigencias de los partidos políticos el privilegio de definir quiénes serán sus diputados plurinominales. Que los partidos no sean quienes definan a los diputados de representación proporcional, sino el voto popular directo.
Tanto el coordinador parlamentario del PT como el del PVEM en la Cámara de Diputados, afirmaron, durante el debate, que esa pretensión no tiene sentido político-histórico. Porque si se aprobara, los partidos políticos quedarían reducidos a una mera franquicia indefinida, porque simplemente serían una entidad que sirve de puerta para registrar candidaturas, y se desdibujaría su función sistémica de ofrecer plataformas ideológicas, programas de acción política y proyectos de Nación y de gobierno.
Se reducirían las elecciones a la mera competencia de popularidades incoloras, sin referencias ideológico-programáticas. Tienen razón en lo general, a pesar del desprestigio que cargan, tanto las dirigencias de los partidos políticos, como la figura de los plurinominales.
