La iniciativa permite el acaparamiento y la destrucción de fuentes acuíferas porque no hay mecanismos regulatorios de grandes concesionarios, explicó.
Isaac Rosales | Astillero Informa
La propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales mantendrá “vigente una norma que es producto del neoliberalismo y que está permitiendo el acaparamiento y la destrucción de las fuentes superficiales de agua“, aseguró Rodrigo Gutiérrez, doctor en derecho, profesor y escritor.
“El problema es que el agua no se puede separar en su materialidad“. Es decir, “el agua que puede llegar a consumir una persona en su domicilio, ejerciendo su derecho humano al agua, establecido en el artículo cuarto, proviene de las mismas fuentes que son objeto de concesiones empresariales bajo el artículo 27 constitucional”, afirmó este viernes en una entrevista para Astillero Informa.
“¿Cómo se puede garantizar tener agua de calidad, como dice el artículo cuarto, para consumo personal y doméstico, si no tenemos una política eficaz de vigilancia sobre las descargas de aguas contaminantes que vierten las empresas a los ríos? Es imposible, no se pueden separar las aguas”, subrayó.
E hizo una pregunta más para explicarse: “¿Cómo podemos garantizar la disponibilidad de agua a las comunidades o a la naturaleza si no controlamos las concesiones que se están otorgando a los grandes acaparadores?”
En conclusión, “el acceso, la disponibilidad y la calidad […] no se pueden garantizar si no se establecen políticas de monitoreo, información, vigilancia, sanción, reparación del daño sobre el agua existente en el país”.
Gutiérrez recordó que la Ley de Aguas Nacionales de 1992 concebía al líquido vital como un “recurso necesario para la producción de mercancías y acumulación de capital“. Esto es, el “agua para los negocios y el agua como negocio“.
Además, fue un “dispositivo jurídico clave para que sector empresarial” accediera “con facilidad al agua”, fomentando el “acaparamiento y la destrucción” de fuentes tanto superficiales como subterráneas. Por ejemplo, la industria concesionaria ha utilizado diversos “ríos del país como drenajes industriales“.
Uno de estos ha sido la cuenca Alto Atoyac, en donde 20 mil empresas sin vigilancia han vertido aguas tóxicas a los ríos, provocando leucemia, abortos espontáneos, mutación genética y daño molecular transgeneracional, expuso.
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