En ese escenario, la fiscalía estaría “bordando” una imputación en el aire, señaló.
Isaac Rosales | Astillero Informa
La Fiscalía General de la República (FGR) debe tener “un elemento de prueba sólido para afirmar” que María Amparo Casar y dos funcionarias de Pemex incurrieron en un “acto indebido” al solicitar y autorizar la pensión por viudez que la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha recibido desde 2004, afirmó el abogado penalista Gabriel Regino.
Si el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, dijo: “‘Es ilegal porque no se le tenía que haber pagado’, debe haber alguna circular o algo que impidiese que se pagase de esa manera”. De lo contrario, la fiscalía “estaría bordando prácticamente en el aire una imputación de un delito y eso sería no solamente escandaloso, sino gravísimo“, dijo este martes en una entrevista para Astillero Informa.
Según Regino, “la normatividad existente en Pemex en 2004 […] no excluye de manera expresa el suicidio como una causal para no pago de la pensión”.
Por otra parte, “¿acaso una persona que ha trabajado tres meses y medio tiene ya derecho por ello a tener una pensión de esos alcances?” “Es una incógnita porque se encuentra dentro del marco jurídico de este personal de confianza de Pemex que, hasta donde hemos tenido nosotros la limitada capacidad de revisar, tampoco encontramos una prohibición sobre ese sentido”, manifestó.
Además, dijo que reclasificar la categoría de uso indebido de atribuciones y facultades a otro ilícito no es viable, “porque la competencia que le da a la Fiscalía General de la República está precisamente determinada por la calidad de las servidoras públicas que están relacionadas en este hecho”, quienes “seguramente eran del área de finanzas o de prestaciones laborales de Pemex“, lo cual “le da el ámbito federal“.
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