Rocha Moya recupera tres pensiones por 1.5 millones al año; oposición exige investigar a Hacienda por trato desigual (Redacción Astillero Informa)

Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron que el gobernador con licencia de Sinaloa pueda disponer nuevamente de sus pensiones del IMSS, ISSSTE y la Universidad Autónoma de Sinaloa, mientras otros jubilados enfrentan modificaciones en sus prestaciones. La oposición también señaló posibles deficiencias jurídicas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y exigió explicaciones a la Secretaría de Hacienda.
Ciudad de México, 15 de noviembre de 2026. — La decisión judicial que permitió al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recuperar el acceso a tres pensiones que suman aproximadamente 1.5 millones de pesos anuales provocó nuevos cuestionamientos de legisladores federales de oposición, quienes exigieron revisar la actuación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y denunciaron lo que consideran un trato desigual hacia los trabajadores jubilados.
La controversia surgió después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acatara una suspensión provisional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mediante la cual se autorizó el desbloqueo parcial de cuentas bancarias del exmandatario sinaloense.
Los recursos corresponden a prestaciones provenientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
El caso adquirió relevancia política debido a que Rocha Moya permanece sujeto a restricciones financieras relacionadas con señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.
En este contexto, diputados de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional (PAN) cuestionaron que el exgobernador pueda recuperar el acceso a esos ingresos mientras otros pensionados enfrentan cambios en las condiciones de su retiro.
Sin embargo, la resolución judicial no implica la liberación de todo su patrimonio ni representa una declaración de inocencia respecto de las investigaciones que pudieran existir en su contra.
¿Cuánto recibe Rubén Rocha Moya por sus tres pensiones?
De acuerdo con información publicada por El Financiero el 13 de noviembre, basada en la declaración patrimonial presentada por Rocha Moya en mayo de 2026, el político morenista reportó tres prestaciones de retiro.
La primera corresponde a su jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, institución en la que desarrolló parte de su trayectoria académica y de la que fue rector entre 1993 y 1997.
Por este concepto declaró ingresos anuales de 731 mil 647 pesos.
La segunda prestación corresponde a una pensión por cesantía en edad avanzada del IMSS, por la cual reportó 490 mil 626 pesos al año.
Finalmente, recibe una pensión por viudez del ISSSTE, equivalente a 316 mil 102 pesos anuales.
En conjunto, las tres prestaciones representan 1 millón 538 mil 375 pesos al año, equivalentes a aproximadamente 128 mil 198 pesos mensuales.
Los montos corresponden a las percepciones reportadas en su declaración patrimonial y no necesariamente a depósitos mensuales idénticos, debido a posibles diferencias en calendarios de pago y actualizaciones.
El mismo reporte señala que Rocha Moya declaró ingresos anuales totales por 2 millones 336 mil 583 pesos, incluyendo otras percepciones correspondientes al periodo informado.
La cantidad que recibe por sus pensiones se convirtió en uno de los principales puntos de discusión entre los legisladores opositores.
PAN y Movimiento Ciudadano piden revisar a Hacienda y a la UIF
Las críticas se concentraron en la actuación de la Secretaría de Hacienda y, particularmente, de la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de ordenar el bloqueo administrativo de las cuentas bancarias.
De acuerdo con información publicada por El Imparcial este domingo, legisladores de ambas fuerzas políticas cuestionaron la solidez jurídica de las medidas aplicadas contra Rocha Moya.
El diputado panista Marcelo Torres Cofiño consideró que el desbloqueo parcial refleja deficiencias en la manera en que la UIF ejecutó el congelamiento de los recursos.
A juicio del legislador, las autoridades financieras debieron distinguir desde el inicio entre los recursos sujetos a revisión y aquellos provenientes de prestaciones laborales legalmente reconocidas.
El planteamiento es que una inmovilización general de cuentas, sin separar adecuadamente los distintos ingresos, puede generar problemas jurídicos que posteriormente permitan impugnar la medida ante los tribunales.
Torres Cofiño también cuestionó la actuación de las autoridades mexicanas frente a los señalamientos procedentes de Estados Unidos.
Desde su perspectiva, los bloqueos financieros deben estar respaldados por investigaciones suficientemente fundamentadas y no depender exclusivamente de señalamientos de autoridades extranjeras.
Estas declaraciones representan la valoración política y jurídica del legislador. La suspensión provisional concedida a Rocha Moya no demuestra, por sí sola, que todas las medidas adoptadas por la UIF hayan carecido de fundamento.
No obstante, los diputados opositores solicitaron que Hacienda explique los criterios utilizados para ordenar el congelamiento de las cuentas y las razones jurídicas por las que posteriormente permitió recuperar el acceso a los depósitos pensionarios.
Iraís Reyes cuestiona protección a Rocha Moya frente a recortes a jubilados
La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, también cuestionó las condiciones en las que el exgobernador recuperó el acceso a sus pensiones.
La legisladora relacionó el caso con la reforma constitucional impulsada para limitar las denominadas pensiones doradas, que modificó las reglas aplicables a determinadas jubilaciones financiadas con recursos públicos.
Según sus señalamientos, algunos extrabajadores del Estado han visto modificadas las condiciones de sus prestaciones después de décadas de servicio.
Reyes sostuvo que resulta contradictorio que se invoque la protección de derechos adquiridos para garantizar el acceso de Rocha Moya a sus ingresos mientras otros jubilados enfrentan reducciones o nuevas restricciones.
El cuestionamiento se centra en la manera en que las autoridades aplican los criterios de protección de las pensiones y las disposiciones introducidas por la reforma al artículo 127 constitucional.
Sin embargo, ambos casos corresponden a situaciones jurídicas diferentes.
Mientras la controversia de Rocha Moya está relacionada con el bloqueo administrativo de cuentas bancarias y la protección de los recursos provenientes de pensiones, la reforma constitucional establece límites a determinadas prestaciones de retiro financiadas con recursos públicos.
Por ello, el desbloqueo de sus cuentas no significa necesariamente que las pensiones del exgobernador estén sujetas a las mismas disposiciones que las jubilaciones modificadas por la reforma.
Federico Döring señala afectaciones a jubilados y trabajadores de Modalidad 40
El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, amplió los cuestionamientos hacia la política de pensiones del gobierno federal.
El legislador señaló que existen dos grupos particularmente afectados por los cambios recientes: los extrabajadores de determinadas instituciones públicas y quienes buscan mejorar su futura jubilación mediante la Modalidad 40 del IMSS.
En el primer caso, cuestionó la aplicación de nuevos límites a pensiones que, según su postura, habían sido establecidas mediante contratos colectivos, acuerdos laborales y disposiciones vigentes al momento de la jubilación.
De acuerdo con Döring, algunos trabajadores desarrollaron su vida laboral durante más de 25 años bajo condiciones de retiro que posteriormente fueron modificadas.
En cuanto a la Modalidad 40, el panista criticó el incremento progresivo de las aportaciones y las dificultades que enfrentan determinados trabajadores para continuar cotizando con salarios elevados.
La Modalidad 40, denominada oficialmente Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a personas que dejaron de cotizar mediante un patrón realizar aportaciones directamente al IMSS, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.
Este mecanismo puede resultar especialmente relevante para trabajadores amparados por el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, debido a que sus semanas cotizadas y el salario promedio de determinados periodos intervienen en el cálculo de la pensión.
No obstante, el incremento de las cuotas representa un costo adicional para quienes deciden utilizar este esquema.
Las restricciones y modificaciones en la Modalidad 40 forman parte de un debate distinto del bloqueo de cuentas de Rocha Moya, aunque los legisladores opositores los vincularon para cuestionar las prioridades de la política de jubilaciones.
¿Por qué la UIF había congelado las cuentas del exgobernador?
El caso tiene su origen en mayo de 2026, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera incluyó a Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses en su Lista de Personas Bloqueadas.
La medida fue adoptada después de que autoridades estadounidenses formularan señalamientos sobre presuntos vínculos entre el político mexicano y organizaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con información publicada por El País, las acusaciones estadounidenses señalaron presuntas relaciones de protección y financiamiento político entre integrantes de la administración estatal y personas vinculadas con el narcotráfico.
Rocha Moya había llegado a la gubernatura de Sinaloa en 2021, respaldado por Morena, después de una trayectoria que incluyó cargos académicos, administrativos y legislativos.
En agosto de 2026 se separó del gobierno estatal mediante una licencia, en medio de los cuestionamientos políticos y financieros relacionados con su situación.
El congelamiento de sus cuentas formó parte de las medidas administrativas adoptadas en México después de los señalamientos estadounidenses.
Es importante precisar que las acusaciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico no equivalen a una sentencia condenatoria y deben distinguirse de los hechos acreditados mediante resoluciones judiciales.
La controversia sobre las pensiones tampoco modifica por sí misma el estado de esas investigaciones.
¿Por qué un tribunal permitió liberar parte de su dinero?
La decisión que permitió a Rocha Moya recuperar el acceso a sus prestaciones fue emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
De acuerdo con la información difundida por la UIF y retomada por El País, el órgano jurisdiccional concedió una suspensión provisional para proteger los depósitos relacionados con sus pensiones.
La resolución reconoció la naturaleza particular de esos recursos, que cuentan con protecciones legales frente a determinadas medidas de embargo o inmovilización.
En consecuencia, las autoridades financieras debieron permitir que el exgobernador dispusiera de las ministraciones provenientes del IMSS, ISSSTE y la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La determinación no ordenó liberar indiscriminadamente todos sus recursos.
Por el contrario, la medida se encuentra limitada a las cuentas y depósitos relacionados con las prestaciones pensionarias identificadas en el procedimiento.
El resto de los recursos sujetos al bloqueo continúa bajo las restricciones correspondientes.
Tampoco se trata de una resolución definitiva sobre la legalidad de todas las medidas financieras aplicadas contra el exgobernador.
Una suspensión provisional tiene como propósito preservar determinados derechos mientras continúa el procedimiento principal, por lo que sus efectos pueden modificarse conforme avance el litigio.
El debate por las llamadas pensiones doradas
La controversia ocurre meses después de que se impulsaran modificaciones constitucionales para establecer límites a determinadas pensiones del sector público.
La reforma al artículo 127 constitucional, publicada en abril de 2026, tuvo entre sus objetivos restringir jubilaciones de montos elevados financiadas con recursos públicos.
La discusión se concentró especialmente en prestaciones correspondientes a determinados organismos y entidades estatales, algunas de las cuales superaban ampliamente los ingresos promedio de los trabajadores jubilados.
El gobierno federal ha defendido estas medidas como parte de una política orientada a limitar beneficios excesivos y establecer criterios de racionalidad en el gasto público.
Sin embargo, legisladores de oposición y sectores de trabajadores han cuestionado las consecuencias jurídicas de modificar prestaciones previamente reconocidas.
Una de las principales discusiones se relaciona con la protección de los derechos adquiridos y los alcances de la aplicación de nuevos límites a personas que ya se encontraban jubiladas.
Desde esta perspectiva, el debate no consiste únicamente en establecer cuánto debería recibir una persona al retirarse, sino también en determinar bajo qué condiciones pueden modificarse prestaciones reconocidas con anterioridad.
El caso de Rocha Moya volvió a colocar ese problema en la discusión pública porque sus ingresos pensionarios representan una cantidad considerable en comparación con las percepciones de una parte importante de los jubilados mexicanos.
Sin embargo, el monto elevado de una pensión no demuestra automáticamente que su cobro sea ilegal, del mismo modo que su reconocimiento judicial no impide examinar el marco jurídico bajo el cual se concedió.
La oposición también menciona los casos de Hilda Brown y Ernesto Ruffo
Como parte de sus cuestionamientos, Federico Döring hizo referencia a otros personajes políticos que han enfrentado restricciones sobre sus cuentas bancarias.
Uno de los casos mencionados fue el de Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena por Baja California, quien también fue objeto de medidas financieras derivadas de señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado.
Según lo expuesto por el legislador, la morenista obtuvo autorización para disponer de recursos relacionados con sus ingresos como diputada.
Döring contrastó esa situación con la del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien también ha enfrentado restricciones financieras y procedimientos legales.
El panista señaló que las resoluciones sobre el acceso a determinados recursos no han sido iguales en los distintos expedientes.
Sin embargo, para establecer si existe un trato jurídicamente desigual sería necesario revisar las características de cada procedimiento, el origen de los recursos, las solicitudes presentadas y los fundamentos utilizados por los tribunales.
La existencia de resoluciones diferentes no demuestra por sí sola una actuación parcial de las autoridades, aunque los legisladores consideran que los casos ameritan una revisión.
¿Qué sigue para Rocha Moya y la Secretaría de Hacienda?
La controversia mantiene abiertos dos asuntos distintos.
Por una parte, continúa el procedimiento relacionado con el bloqueo de las cuentas bancarias de Rocha Moya, cuya resolución definitiva deberá determinar los alcances legales de las restricciones financieras que aún permanecen vigentes.
La suspensión provisional que le permite disponer de sus pensiones no resuelve el fondo de ese procedimiento.
Por otra parte, legisladores opositores plantearon la necesidad de que la Secretaría de Hacienda explique los criterios utilizados por la Unidad de Inteligencia Financiera para inmovilizar recursos y posteriormente acatar las determinaciones de los tribunales.
De acuerdo con los reportes periodísticos de este domingo, las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano buscan llevar la discusión al ámbito legislativo y revisar las consecuencias de las modificaciones al sistema de pensiones.
Hasta el momento, no se ha documentado en las fuentes consultadas la aprobación de una investigación parlamentaria formal contra Hacienda derivada específicamente de este caso.
Tampoco se ha difundido una resolución definitiva que determine que el desbloqueo parcial de las cuentas del exgobernador constituye un acto de favoritismo político.
Lo que sí está confirmado es que la UIF acató una determinación judicial que protege el acceso a ingresos pensionarios identificados, mientras mantiene otras restricciones financieras.
La decisión ha generado críticas de legisladores que consideran necesario explicar por qué determinados servidores públicos conservan prestaciones elevadas mientras otros trabajadores enfrentan cambios en las condiciones de su retiro.
Así, el caso de Rubén Rocha Moya ha reabierto una discusión que trasciende su situación personal: cómo garantizar que la protección de las pensiones, los límites al gasto público y las medidas de investigación financiera se apliquen conforme a criterios legales claros y verificables.
Mientras la oposición exige explicaciones a Hacienda, el exgobernador sinaloense podrá disponer de las prestaciones autorizadas por el tribunal, equivalentes a aproximadamente 1.5 millones de pesos anuales, sin que ello implique el levantamiento total de las restricciones sobre su patrimonio.
Asesinan al periodista Eduardo Flores en Acapulco (nota de Enrique Hernández en OEM-Informex)
El reportero de Enfoque Informativo fue localizado en la colonia Canuto Nogueda, en la zona de La Sabana; sus familiares reconocieron el cuerpo en el Semefo durante la madrugada de este domingo. Enrique Hernández | OEM-Informex El periodista Eduardo Flores fue localizado sin vida la noche del sábado en la colonia Canuto Nogueda en la…
¿Reconocerías a Harfuch? Sale a la luz su fotografía en un anuario de secundaria (redacción Astillero Informa)
Una fotografía escolar de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, comenzó a circular en redes sociales y muestra cómo lucía hace aproximadamente 30 años, cuando todavía era estudiante de secundaria. El pasado escolar de Omar García Harfuch volvió a llamar la atención luego de que el portal Cuna de…
Baile en Puebla termina en tragedia: cinco hombres mueren a balazos; hallan armas y vehículos baleados (Redacción Astillero Informa)
Una presunta riña entre habitantes de dos comunidades terminó en un enfrentamiento armado durante las celebraciones en honor a Cristo Rey, en Chignahuapan. La Fiscalía de Puebla abrió una investigación por homicidio doloso y confirmó el hallazgo de cinco cadáveres, dos vehículos con impactos de bala y armas de fuego. Hasta el momento no se…
