Por Iñaki Fernández
La primera gran derrota la propinaron los de casa y no la oposición. La reforma electoral de Claudia Sheinbaum no fue frenada por el bloque adversario, sino por el Partido del Trabajo y el Partido Verde, dos partidos que en teoría sostienen su proyecto. Sus dirigencias decidieron no acompañar la iniciativa original. Y con eso se evidenciaron como lo que realmente son.
Sheinbaum sale relativamente bien librada del episodio. Cumple una promesa de campaña: intentó la reforma, la presentó, puso en el centro del debate los raudales de dinero público y la defendió hasta su sepultura.
El PT y el PVEM mostraron, sin mayor disimulo, su verdadera lógica: no tocar lo que garantiza su sobrevivencia. Prerrogativas, financiamiento público, y acceso a senadurías y diputaciones por la vía de la representación plurinominal. Más simple: poder y dinero. Varios análisis en prensa coinciden en que esto no fue una diferencia ideológica; fue una negativa a sacrificar sus propios intereses. Mal harían en darse un balazo en el pie.
El mensaje es contundente: “apoyan” el proyecto de la Cuarta Transformación mientras ese proyecto no les cueste nada, mientras saquen grandes dividendos.
La reacción de la presidenta fue casi inmediata. Horas después del tropiezo legislativo, presentó en la mañanera el “Plan B”, listo para ser enviado al Senado. En esta nueva versión, se conservan algunos de los ejes principales como la elección judicial en 2027, ajustes al sistema bajo argumento de austeridad con énfasis en el plano estatal y local.
Aunque muchos quieran hacer pasar esta derrota como una reconfiguración que permite avanzar sin romper con los aliados que acaban de ponerte una zancadilla, la pregunta de fondo es ¿por qué mantenerlos?
La respuesta es pragmática aunque no sea cómoda de admitir. El PT y el Verde, desgastados como están, siguen siendo funcionales. Aportan cierta estructura territorial, roban algunos votos para el Congreso y, sobre todo, fragmentan el sistema de partidos en beneficio del bloque gobernante. Romper con ellos sería abrir un frente innecesario rumbo a 2027.
Pero esa decisión tiene costos concretos. El primero es que Morena ya sabe que sus aliados pueden frenar reformas clave, lo que encarece cualquier negociación futura. A partir de ahora veremos más concesiones, más espacios, más tolerancia a agendas propias.
El segundo es narrativo: si los necesitas como socios electorales, no puedes acusarlos de traición cuando se decidan ir en tu contra. El tercero es estructural: el episodio fortalece la lógica de los partidos satélite que negocian su apoyo a cambio de beneficios, no de convicción.
Del otro lado también hay cálculo, y no es menor. El PT y el PVEM saben perfectamente cuál es su realidad: en solitario, estarían peleando por no perder el registro. Su fuerza no está en su autonomía; está en ser bisagra dentro de una coalición dominante. Por eso tensan sin romper y Morena lo sabe.
La pregunta que queda abierta es si este esquema le conviene a largo plazo o si eventualmente tendrá que replantear su modelo de alianzas. Por ahora la respuesta es clara: aguantar, negociar y avanzar con lo que se pueda.
El Plan B no es solo una respuesta legislativa. Es la confirmación de que el proyecto de Sheinbaum ya opera en modo de equilibrio permanente — convicción/concesión—. Que eso sea sostenible hasta 2027 es una gran interrogante.
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