A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la periodista cuestionó los supuestos nuevos hallazgos difundidos sobre el caso y advirtió que podrían revictimizar a las familias si se utilizan para cerrar la investigación.
Redacción Astillero Informa
A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, las familias continúan sin respuestas sobre el paradero de sus hijos y, de acuerdo con la periodista especializada en derechos humanos Elia Almanza, existe el riesgo de que las nuevas líneas de investigación anunciadas por las autoridades retomen elementos de la llamada “verdad histórica”.
Durante una entrevista con Julio Astillero, Almanza consideró preocupante que, después de más de una década, las familias hayan regresado a un escenario de incertidumbre y cuestionó los supuestos nuevos hallazgos difundidos recientemente sobre restos encontrados en el basurero de Cocula, el río San Juan y una funeraria de Iguala.
“Después de ya varias reuniones con la presidenta, las mismas familias han señalado que han sido muy pocos los avances o muy sutiles los avances que ha dado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló.
La periodista pidió tomar con cautela la información difundida sobre las bolsas con restos humanos y sostuvo que elementos similares ya habían sido revisados durante investigaciones anteriores. Según su planteamiento, presentarlos nuevamente como evidencia novedosa requiere explicar qué cambió respecto de los análisis previos.
Almanza advirtió que la recuperación de narrativas vinculadas con la versión oficial construida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto podría tener consecuencias para las familias de los normalistas.
“Que se quieran retomar narrativas que incluso vienen desde la denominada verdad histórica, lejos de que puedan ser para las familias una ruta esperanzadora, es una ruta que revictimiza, que les lastima”.
La periodista agregó que espera equivocarse al considerar que estas nuevas líneas pudieran conducir al cierre del caso sin esclarecer plenamente lo ocurrido.
“Yo esperaría y espero equivocarme que no sea una ruta de cierre que se esté buscando pues dar con ello un carpetazo de la investigación a las familias”.
Por ello, planteó que el gobierno debe explicar qué elementos son realmente nuevos y qué investigaciones se están ofreciendo a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
“¿Qué sí es lo nuevo? ¿Qué sí se le está dando a las familias como hallazgos o como investigaciones? Eso es lo que hay que cuestionarle al Estado y al gobierno”.
Las declaraciones se producen mientras el caso Ayotzinapa vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública por la difusión de información sobre más de una veintena de bolsas con restos humanos que estarían siendo analizados. La información fue cuestionada por los propios padres y madres de los 43, quienes señalaron el 1 de septiembre que no habían recibido información ni habían sido notificados sobre esos supuestos hallazgos.
La Fiscalía General de la República, por su parte, informó en agosto que había ordenado un “reanálisis profundo, exhaustivo y detallado” de las actuaciones existentes en el caso y que ese trabajo había abierto nuevas líneas de investigación.
Pendientes ante organismos internacionales
Almanza ubicó Ayotzinapa dentro de una crisis más amplia de derechos humanos y cuestionó el cumplimiento de México de sus obligaciones internacionales. En particular, señaló que el Estado mexicano mantiene un pendiente frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la prisión preventiva oficiosa.
“En el caso de la Corte Interamericana le pidió al Estado eliminar la prisión preventiva oficiosa, no lo ha hecho, todo lo contrario, la ha aumentado”, afirmó.
La Corte IDH ha emitido sentencias contra México relacionadas con esta figura y mantiene procesos de supervisión de cumplimiento, por lo que el señalamiento de Almanza se refiere a la Corte Interamericana, no a una orden de Naciones Unidas.
La periodista también señaló que el país enfrenta un procedimiento ante Naciones Unidas relacionado con la desaparición forzada y criticó que las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales sean presentadas como una forma de “injerencismo”.
En ese contexto, sostuvo que el Estado mexicano no puede elegir discrecionalmente cuándo cumplir los compromisos adquiridos mediante tratados internacionales.
Para Almanza, los pendientes abarcan también la desaparición de personas, las agresiones contra periodistas y defensores ambientales y la persistencia de la tortura. Sobre este último punto, sostuvo que continúa utilizándose como mecanismo para fabricar delitos y culpables.
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