Oaxaca se convierte en la quinta entidad del país en sancionar este delito con cárcel
Luis Ramírez | OEM-Informex
Oaxaca, Oax., 2 de septiembre.- El Congreso de Oaxaca aprobó la tarde de este martes la “Ley para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno”, que tipifica este delito y establece penas de prisión de hasta 24 años para quienes lo cometan.
Esta ley busca hacer justicia a las víctimas y proteger los derechos de las personas y comunidades indígenas y afromexicanas.
La ley establece que quienes de manera arbitraria obliguen a una persona o grupo a abandonar su lugar de origen, territorio o residencia habitual, enfrentarán una pena de 10 a 18 años de prisión y una multa de 1000 a 2000 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La pena se agravará hasta una tercera parte y podría aumentar hasta 24 años si el delito lo cometen servidores públicos, se emplean armas de fuego o se atenta contra el normal desarrollo psicosexual de las mujeres.
La legislación también sanciona a quienes impidan u obstaculicen el retorno de las personas desplazadas, con una pena de 10 a 18 años de prisión y la misma multa. En caso de que un servidor público cometa esta falta, la pena aumentará.
De esta forma, Oaxaca se convierte en la quinta entidad del país en contar con un instrumento legal para atender este tema y tipificar como delito. Con esta ley también se creará un registro de personas en situación de desplazamiento forzado interno, a cargo de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del poder Ejecutivo del estado.
De esta forma, Oaxaca se convierte en la quinta entidad del país en contar con un instrumento legal para atender el desplazamiento forzado y tipificarlo como delito
Su objetivo es recopilar información de las personas que se encuentren en esa condición.
Durante la sesión, el diputado Isaac López López señaló que el desplazamiento forzado es un problema recurrente en Oaxaca, consecuencia de conflictos sociales, políticos y agrarios que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
“El desplazamiento forzado es un problema recurrente que afecta a pueblos y comunidades indígenas. Esta ley representa una respuesta necesaria y humanitaria; nadie debe quedar al margen de la ley ni de la protección de sus derechos”, puntualizó el legislador.
El nuevo marco legal busca garantizar los derechos de las víctimas y crear un programa estatal de atención. En 2019, Oaxaca ocupó el segundo lugar nacional en número de personas en situación de desplazamiento forzado, con casos documentados en comunidades como Tierra Blanca Copala y San Juan Copala.
La aprobación de esta legislación fue reconocida por ACNUR México, agencia de la ONU para los Refugiados en México, al señalar que Oaxaca hace historia con la aprobación de la “Ley para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno en el estado”, la cual fue construida para incluir las propuestas de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
“Hoy se hace justicia con las víctimas para avanzar en la protección y restitución de sus derechos y para tipificar el delito de desplazamiento arbitrario. Agradecemos la confianza en ACNUR y otras agencias en acompañarles en su construcción tanto técnica como en territorio”, señaló el organismo.
En la Sesión Ordinaria de este 2 de septiembre, los diputados presentaron 6 Puntos de Acuerdo y 21 Iniciativas de Reforma en materia de salud, medio ambiente, cultura y gobernanza.
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