La denuncia asume que el director general del IMSS, Zoé Robledo, y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, beneficiaron al empresario Manuel Bartlett junior.
Bertha Becerra | OEM-Informex.
Diputados del PAN formalizaron una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que atraiga, persiga y desintegre los presuntos nexos de corrupción entre las empresas de la familia Bartlett y la 4T.
El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo informó que piden a la ASF que actúe, audite y supervise las adquisiciones, evitando más pérdidas humanas, mismas que se traducen en fortunas económicas para los allegados del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La querella fue firmada por el diputado federal Mendoza Acevedo, así como los diputados locales Federico Doring y Héctor Barrera. En esta se asume que el director general del IMSS, Zoé Robledo, y la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, beneficiaron al empresario Manuel Bartlett junior, a través de una compra millonaria de ventiladores para pacientes con coronavirus.
“La compra configura un posible conflicto de interés hacia Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien gracias a su cargo en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, benefició bajo plena consciencia a la empresa de su hijo”, dijo el diputado Mendoza.
A esta hipótesis llegaron los legisladores del PAN, quienes decidieron acudir a la ASF que dirige el auditor David Colmenares Páramo, con objeto de tener una fiscalización ‘exacta, estricta y objetiva’ en contra de Zoé Robledo y de Manuel Bartlett Díaz.
La denuncia señala además, que de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la ASF con base al dictamen técnico –jurídico que emitan las áreas competentes, puede autorizar la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2020 del IMSS y otras áreas de salud involucradas.
Asimismo se solicita a las entidades fiscalizadas que proporcionen la información que la ASF les solicite, para el adecuado desahogo del proceso de revisión y, una vez concluida, se promuevan las acciones que en su caso correspondan para fincar responsabilidades.
Las sanciones van desde administrativas, penales y políticas de acuerdo a las legislaciones aplicables.
“Apelamos por una indagatoria sin conspiración hacia terceros, pero sí con la legalidad que tanto reclama una sociedad lastimada por los excesos de funcionarios que han hecho tropezar el avance del país con sus errores al cobijo del Movimiento Regeneración Nacional”, dijo el diputado Mendoza.
