La abogada Miriam Estrada acusó a Mario Delgado y a gobernadores de impulsar una política de hostigamiento contra las normales; señaló 25 carpetas de investigación y al menos 10 órdenes de aprehensión contra estudiantes de la Carmen Serdán.
Redacción Astillero Informa
Ciudad de México.— El normalismo rural enfrenta una “embestida brutal” y una política sistemática de hostigamiento y criminalización, particularmente contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, denunció la abogada defensora de derechos humanos Miriam Estrada.
Durante una entrevista con Julio Astillero en Astillero Informa, Estrada, integrante del equipo jurídico del Consejo Estudiantil de la Normal Rural Carmen Serdán, sostuvo que esta política es coordinada desde la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Mario Delgado, en coordinación con gobiernos estatales.
“Hay una embestida brutal contra el normalismo rural en el país, ya que hay una política sistemática de hostigamiento y criminalización contra cada una de las escuelas normales del país”, afirmó.
De acuerdo con la defensora, en el caso de la Normal Carmen Serdán se han abierto 25 carpetas de investigación contra integrantes de la base estudiantil y existen alrededor de 10 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar. Señaló además el encarcelamiento del abogado Alejandro de Jesús Martínez Martínez, integrante del equipo jurídico que asesora a las estudiantes.
Estrada sostuvo que Martínez permanece privado de la libertad desde el 26 de agosto en el Cereso de San Miguel, Puebla, vinculado a proceso y bajo prisión preventiva justificada por un delito que, según afirmó, no cometió.
“Estamos hablando de un entramado de una fabricación de este delito en el que está siendo aplicado el derecho penal del enemigo, una aplicación del derecho penal desproporcionada para criminalizar a las estudiantes que se manifiestan, que ejercen sus derechos y a un abogado que defiende a estas estudiantes”, señaló.
La abogada explicó que el proceso penal se originó a partir de un paro estudiantil realizado en agosto de 2025, durante el cual las alumnas tomaron las instalaciones de la normal como medida de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas. A su juicio, la Fiscalía General del Estado de Puebla está equiparando una manifestación con el delito de despojo.
“Lo que se está pidiendo es el sobreseimiento de esa causa penal, porque no hay materia para que siga existiendo un proceso penal en contra de las estudiantes de la base estudiantil de la normal de Teteles, ni contra el abogado”, afirmó.
Estrada también señaló que el conflicto se inscribe en una disputa más amplia por la permanencia del modelo de educación normalista rural, incluido su sistema de internado y comedores, que permite a jóvenes provenientes de zonas rurales y marginadas acceder a educación pública.
Según la defensora, después de diversos procesos de diálogo con el gobierno de Puebla se produjo una etapa de “cerrazón” e “intransigencia” por parte de las autoridades estatales, particularmente durante el último año, lo que derivó en una mayor judicialización de las protestas.
La abogada informó que representantes de las estudiantes mantienen un plantón en la Ciudad de México y buscan la intervención del gobierno federal. Indicó que el día previo tuvieron una primera interlocución con la Secretaría de Gobernación, aunque la Fiscalía de Puebla no acudió a ese encuentro.
“Estamos hablando de un caso con connotaciones políticas y de un preso político que no tendría que estar en reclusión”, sostuvo Estrada, quien llamó a la Secretaría de Gobernación a intervenir para evitar una mayor criminalización de la protesta social.
La defensora advirtió finalmente que existe el riesgo de nuevas detenciones y actos de represión contra estudiantes y personas que participan en la defensa jurídica de la Normal Rural Carmen Serdán.
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