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Sheinbaum firma decreto contra contenido digital violento; plataformas tienen 30 días para aplicarlo (nota de Laura Arana en OEM-Informex)

octubre 14, 2026
Sheinbaum firma decreto contra contenido digital violento; plataformas tienen 30 días para aplicarlo (nota de Laura Arana en OEM-Informex)

Alcalde destacó que las plataformas deberán contar un contacto disponible para atender requerimientos de información de las instituciones investigadoras, preservar y entregar evidencia relevante

Laura Arana | OEM-Informex

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto para que las plataformas digitales identifiquen y retiren contenidos que promuevan distintas formas de violencia. A partir de su publicación, tendrán 30 días para implementar las acciones necesarias para garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes en internet.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum indicó que el decreto se publicará este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Remarcó que las plataformas estuvieron de acuerdo con la medida y solicitaron 30 días para implementarla.

“El decreto que obliga a las plataformas digitales a retirar cualquier contenido que tenga que ver con violencia, acoso, abuso sexual, en el caso de cuentas de niñas, niños y adolescentes, y tienen que desarrollar todo lo necesario para que así sea”.

“Las plataformas estuvieron de acuerdo, lo único que pidieron fue un mes para poder preparar sus plataformas para que esto sea una realidad, y le vamos a dar seguimiento con la Agencia de Transformación Digital”, remarcó.

Sheinbaum apuntó que, en caso de incumplimiento, se valorará impulsar una legislación que contemple sanciones, pues el decreto es obligatorio, aunque no punitivo.

“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces, pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, apuntó.

Dijo que en un mes, las plataformas deberán tener ya un ajuste en el algoritmo para bajar en automático el contenido violento y salvaguardar a menores de 18 años.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que, para cumplir con estas disposiciones, las plataformas deberán incorporar medidas de seguridad y protección desde el diseño de sus servicios, identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan las conductas señaladas, clasificar los materiales por edades y verificar la edad de las personas usuarias.

Como parte de las acciones adicionales, Alcalde señaló que, en caso de incumplimiento, podría abrirse un espacio para discutir propuestas regulatorias que permitan fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

“Las plataformas digitales deben documentar e informar las acciones implementadas para dar cumplimiento a las disposiciones del presente decreto dentro de un plazo máximo de 30 días naturales contado a partir de su entrada en vigor. Eso fue incorporado y fue consensado con las plataformas”, resaltó la funcionaria.

También deberán habilitar herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, así como mecanismos para reportar contenidos violentos. Además, tendrán que activar de manera predeterminada configuraciones de privacidad y seguridad para niñas, niños y adolescentes, sin que estos tengan que buscarlas o habilitarlas por su cuenta.

Alcalde destacó que las plataformas deberán contar con un punto de contacto disponible para atender requerimientos de información de las instituciones investigadoras, preservar y entregar evidencia relevante para las investigaciones y alertar a las autoridades cuando detecten contenidos que puedan atentar contra la vida.

La funcionaria señaló que el plazo de implementación fue acordado con las plataformas digitales durante una segunda reunión de trabajo. Asimismo, reconoció la disposición de las compañías para colaborar con la medida y señaló que, lejos de mostrar resistencia, comprendieron la necesidad de contar con un instrumento para reforzar la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales.

El decreto contempla prohibir el acceso, la exposición y la recomendación a niñas, niños y adolescentes de contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.

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