Esta resolución corroboraría que la obtención de esta prestación fue indebida.
Isaac Rosales | Astillero Informa
Luego de que este viernes se conociera que la FGR acusó a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de uso ilícito de atribuciones y facultades, el abogado Federico Anaya afirmó que una sentencia penal podría obligarla a devolver el dinero público que recibió con motivo de la pensión post mortem que le legó su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien se desempeñó como un alto directivo de Pemex por un periodo de 129 días.
“La sentencia penal, lo que corroboraría, dándole oportunidad por supuesto a Casar y a su defensa de probar lo contrario, es que los pagos nunca debieron haberse dado y, por lo tanto, tienes que devolver el dinero público que recibiste indebidamente de manera prácticamente permanente”, declaró esta tarde en una entrevista para Astillero Informa.
Sin embargo, antes de llegar hasta esa instancia, “la jueza o el juez penal tienen que decirnos si es razonable que una persona, que entra como trabajador de confianza en una posición alta burocrática y trabaja 129 días, produzca o genere una pensión que obligue al Estado Mexicano, a través de Pemex, a pagarla de manera permanente.
Desde su perspectiva, “Amparo Casar convenció o se puso de acuerdo con funcionarios de Pemex para que le dieran de manera indebida una pensión, que aparte es tremendamente más grande que cualquier pensión que cualquier trabajador de Pemex le hubiera podido legar a su viuda o a sus huérfanos“.
Por tanto, “hay suficientes elementos para presuponer que hubo un uso indebido del poder público de parte de los funcionarios y, obviamente, de ella”, comentó.
Paralelamente, “es de evidente justicia discutir cómo es posible que haya pensiones gigantescas como la de Casar“. “¿Cómo es posible que haya este diferencial que es notoriamente injusto“, se preguntó.
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