Transporte público, lujo o necesidad. Autor: Luis Sánchez

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“…Pues la voluntad del pueblo siempre deberá imponerse sobre cualquiera ley, sobre cualquiera institución que estorbe su mejoramiento y su progreso…
”Fragmento del discurso de Venustiano Carranza en San Luis Potosí, diciembre de 1915

En Monterrey, desde hace años, moverse en transporte público es un lujo.

No por la comodidad que pudiesen ofrecer las unidades, ni por el trato y el buen desempeño de la mayoría de los choferes, sino más bien por el costo del pasaje.

Aun con ello, en estos últimos meses se ha dado una batalla entre gobierno del Estado y empresarios transportistas para definir aumentos a la tarifa.

Cada vez que se reunieron, pospusieron la resolución.

En la última ocasión el asunto dio un giro inesperado: el gobierno estatal retomaría el control del 100% de las rutas del transporte.

El plan, buscar la aprobación del Congreso del Estado para una deuda a largo plazo de $4900.00 millones de pesos, con lo cual se adquirirían unidades para echar a andar el servicio, ya sin empresarios de por medio.

¿Habría más posibilidad de maniobra para mejorar el servicio de transporte público si lo maneja el Estado solamente? ¿Habría más posibilidad de participación ciudadana, sobre todo de los usuarios, en su gestión?

No pregunto si es viable presupuestalmente porque algunos augures de la economía, sabedores de los arcanos y las sutilezas financieras ya se pronunciaron al respecto; y en cuanto a esto sabemos que no nos alcanza el criterio a los humildes espectadores de esos meollos.

En este último sentido la medida, mayoritariamente, no ha sido bajada de ocurrencia.

Algunos expertos, señalando los candados que establece la ley de disciplina financiera de 2016, alegan que la iniciativa carece de sustento y por supuesto que, por el estado de las finanzas actuales y las deudas que ya tiene el Gobierno Estatal, la mera declaración es una barbaridad.

Cuando en el programa radiofónico de Gregorio Martínez se le preguntó a Marco Antonio Pérez Valtier, especialista en estudios económicos y de finanzas públicas, qué pensaba acerca de la exigencia de aumento en la tarifa por parte de los empresarios transportistas, el experto contestó, entre otras cosas, que el aumento está previsto en la ley y van ya 3 años que no se aplica, concluyó que no tenía datos suficientes con respecto a los números de los transportistas para emitir un juicio. Al parecer son muy reservados con esa información. 

En otras palabras, la ley los avala, pero quién sabe si la justicia. Esto último es esclarecedor.

Si los expertos saben al dedillo los pormenores de la gestión gubernamental en el tema, tanto como para llamar ocurrencias las iniciativas emitidas por ella, y son capaces de desglosar con sutilezas técnicas y legales todos los elementos por las que el Estado incurre en barbaridades; pero, por otro lado, no tienen claro lo que atañe a la gestión de los empresarios del transporte, porque no conocen los números; de entrada ¿no sería un avance que la entidad que controle al 100% el servicio sea aquella sobre la que sí se tiene información cabal? En todo caso, sería más sencillo fiscalizarla.

No quiero decir que la administración del autoproclamado Bronco es la idónea para encargarse del asunto, en cuanto a la confianza que merece el señor gobernador y su gabinete yo creo que ya la mayoría de los nuevoleoneses sabemos a qué atenernos.

Pienso que lo relevante aquí es la siguiente cuestión: ¿El transporte público es una necesidad para sus usuarios o un servicio opcional?  

Por obvias razones no es, o no debería ser un servicio opcional; aunque bajo el esquema actual, en los hechos, está queriendo degenerar en eso (queriendo porque no creo que pueda llegar a eso, antes estalla).

Como negocio, el empresario va a buscar siempre para sí la mayor ganancia y la reducción de costos. ¿Cuál será el porcentaje de “dineros libres” para que valga la pena mantener las concesiones? ¿10%? ¿20%? ¿100? Si los expertos nos dieran números tendríamos también la idea de hasta cuánto vale la pena permitirles que exploten un bien público.

Desde ese ángulo no es descabellado pensar en deshacerse de ese peso. El transporte público es una necesidad para el usuario y para el buen funcionamiento de la economía en general, el interés de quien controle el servicio. ¿No debería estar por encima de intereses particulares?

Pero es que está en la ley, dirán, pero es que la propuesta supone un retroceso; lo de hoy es superar el neoliberalismo (en los hechos perpetuarlo) y ellos se quieren volver al modelo keynesiano.

Más allá de terminologías, escuelas, dogmas, debería prevalecer el buen funcionamiento de las instituciones, servicios, etcétera. Prevalecer la sustentabilidad de las actividades para el bienestar social. Rollos aparte.

En todo caso, si progresa la iniciativa, será muy importante que la ciudadanía, todos los que no formamos parte de ningún entramado político o grupo de poder, presionemos para que sea bajo los esquemas de un gobierno abierto.

Al final del día, por muy honrado que sea el empresario a cargo o el gobernador en turno, si no nos involucramos todos (la historia es maestra), la gestión volverá a degenerar para beneficio de los menos.

@bonsiul

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